El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con los sindicatos CCOO y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme que las personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales, los llamados riders, no son trabajadores autónomos, en linea con la doctrina emitida por el Tribunal Supremo. "Se reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta tarea mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital", se explica en el comunicado conjunto que han hecho el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los actores sociales.
Otro extremo del pacto establece que la representación legal de los trabajadores tendrá que ser informada de las reglas en que se basan los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden afectar las condiciones laborales por las cuales se rigen las plataformas, incluidos el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
La asociación Apra, contraria a la regularización, considera "inadmisible" y "una vergüenza" el hecho de que la ley se haya acordado sin su participación. En este sentido recuerda que ha pedido reuniones hasta once veces y han salido tres a la calle para expresar su disconformidad. La entidad acusa el Ministerio de Trabajo de tratarlos como "niños que no saben el que quieren" y alerta de que la ley "dejará muchos repartidores sin trabajo", como por ejemplo a los que son verdaderos autónomos y tienen a otros clientes, los que combinan el reparto con otros proyectos o con la familia, los que han utilizado esta vía para entrar al mercado laboral o los que acaban de llegar al país "y tienen muchas puertas cerradas".
De su lado, la plataforma Riders miedo Derechos, favorable a que los riders sean trabajadores asalariados, tampoco ha celebrado una ley de un gobierno que "ha cedido en absolutamente todo el que le ha pedido la patronal".