Cuando se levantó el llamado impuesto al sol (RDL 15/2018 de 5 de octubre), era previsible la controversia por el uso del suelo agrario. Una confrontación que previamente ya se había manifestado con la expansión de los agrocarburantes. Graziano de Silva (exdirector general de la FAO) advirtió de la necesidad de "pasar del debate de los alimentos contra combustibles a un debate sobre alimentos y combustibles". En todos los casos estamos hablando de energía del sol y de cómo utilizarla, ya sea para producir electricidad, para producir combustibles o para producir alimentos y otros productos de la bioeconomia. Pero, sin duda estamos hablando de la confrontación para el uso de un recurso cada vez más escaso: el suelo agrícola, un recurso natural esencial, crítico y no renovable a medio plazo.
Desde el punto de vista de la agricultura, las necesidades de este recurso no paran de aumentar para atender una población creciente y con dietas más exigentes. Según las Naciones Unidas, en 2050 habrá en la Tierra 9.772 millones de personas cuando cien años antes había 2.536 millones. En sentido contrario, técnicas productivas inadecuadas y el cambio climático están menguando la disponibilidad y la calidad de este recurso. En resumen, más necesitados y menos recursos, una ecuación difícil de resolver. Por ejemplo, desde 1960 la producción y consumo de cereales al mundo (el primer alimento de la humanidad) se ha multiplicado por 3,5. Para conseguir este incremento de la producción se han mejorado las variedades y las técnicas de producción pero también se han transformado bosques para convertirlos en suelo agrícola o pastos. Según la FAO, desde 1990 el mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque (55,6 veces la superficie de Catalunya), siendo la deforestación una de las causas relevantes de cambio climático. Evitar esta deforestación hace todavía más crítica la utilización óptima del suelo agrícola.
Pero, hay diferentes actores que reclaman este mismo recurso: la natura con toda su biodiversidad, la agricultura como base de la bioeconomia y los alimentos, las energías renovables, las infraestructuras, el urbanismo y el paisaje. Dar una buena salida a esta confluencia de demandas y de intereses no puede partir de la confrontación desde absolutos irrenunciables o de desprecios inconfesables. El camino para encontrar la ensambladura más adecuada parte del diálogo en base a datos objetivos sobre necesidades y potenciales para atenderlas, con una visión a largo plazo y, que forzosamente, obliga a compartir, optimizar recursos, priorizar y en algunos casos poner límites. En cualquier caso es un camino con renuncias.
"Utilizar superficies agrícolas en producción es absolutamente desaconsejable por razones estratégicas de autoabastacimiento alimentario"
En este contexto, dónde poner placas solares, pues? Por sentido común habrá que buscar las alternativas menos limitantes para las diferentes demandas. Por lo tanto, en primer lugar, hay que aprovechar las superficies que no crean ninguna incompatibilidad. Por ejemplo, en las azoteas de las ciudades (por cierto, en la Catalunya mediterránea, esto es un mucho mejor uso que vestirlas de verde con agua a coste de lujo), en las azoteas de los polígonos industriales, en espacios de las infraestructuras viarias, en terrenos baldíos o impracticables para la agricultura (que hay en abundancia), etc.
Por el contrario, utilizar superficies agrícolas en producción, (exceptuando secanos de muy baja rentabilidad), es absolutamente desaconsejable por razones estratégicas de autoabastecimiento alimentario. Esta limitación tiene todavía más sentido en relación a las superficies actuales o potenciales de regadío. Algunos datos son especialmente ilustrativos en relación a la realidad de Catalunya. Este es un país de montañas, el 50,5 % de su superficie tiene más de un 20% de pendiente, en consecuencia cuenta con una superficie cultivada muy inferior a las medias mundiales y europeas. En concreto, mientras que el mundo dispone de 0,21 ha/hab, cifra que de media es casi idéntica en Europa, Catalunya solamente dispone de 0,11 ha/hab. Como resultado hay una baja tasa de autoabastecimiento, ligeramente por encima del 40%. Ocupar tierras agrícolas para la energía fotovoltaica supondría una pérdida del imprescindible y ya menguado potencial agrícola. Llevaría a un incremento de las importaciones agrícolas y una mayor dependencia alimentaria.
He hecho especial énfasis en las áreas de regadío. Un ejemplo nos permitirá objetivar el tema: una hectárea de fruta fresca (con regadío eficiente) podría multiplicar por 30 el valor de la producción en relación a un campo de secano con producciones propias del secano. Del mismo modo, una hectárea de huerta en invernadero tecnológicamente avanzado podría multiplicar por 45 o más. Hay que saber también que el 70% de la producción agrícola catalana proviene del regadío. Estas tierras son, sin duda, un recurso estratégico clave para la solvencia económica y la soberanía alimentaria de Catalunya.
Ahora bien, no todo el mundo está de acuerdo. Veámoslo. En primer lugar, por lógica económica de rentabilidad y costes las empresas de energía fotovoltaica prefieren superficies planas y de fácil instalación. Y las tierras de regadío son normalmente planas. En segundo lugar, los agricultores se sienten tentados por ofertas económicas a largo plazo muy mejores que los rendimientos de sus tierras. La posible prohibición del uso de tierras de regadío para la energía fotovoltaica es contradicho por los agricultores afectados con argumentos de discriminación respecto a las tierras de secano, pero habría que recordar a los actuales que ellos previamente fueron beneficiados por el regadío en detrimento de los agricultores de secano. En tercer lugar, Catalunya no dispone de una sola voz en la gestión del territorio y esta carencia debilita y complexifica el marco jurídico desde donde tomar las decisiones sobre el uso del territorio. Y, en cuarto lugar, abunda la miopía estratégica de muchos de nuestros políticos que anteponen criterios electoralistas de corta mirada a las necesidades estratégicas del país. Para evitar "hacer enfadar a nadie" se acaban posponiendo las soluciones o concretando malas soluciones. Sólo así se explica que Catalunya esté en el vagón de cola de la energía eólica de España.
"Para evitar "hacer enfadar a nadie" se acaban posponiendo las soluciones o concretando malas soluciones. Sólo así se explica que Catalunya esté en el vagón de cola de la energía eólica de España"
Hay pero algunas sinergias entre espacio agrícola y energía fotovoltaica. En primer lugar sería una buena propuesta cubrir los canales de regadío con placas solares. Se trata de una superficie importante y a la vez evita pérdidas de agua por evaporación. Así mismo hay experiencias exitosas de energía fotovoltaica sobre el agua aprovechando las bases para el regadío. En cualquier caso ambas opciones no están exentas de condicionantes técnicos ni de costes añadidos, aun así son propuestas compatibles que suman. Finalmente, hay propuestas de compatibilizar fotovoltaica y agricultura, es la llamada "agrivoltaica". Las experiencias en terrenos altamente productivos pueden tener una función auxiliar, por ejemplo, para facilitar el bombeo de agua pero como opción generalizable aporta mucha complejidad que la hace desaconsejable. Pero sí que puede haber una buena coexistencia en terrenos de productividad mediana o baja destinados a la ganadería extensiva o a la apicultura, por ejemplo.
Para poner orden en este desconcierto desde el Departament de Agricultura se están definiendo los suelos por su "capacidad agrológica", se está hablando de ocho clases. A partir de aquí se piensa acotar qué clases y en qué condiciones podrán acoger instalaciones de plantas fotovoltaicas. Pero, en mi opinión, Catalunya no puede reducir su menguado potencial agrícola. Criterios de rentabilidad de las empresas instaladoras de placas solares o intereses particulares de los propietarios no pueden sobrepasar el objetivo estratégico de país de garantizar un buen autoabastecimiento alimentario. Es más, unos terrenos en regadío o con potencial o previsión para serlo, que han supuesto inversiones públicas recientes o históricas no pueden desviar su función productiva para un lucro privado. Aun así, hace falta que haya políticos que lo entiendan y que tengan la valentía para defenderlo. Nos jugamos el futuro de un recurso imprescindible.