El empresariat catalán se ha vuelto a sublevar contra la injusticia de la tarifa eléctrica (con "ayudas de la Sido" incluidas). Un golpe más. "Es una tarifa política que discrimina territorios, se está haciendo política de gobierno y no política de energía", ha denunciado el secretario general de la Cecot, David Garrofé, a VÍA Emprendida. La situación eléctrica se ha tensionat y es que al pacto entre PP y PNB de hace un año que perjudicaba en Cataluña, se suma ahora una denuncia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) al gobierno español por "vulneración de competencias en la fijación de los precios de peaje eléctrico". Una nueva prueba sobre "el uso político de la energía" que ya circula en forma de denuncia por el corazón de Europa.
El pasado mes de noviembre de 2017, un total de 10 patronales catalanas capitanejades por la Cecot y con más de 50.000 empresas detrás interpusieron una denuncia conjunta ante la dirección general de la Competencia de la Comisión Europea (CE). Los motivos? Defendían que el acuerdo político para salir adelante los presupuestos "agravaba la desigualdad territorial" dentro del conjunto de España. "No se puede hacer una política energética comprando votos", recuerda Garrofé.
Garrofé: "No se puede hacer una política energética comprando votos"
Ahora, las organizaciones empresariales catalanas se han vuelto a dirigir a la CE. Más motivos? Piden incluir en el expediente de investigación tanto la denuncia del organismo independiente al ejecutivo central como también la nueva partida de los presupuestos generales que incluye una transferencia de 40 millones de euros a la CNMC para "compensar" la reducción de ingresos en el sistema eléctrico debido a la eliminación del peaje 6.1B.
Según apuntan a la denuncia, esta última reforma podría suponer un ahorro económico de 50 millones de euros anuales para 790 empresas del País Vasco que pasan a pagar menos después de ser englobadas dentro de las tensiones de entre 30kW y 36kW de la tarifa 6.2. Mientras tanto, en Cataluña la red de 30kW no existe. Según el secretario general de la Cecot, "ha sido un subsidio directo a un tipo de consumo no justificado, no tiene ninguna razón de ser porque el cable, la remuneración, la sección y la inversión son los mismos".
La lista de organizaciones firmantes es amplia: AEPCRO-Asociación de empresas y Propietarios de Can Roqueta, Cecot, CEDAC-Consejo de empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña, Centro Metalúrgico, Confederación Catalana de la Madera, Federación Empresarial del Metal, Gremio de Talleres de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios de Sabadell y Provincia de Barcelona, el Instituto Industrial Textil, RETAILcat-Unión de empresas del Retail en Cataluña y la Unión Empresarial Metalúrgica.
Una "Ayuda de Estado" en el País Vasco
"La situación actual, agravada con esta reforma, comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinadas regiones del Estado español y, por lo tanto, los efectos de la medida son selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a todo el territorio comunitario", se critica en el comunicado de la denuncia conjunta.
Con los datos en la mano, la nueva reforma implica un abaratamiento de la tarifa eléctrica en el tramo intermedio de tensión de entre 30 y 36 kW que "sólo beneficia 1.250 empresas de las 5.800 compañías afectadas". Además, las empresas no pueden escoger su tarifa, puesto que se tienen que adaptar a la tensión de la red de distribución que hay en cada zona en función de la eléctrica que opera y que ha construido la infraestructura.
Garrofé: "No se puede sacar el regulador del medio"
"El gobierno español hace los costes energéticos cómo quiere y subvenciona las tarifas que quiere, a pesar de que esto está impugnado por la CNMC. No se puede sacar el regulador del medio", espeta Garrofé.
Cataluña, la grande perjudicada
Cataluña es la grande perjudicada con 3.277 de las 4.450 empresas que no se benefician de esta reducción tarifaria. Desde la distancia, la siguen Aragón y Extremadura. Los peores augurios cobran cada vez más fuerza y todo parece indicar, según las patronales, que se trata más "de un pacto político" que no "de un criterio técnico que avale la distinción tarifaria". Los presupuestos generales del Estado por el 2018 son "la última prueba".
El agravio se hace todavía más cuando la energía no es sólo una cuestión de energía, sino que también afecta los sectores de distribución, textil, metalurgia, química, madera o industria, entre muchos otros. Según el secretario general de la Cecot, "el impacto es transversal y las empresas catalanas no entienden por qué tienen que pagar más que el resto si el sistema se remunera igual". Se estima que el sobrecost para la industria es de 300 millones por año.
Cataluña es la grande perjudicada con 3.277 de las 4.450 empresas que no se benefician de la reducción tarifaria
"La discriminación territorial" no es nueva pero va in crescendo: "Desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas tienen que soportar en su actividad industrial, debido de fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica... No sólo no se ha procurado corregir esta desigualdad sino que ahora la nueva reforma, lejos de igualar las condiciones en que las empresas tienen que competir, agrava todavía más esta desigualdad existente".
Y todo ello, sin ninguna "medida correctora" del gobierno español. Así pues, Garrofé tiene muy claro que se tendría que corregir la tarifa y hacer "una revisión integral" del sistema de cálculo de costes del sistema energético sin "cargas ni compromisos políticos". A guisa de ejemplo, dentro de esta partida se encuentra "el sobrecost del carbón de Asturias que es carísimo". "Es un melón que el gobierno central no ha querido abrir", concluye.