Tal y como definió Roger Gaspaen estas páginas, los precios se han encontrado con una tormenta perfecta. Un shock de oferta desde diferentes vectores: Covid, guerra en Ucrania -un destacado granero del mundo- con riesgos de distribución de la producción y riesgos de la propia producción, incremento del coste de la energía en un mercado afectado por los condicionantes de la oferta de Rusia como gran proveedor de Europa (40% del gas, 4% del carbón, 26% del petróleo), y con el de los precios de los fertilizantes, además sequía y fenómenos climáticos extremos, desviación de la oferta alimentaria a la producción de agrocarburantes, bloqueo de exportaciones de azúcar de la India, ... Como resultado existe una inflación interanual del 15,3% para los alimentos y bebidas no alcohólicas en noviembre 2022, una inflación desconocida en los últimos veinte años.
El incremento de precios de los alimentos afecta directa y seriamente a los frágiles equilibrios sociales al incidir sobre un consumo crítico de la población. De ahí que moderar en lo posible esta inflación se convierte en una prioridad de los gobiernos y, concretamente, del Gobierno de España. Sin embargo, hasta llegar a las medidas aprobadas esta semana se han realizado algunas propuestas que, en mi opinión, han sido desacertadas. Por el contrario, las propuestas realmente aprobadas parecen orientarse en la buena dirección.
Poner un tope a los precios de los alimentos derivaría en una presión añadida y critica sobre el sector primario y el pequeño comercio
En primer lugar se habló de “topar los precios” en una propuesta mimética al tope de los precios de la energía, donde las compañías eléctricas habían obtenido efectivamente unos beneficios exagerados “caídos del cielo”. Al respecto ya se manifestó el Colegio de Economistas que lo consideró "ni viable, ni recomendable". La propuesta partía de un serio desconocimiento de la realidad de los mercados alimentarios altamente competitivos a nivel de las grandes distribuidoras, cuyos beneficios provienen de la presión sobre los eslabones inferiores de la cadena desde su superior capacidad de negociación. “Topar” los precios de los alimentos derivaría en una presión añadida y critica sobre los eslabones inferiores y, especialmente, hacia el sector primario y dificultaría la competitividad del pequeño comercio. Por el contrario, las soluciones en este aspecto pasan por la restauración de los equilibrios de la cadena, tal y como se orienta, con todas sus posibles insuficiencias, la Ley de la Cadena Alimentaria.
Un impuesto sobre las ganancias de las grandes superficies comportaría un incremento inmediato de los precios de los alimentos
Una segunda propuesta de la que se ha hablado ha sido la de aplicar un impuesto sobre las ganancias de las grandes superficies. Al margen de la dificultad de definir qué es y no una gran superficie. La propuesta comportaría de inmediato un incremento de precios de los alimentos, objetivo contrario al propósito del impuesto. A menos que se acompañara de medidas de control directa sobre los precios, algo que se parecería bastante a la fijación de precios públicos con todas las consecuencias disruptivas que suele acompañar a este tipo de medida.
La solución adoptada finalmente se resume en:
1. Eliminación del IVA para los alimentos de primera necesidad (pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) que pasa del 4% al 0%. Complementariamente, reducción del IVA del 10% al 5% para el aceite y la pasta. El objetivo es moderar el precio del consumidor reduciendo su IVA sin afectar al precio de mercado. Un coste que asume el Estado, beneficiario en los últimos meses de la sobre recaudación por el efecto de la inflación. Esta medida de rebajar el IVA había sido ampliamente demandada por diferentes actores del sistema agroalimentario. Se excluyó la carne y pescado, productos caros y claves para una alimentación dietéticamente completa
2. Ayuda de 200€ para 4,2 millones de familias con rentas anuales hasta 27.000 euros. Una medida directa en forma de “cheque alimentario” a la población más vulnerable y, por tanto, más afectada
3. Apoyo a los agricultores con el fin de moderar los incrementos de costes en fertilizantes y evitar así caídas de la producción.
4. Ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasoil agrario y pesquero
Sobre las opciones establecidas siempre podrá discutirse sobre la magnitud más o menos suficiente de las medidas tomadas. Sin embargo, en términos conceptuales, todas ellas parecen bien orientadas. En tanto que no afectan a las dinámicas de los mercados sino que se dirigen a reducción de costes y de impuestos, algo que debe redundar en una reducción de los precios de los alimentos. Por esa razón no parece que las medidas adoptadas deban provocar tensiones sobrevenidas sino justo lo contrario. En cualquier caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se propone vigilar la correcta aplicación de la reducción impositiva sobre los productos básicos en sus cuatro objetivos.