El Estado ha recortado en 86 millones de euros los fondos para políticas activas de empleo que recibirá Catalunya en 2020, puesto que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha rebajado el peso relativo de los recursos distribuidos a las comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, el Estado aportará este año 302,5 millones de euros pese a la sacudida que ha sufrido el mercado laboral a raíz de la crisis provocada por el coronavirus. Esto supone un 22,14% menos que los 388,5 millones del año pasado.
"No comprendemos esta decisión y nos parece del todo injustificada. Pasar las tijeras a los recursos que las administraciones destinamos a las personas trabajadoras y las empresas en un contexto laboral tan complicado como el actual es intolerable", ha manifestado el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani.
El jefe del Departamento ha asegurado que "no comparte" los criterios que han llevado a esta decisión y ha recordado que Catalunya es el territorio del Estado donde se han presentado más expedientes de regulación del empleo. Además, ha mostrado su preocupación por el "castigo adicional" que sufren los trabajadores. El Gobierno ha denunciado que Catalunya se ha visto perjudicada por un "doble recorte", puesto que se han modificado los criterios objetivos de distribución vigentes con una reducción de los porcentajes que le correspondían por los bloques de formación del 20%.
En la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales del Estado, el Govern también ha manifestado su desacuerdo por la "falta de respuesta" a la necesidad de estabilizar los planteles de orientadores de los servicios públicos de empleo. Es decir, se siguen manteniendo mediante programas y con poca estabilidad laboral a los profesionales que se ocupan de orientar a las personas que buscan trabajo y no se puede avanzar en la negociación por su incorporación de forma estable.
En la reunión se ha abordado el Plan Anual de Política de Empleo para 2020 que ejecutará tanto el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como las diferentes comunidades autónomas. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha asegurado que un grupo específico se ha encargado de reformular el plan para "adaptarlo" al nuevo contexto después de la irrupción de la covid-19. En total, el Estado distribuirá cerca de 895 millones de euros a las comunidades autónomas, que irán destinados a planes de formación, ocupación y modernización. La mayor parte de los fondos, alrededor de 494 millones, irán dirigidos a trabajadores parados.
"Es clave poner todos los recursos económicos, técnicos y humanos en la creación y mejora del empleo, que no sólo constituye un paso esencial en la lucha contra la crisis derivada de la pandemia, sino que es una pieza básica en la estrategia de transformación de los territorios", ha manifestado la ministra, Yolanda Díaz.