Se acaba de aprobar la primera ley de la nueva legislatura. Se trata del Fondo Agrario y Ganadero, dirigido al sector productivo más afectado por las recientes y sucesivas crisis. Es un apoyo adicional necesario para restablecer al sector de las dificultades sobrevenidas. Sin embargo, también representa un reconocimiento al esfuerzo y las dificultades de un sector que nos provee alimentos sin fallar jamás, haga sol o nieve, haya tormenta o una larga sequía.
Efectivamente, el siglo XXI ha llegado con fuertes tensiones en el ámbito alimentario. Desde 2006, hemos vivido cinco grandes crisis de precios de los alimentos: tres de ellas relacionadas directamente con el cambio climático, el gran protagonista del siglo XXI, además de la crisis de la covid-19 y la guerra en Ucrania. A esto se suma el conflicto en Gaza, con todas sus implicaciones regionales. Finalmente, sólo faltaba Siria. Todas estas crisis afectan gravemente el potencial alimentario y los sistemas de producción.
El cambio climático está aquí y, cada día, nos muestra nuevas formas de complicar nuestras dinámicas económicas y realidades medioambientales, especialmente en la producción de alimentos. En Cataluña tenemos una experiencia aguda con la rigurosa sequía que hemos vivido. Pero también, en solidaridad con Valencia, cabe mencionar el incremento de los riesgos climáticos.
Estas circunstancias nos alertan sobre nuestro bajo grado de autosuficiencia alimentaria. Somos un país de montañas y secanos. A las dificultades impuestas por el marco físico donde se desarrolla gran parte de nuestra agricultura, ahora se suman los compromisos necesarios para luchar contra el cambio climático y recuperar los equilibrios medioambientales. Cada día vemos más abandono de tierras en nuestros secanos y montañas. Esto debe detenerse. Es necesario sostener las unidades productivas, haciéndolas más resilientes mediante un apoyo específico justificado por las dificultades.
El cambio climático es aquí y cada día nos muestra nuevas formas de complicarnos nuestras dinámicas económicas y realidades medioambientales
Al mismo tiempo, una parte de nuestra agricultura es de regadío, lo que aporta una producción muy competitiva y productiva. El regadío es el interruptor que separa la viabilidad económica de la dificultad. Sin embargo, la sequía también ha afectado gravemente al regadío. Es urgente una modernización que permita avanzar en este ámbito.
Desde un punto de vista formal, la nueva ley contempla su viabilidad financiera a partir de un porcentaje de los ingresos fiscales de la energía de origen nuclear. Estos recursos, en una situación de dificultad, pueden requerir una redefinición de prioridades de forma justificada.
En resumen, la ley indica dos destinos de los fondos:
Complementar las ayudas estatales para mitigar el cambio climático en explotaciones agrarias y fomentar la diversificación agraria. Esto está plenamente justificado por la dificultad estructural de una parte importante de nuestra economía.
Sin embargo, dado que los recursos son limitados, sería oportuno restringir este apoyo a explotaciones de montaña o secano debido a sus dificultades específicas.
Por otro lado, el apoyo complementario por las ayudas de inversión en mejora y modernización de regadíos está plenamente justificado por la dificultad sobrevenida de la sequía, la cual hace más necesaria la modernización atendida la previsible disminución del recurso agua.
La persistencia de las organizaciones agrarias al aportar los datos de propietarios jubilados en vez de la gente que realmente trabaja al campo o a la granja es, en mi opinión, un error
El fondo se nutrirá, en parte, con ingresos provenientes del impuesto sobre actividades relacionadas con la producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica de origen nuclear. El porcentaje, a propuesta de ERC, se modificó durante el debate parlamentario, pasando del 20 % al 30% de los recursos provenientes de este impuesto.
Querría, no obstante, hacer notar que en la exposición de motivos la ley hace referencia a la edad de los titulares de las explotaciones de personas físicas y dice:
En cuanto a la edad de los titulares de las explotaciones de personas físicas, los mayores de 65 años representan el 56,03%, siendo especialmente preocupantes los datos respecto a la afectación de menores de 41 años, que solo representan el 12,00% del total. Y es que, precisamente, uno de los principales problemas que afronta el sector tiene que ver con el relevo generacional.
Si bien el texto es formalmente correcto al referirse a los titulares de las explotaciones (no a los ocupados agrarios), en realidad estos datos se basan en una desinformación que personalmente he expuesto en VIA Empresa. La persistencia de las organizaciones agrarias en aportar los datos de propietarios jubilados en lugar de las personas que realmente trabajan en el campo o en la granja es, en mi opinión, un error. Esta desinformación afecta seriamente la imagen del sector y dificulta la renovación generacional.
Pero que esta desinformación esté en el texto de una ley lo considero un error.