Un año después de la aprobación de la Ley Rider, Uber Eats ha anunciado que pretende ignorarla. La plataforma de delivery filial de la conocida firma de VTCs ha enviado un mail interno a algunos de sus repartidores anunciando que, de acuerdo con una serie de "cambios en el funcionamiento" de la aplicación, podrán volver a operar como autónomos. La decisión de la tecnológica cuestiona uno de los grandes logros de los repartidores con la Ley Rider aprobada el 12 de agosto de 2021, la presunción de relación laboral que impedía considerarlos trabajadores por cuenta propia. El Ministerio de Trabajo ya ha anunciado, como avanzó ElDiario.es, que "será implacable contra cualquier incumplimiento" –una declaración celebrada por Comisiones Obreras, la principal central sindical mayoritaria en el sector– en un enfrentamiento contra el que los representantes de los trabajadores consideran el último ejemplo de "boicot empresarial" para tumbar los derechos de sus todavía empleados.
En una misiva enviada el pasado mes de marzo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, la directora general de Uber Eats alEstado Español Courtney Tims ya denunció que los incumplimientos de Glovo suponen una "ventaja competitiva" hacia compañías cómo la filial de Uber, que hizo "un gran esfuerzo en un tiempo récord" para cambiar su modelo de contratación. El anuncio de regreso al modelo de autónomos se ha producido semanas después de la admisión de una demanda interpuesta por Comisiones Obreras y UGT por ERE encubierto en la baja de 3.000 suyos trabajadores autónomos el agosto de 2021, cuando entró en vigor la ley rider.
Sanabria: "La Ley rider ha servido por laboralitzar mucho del personal que antes trabajaba como autónomo"
Si bien es cierto que la rama de delivery renunció al trabajo por cuenta ajena entre sus repartidores, fue uno de los ejemplos de transición hacia la subcontratación de los riders mediante ETTs o empresas externas de logística. Esta práctica, si bien no es de suyo ilegal, sí que podría estar fuera de la normativa en caso de que se conforme el conjunto de la plantilla con este modelo. Como confirma la responsable de Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Liliana Reyes, desde el mismo sindicato se han denunciado casos en que una empresa optara por subcontratar a todos sus empleados, un mecanismo que tendría que ponerse en marcha, explican desde los sindicatos, por picos puntuales de trabajo u otras eventualidades.
Desde las agrupaciones de trabajadores, las consideraciones sobre la ley son diversas. El colectivo RidersxDerechos, parte de la Intersindical Alternativa de Catalunya, critica en sus redes que "no puede valorar una ley que en ningún momento se ha aplicado". RidersxDerechos no ha respondido a la petición de declaraciones de este diario. Por su parte, desde Comisiones Obreras opinan que la ley ha tenido un impacto positivo sobre las condiciones de los riders, si bien "la velocidad y el alcance de la aplicación no se están dando según lo que se necesita". En un comunicado emitido este miércoles, la federación celebra casos como el de Glovo Groceries, que mediante un proceso vaguístic no solo están ya laboralitzats sino que han celebrado sus primeras elecciones sindicales y han elegido a sus representantes legales, una figura necesaria para muchas cuestiones relacionadas con la negociación colectiva.
Como explica el secretario de Políticas Sindicales y Negociación Colectiva de Comisiones, Esteban Sanabria, "la Ley rider ha servido por laboralitzar mucho del personal que antes trabajaba como autónomo". Sanabria niega, además, que la regularización del personal de las plataformas haya tenido un impacto económico negativo sobre las empresas. Si bien es cierto que algunas compañías han sufrido reducciones de actividad y han optado por recortar este personal, el sindicalista lo atribuye a "una burbuja por la pandemia" que con el regreso del ocio y la restauración ha estallado. Pocos meses después de la aprobación de la nueva ley, Deliveroo abandonó el mercado español, una decisión que el colectivo de riders explica por una falta de competitividad; a pesar de que antes de hacerlo laboralizó a todo su personal para dar acceso a las prestaciones y derechos con que cuenta cualquier trabajador por cuenta ajena.
Mucho camino para recorrer
"En adelante la idea es consolidar los procesos de laboralización", confirma Sanabria, que celebra la capacidad de la presunción de laboralidad para acelerar la acción colectiva de los trabajadores, cómo en el caso de Glovo Groceries, o el de Just Eat, donde empresa y sindicatos han pactado el primer convenio de empresa para riders del Estado –un acuerdo que el sindicato ha presentado en Bruselas para que sirva de guía para la elaboración de tratos similares en toda la Unión–. A pesar de que durante el mes de agosto se ha confirmado una sentencia contra Just Eat por cesión ilegal de trabajadores que los obliga a pagar una multa de más de 187.000 euros, el sindicato explica que se trata de un proceso anterior a la aprobación de la ley y a los acuerdos logrados con la empresa. El caso de Justo Eat es uno de los paradigmas de los problemas de la subcontratación: a pesar de que la empresa declaró el verano pasado tener todos sus trabajadores en nómina, lo cierto es que lo hacía mediante la compañía Fleet Delivery. Reyes explica, sin embargo, que el acuerdo cerrado con la compañía contemplaba la incorporación de los trabajadores del ETT directamente a la plantilla propia respecto de la actividad previa. En este caso, celebra la responsable, "no solo se consiguieron las contrataciones, sino también beneficios como protección social, cotizaciones, riesgos laborales...".
Concentración sindical ante la sede de Glovo para reclamar mejoras en las condiciones de sus repartidores | EP
Pese a los casos de éxito, Reyes lamenta que "todavía quedan muchos trabajadores al delivery que son falsos autónomos". Desde los sindicatos conceden que la aplicación de la norma no ha sido "de la noche a la mañana", y muchas empresas, como en el caso de la vertical de delivery de comida de Glovo, no se ha conseguido que se laboralice al personal. "La velocidad de aterrizaje no ha sido la mejor, todavía hace falta lucha, acompañamiento y denuncia", razona la secretaria de Nuevas Realidades, que extiende esta reclamación también a las empresas que optan por un modelo de subcontratación. La estrategia, explica, pasa porque "si se trabaja para una sola empresa, la plantilla esté en conjunto contratada por esta empresa".
Los sindicatos apuntan que la nueva norma ha activado también nuevas trampas, "fórmulas empresariales perversas" para buscar las formas de no reconocer a los riders sus derechos. Comisiones Obreras denuncia, por ejemplo,casos en que se obliga a los falsos autónomos a emitir facturas para el restaurante y para el cliente final del pedido, una treta que pretende "borrar la relación laboral para que los repartidores puedan continuar figurando como autónomos". "Muchas empresas están buscando brechas, boicoteando la ley", lamenta la representante sindical, que reclama más recursos para la inspección laboral para ayudar a solucionar este problema. Las normas en materia de derechos laborales aportan un armazón legal para el bienestar de los trabajadores frente a la precarización de las plataformas, pero una falta de fiscalización limita su utilidad. "Se tiene que dotar de más recursos a la inspección; necesitamos descubrir más casos, más sentencias y sanciones", reclama Reyes.
Organización contra el algoritmo
Sanabria apunta que uno de las grandes ventajas de la laboralización de los trabajadores a las plataformas de delivery es su nueva capacidad de organización y acción colectiva. En Barcelona ya se han establecido comités de empresa en Glovo Groceries, la vertical dedicada en el reparto de productos de supermercados, y en Getir, según informa el secretario. Contar con una representación legal, razona, sirve para registrar la actividad de la empresa, y comunicar las problemáticas que se pueden sufrir. El trabajo, así, pasa por "entrar a las empresas, garantizar la aplicación del estatuto de los trabajadores y, desde ahí, si se detectan irregularidades ponerlas en conocimiento de la inspección de trabajo".
Reyes: "Muchas empresas están buscando brechas para boicotear la ley rider"
A pesar de que los comités barceloneses son todavía muy jóvenes –el de Getir tiene solo unos días de vida, mientras que el de Glovo Groceries hace poco más de un mes que se ha constituido– la representación por sí misma cumple una serie de demandas, entre las cuales destaca la información sobre el algoritmo. El artículo 64 del estatuto de los trabajadores registra que estos tienen derechos a ser informado de los parámetros legales en que se basan los sistemas de IA que puedan incidir en las condiciones laborales –como es el caso del software de las plataformas–. Apunta, sin embargo, que son los representantes legales de los trabajadores los que podrán acceder a estos datos; por lo cual sin un comité de empresa activo, las compañías pueden mantenerlos ocultos. Aún así, critica Sanabria, "las empresas todavía no nos han facilitado esta información".
Si bien los objetivos más inmediatos pasan porque los trabajadores puedan tener acceso a la información del algoritmo, Reyes añade que el horizonte es más largo todavía. Como lamentan desde el sindicato, muchos de estos sistemas pueden llegar a ser profundamente insidiosos para los empleados, con penalizaciones de mecha muy corta que pueden afectar a su actividad laboral. En este sentido, la responsable de Nuevas Realidades reclama que los criterios de las plataformas se elaboren con "conocimiento y participación democrática; que la construcción del algoritmo esté dentro de la ley".
Más leyes riders
Más allá de las reclamaciones concretas para los trabajadores de las plataformas de delivery, los representantes de los trabajadores consideran la norma un punto de partida para la normalización del trabajo en plataformas a otros sectores. Así, Comisiones considera necesaria una "ampliación de la ley rider" que regule también la actividad otros colectivos, cómo las trabajadoras de plataformas de curas o de limpieza. Para Reyes, lograr una regulación que amplíe la presunción de laboralidad en todas estas empresas puede servir como cortafuegos para unas prácticas que "quieren precarizar todavía más lo que ya antes era precario". "Las trabajadoras de la limpieza están todo el día conectadas, y cuando aceptan una oferta tienen que rezar porque se los toque un buen cliente", espeta la responsable de Nuevas Realidades, que considera imprescindible una norma que proteja los derechos de los trabajadores en cualquier proceso de plataformització. "Queremos que estas empresas triunfen – concluye Reyes– pero nunca al coste de prácticas que mermen las condiciones de vida de la gente".