En las últimas semanas, en Catalunya se ha generado un intenso debate sobre la posible prórroga de los presupuestos de la Generalitat, una situación que puede tener repercusiones significativas en diversos ámbitos. Este artículo analiza algunas de las principales consecuencias.
Sin duda, la aprobación de los presupuestos es uno de los hitos más importantes para cualquier gobierno, ya que permite planificar y ejecutar las políticas públicas. En palabras de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía: "Un presupuesto no es solo un acto económico; es un acto moral, porque refleja las prioridades de una sociedad". A pesar de ello, cuando las dificultades políticas impiden su aprobación, se deben prorrogar las cuentas del ejercicio anterior.
Así es lo que puede pasar este año, tanto en Catalunya, como en Barcelona y en España. Esta situación conlleva diversas implicaciones que afectan la gestión de las finanzas públicas y la implementación de nuevas iniciativas. Desafortunadamente, en Catalunya este no es un tema nuevo, ya que llevamos más de quince años en los que las prórrogas presupuestarias han sido muy frecuentes. El presupuesto de 2023, por ejemplo, ya se prorrogó en 2024. Por lo tanto, si se vuelve a prorrogar, ya será el segundo año con el presupuesto de 2023.
De entrada, cuando un presupuesto no se aprueba en el plazo previsto, se prorrogan las partidas del año anterior. Esto significa que:
- Se mantienen los gastos corrientes, como los salarios de los funcionarios y las subvenciones para actividades de interés público con carácter permanente.
- No se pueden ampliar las plantillas ni aprobar nuevas ofertas públicas de empleo, a menos que se hayan previsto anteriormente.
- Aunque un presupuesto se pueda prorrogar, no todas sus partidas se prorrogan. Por ejemplo, las inversiones no se pueden mantener. Si en el presupuesto anterior se asignó una partida para construir una escuela, una vez finalizada la obra, esta partida se extingue y no se prorroga. En cambio, si se destinaban fondos al mantenimiento de esta escuela, este gasto sí que se puede prolongar.
- Asimismo, se pueden continuar ejecutando compromisos plurianuales iniciados en ejercicios anteriores. Por lo tanto, con un presupuesto prorrogado, en principio, no se pueden iniciar nuevos proyectos.
En este contexto, la ausencia de un nuevo presupuesto limita la capacidad de respuesta del gobierno ante nuevas prioridades o emergencias, ya que cualquier desviación debe ser aprobada mediante suplementos de crédito en el Parlamento, un proceso más lento y burocrático. Dado que la burocracia ya es un problema grave que venimos denunciando desde hace años, la prórroga presupuestaria aún lo empeora más.
La prórroga presupuestaria no supone una reducción inmediata de los recursos disponibles, pero sí que dificulta su ejecución. Las inversiones en infraestructuras, nuevos programas sociales o proyectos estratégicos pueden quedar en suspenso, afectando el crecimiento económico y la calidad de los servicios públicos. Además, la no aprobación del presupuesto puede generar incertidumbre en los mercados y en la inversión.
La ausencia de un nuevo presupuesto limita la capacidad de respuesta del gobierno ante nuevas prioridades o emergencias
En el caso de Catalunya, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha destacado que, a pesar de las dificultades que conlleva una prórroga presupuestaria, la Generalitat dispone de mecanismos para garantizar la continuidad de las políticas públicas esenciales. Así, según ha explicado en los últimos días, en el año 2025 se podrían incorporar hasta 4.000 millones de euros adicionales, fruto de la mejor recaudación, mediante suplementos de crédito aprobados. Esto se hace a través de un decreto ley que aprueba el Govern y que posteriormente debe ser aprobado por el Parlamento por mayoría absoluta. Por otro lado, y en relación con la vivienda, uno de los temas más sensibles actualmente, la consejera Romero ha subrayado que "haya presupuestos o no, garantizaremos los recursos necesarios para las políticas de vivienda". Asimismo, ha recordado que el Institut Català de Finances (ICF) ya ha aprobado su presupuesto, lo que permite mantener parte del financiamiento de estas iniciativas. Dicho esto, creo que un escenario posible es que el presupuesto se acabe aprobando, como también puede pasar tanto en el Ayuntamiento de Barcelona.
En definitiva, la prórroga de un presupuesto no implica la paralización del gobierno, pero sí que perjudica la credibilidad de los partidos políticos, dificulta la gestión y genera una mayor burocracia para llevar adelante nuevas iniciativas. Por ello, es fundamental que los partidos políticos encuentren fórmulas de consenso que permitan superar las dificultades. Prorrogar un presupuesto, en un mundo en el que todo va muy rápido, nos hace perder oportunidades.