La pobreza y la exclusión social continúan siendo desafíos persistentes en España. A pesar de los avances en términos económicos y sociales, una parte significativa de la población se encuentra atrapada en situaciones de vulnerabilidad. La falta de ocupación digna, los bajos salarios, la precariedad laboral y la falta de acceso a servicios básicos son algunos de los factores que contribuyen a esta problemática.
Según los datos de Eurostat, el país ocupa el tercer lugar en Europa, junto con Grecia, en términos de población en riesgo de exclusión social o pobreza, con un preocupante 26%. A pesar de una disminución en las tasas de desocupación, que actualmente se encuentran en un mínimo histórico del 12,7%, continúan siendo un 6,7% más altas que la media de la Unión Europea. Hay que abordar estos desafíos y buscar soluciones efectivas para apoyar a
los vulnerables.
Hay tantas propuestas de ayudas y reformas para hacer frente a esta problemática como se puedan imaginar, pero la más ancha, generosa, automática e imparcial para la redistribución de los recursos es la renta básica: una transferencia estatal de recursos con un carácter universal e incondicional. Todos los ciudadanos serían beneficiarios, independientemente de sus circunstancias particulares.
Es probable que los estados de bienestar acaben adoptando algún tipo de renta básica a medio y largo plazo
Aunque actualmente ningún país del mundo haya implementado la renta básica, la propuesta de una Renta Básica Universal (RBU) ha ganado prominencia tanto en el ámbito académico como en la discusión pública. Es probable que los estados de bienestar acaben adoptando algún tipo de renta básica a medio y largo plazo para proporcionar apoyo económico en toda su población.
El recorrido de la propuesta en el Estado
En el pasado, Podemos propuso la implantación de una renta básica europea, y aunque su proyecto no llegó a prosperar, contribuyó a popularizar la idea y a obtener un gran apoyo. De manera similar, Ciudadanos propuso un esquema de créditos fiscales con ciertas similitudes con la renta básica.
Una de las propuestas más destacadas en el ámbito académico es la del economista catalán, y profesor de la Universitat de Barcelona, Daniel Raventós, quien defiende que la cuantía de la RBU tiene que cubrir como mínimo el umbral de pobreza, el cual equivaldría al 60% de la media de la renta disponible equivalente, es decir, 9.009 euros anuales por persona. Esta propuesta tiene como objetivo proporcionar seguridad económica y libertad a los beneficiarios, permitiéndoles cubrir sus necesidades básicas sin tener que aceptar trabajos precarios y mal remunerados.
Con este idea, recientemente, en Catalunya se diseñó un plan piloto para evaluar sus posibles impactos. Este plan preveía la participación de unas 10.000 personas que recibirían pagos mensuales de 800 euros por adulto y 300 euros por menor durante 24 meses. A pesar de ser considerado "pionero" a nivel mundial, fue rechazado en los últimos presupuestos aprobados a causa de preocupaciones sobre su coste y viabilidad.
El plan piloto fue rechazado en los últimos presupuestos aprobados a causa de preocupaciones sobre su coste y viabilidad
Según las estimaciones de los partidos que se opusieron, la aplicación de la RBU en toda la población catalana supondría un coste de entre 50.000 y 65.000 millones de euros, superando los recursos financieros disponibles para la Generalitat. Esto ha llevado algunos partidos políticos a argumentar que su implementación sería inviable dada la limitada disponibilidad de financiación.
Los costes reales
La cuestión de este asunto radica, como ha comentado Scott Santens, defensor destacado de la RBU, en más de una ocasión, en que el coste de la RBU es un coste neto, no su coste bruto. La comprensión del coste de una Renta Básica Universal va más allá de simplemente multiplicar la cantidad de la RBU por el número de receptores. En una RBU, todos reciben una asignación monetaria y todos contribuyen con una cantidad de dinero, lo que permite su implementación sin necesidad de reformas presupuestarias o cambios en los impuestos existentes. Esto quiere decir que el coste neto de la RBU puede ser diferente a su coste bruto.
Hay que tener en cuenta también que la implementación de una RBU probablemente requeriría la aprobación de nuevos impuestos para financiarla. Por lo tanto, el coste de la RBU no solo incluye la asignación monetaria, sino también las reformas fiscales asociadas.
Calcular el coste real de una RBU presenta desafíos prácticos, puesto que requiere conocer los ingresos y los aumentos de impuestos para cada individuo, lo que implica hacer aproximaciones en lugar de obtener un valor concreto y absoluto. Según las estimaciones de Santens, sería más realista situar el probable coste de una RBU entre una décima parte y dos tercios de lo que la mayoría de personas piensa.
Sería más realista situar el probable coste de una RBU entre una décima parte y dos tercios de lo que la mayoría de personas piensa
Es importante destacar que este cálculo no tiene en cuenta los posibles ahorros en otros ámbitos. Se considera que las personas con una RBU tendrían mejor salud y requerirían menos gastos médicos. También se espera una disminución de la delincuencia y, por lo tanto, menos gastos en prisiones. Además, la RBU eliminaría la necesidad de programas de asistencia y deducciones fiscales existentes en su forma actual.
¿Habrá algún valiente?
La evidencia disponible sobre los posibles impactos de una RBU en países desarrollados es incompleta. A pesar de que se han realizado algunas evaluaciones, ninguno ha podido evaluar una política que se pueda definir como una RBU real. Estos estudios se han basado en transferencias que distan mucho de ser básicas, que no son estables o que están condicionadas. Además, solo se han evaluado sus efectos individuales, dejando de lado los efectos agregados que dependen de la universalidad de la RBU y de los cambios en el sistema fiscal y el estado de bienestar que acompañen su implementación.
A pesar de los desafíos financieros y las preocupaciones sobre la viabilidad, es innegable que la RBU presenta ventajas significativas en comparación con otras prestaciones públicas de protección social. Potencialmente podría beneficiar en toda la población, proporcionando seguridad económica y libertad a los beneficiarios, y podría ser implementada de manera relativamente rápida y sencilla en comparación con otros sistemas condicionados. Sin embargo, la puesta en marcha de una propuesta así no está exenta de cuestionamientos ni de riesgos importantes a sopesar. Éticos, morales, económicos y políticos.