El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes 12 medidas con las que frenar la escalada de precios de la vivienda en el Estado. Entre ellas se incluye una modificación legal para establecer una exención fiscal del 100% del IRPF a propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia. También una aplicación del IVA a pisos turísticos en zonas tensionadas, el endurecimiento de los impuestos para la compra de viviendas por parte de extracomunitarios no residentes, y la creación de un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos que participen en el sistema de alquiler asequible.
Esta no es la primera medida que Sánchez propone en lo que respecta a la vivienda. Durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y después de las generales ya adelantó que construiría miles de viviendas sociales e impulsaría el alquiler asequible, pero la escalada de precios de la venta de pisos de segunda mano continuó inalterable en 2024 (7,1%). Por eso, el ejecutivo estatal busca fórmulas para revertir la situación.
Este lunes, el presidente español ha comparecido en el foro Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar, acompañado de la plana mayor de su gobierno, representantes del sector de la construcción y agentes sociales para presentar las líneas maestras de un plan que toma como referentes casos como el de Dinamarca y Canadá.
"Más vivienda protegida"
Sánchez ha dividido los objetivos del plan en tres ejes: "Más vivienda, mejor regulación y ayudas más importantes". Más vivienda, según el presidente español, significa crear "más vivienda protegida". Por eso, la primera medida es la transferencia de más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recientemente creada empresa pública de vivienda. Estos dos millones de metros cuadrados, según Sánchez, se utilizarán para construir "miles y miles de viviendas protegidas para alquiler asequible, fundamentalmente para jóvenes". Al mismo tiempo, también ha anunciado que a lo largo del primer semestre de 2025 la empresa pública de vivienda comenzará a incorporar los más de 30.000 viviendas de la Sareb, 13.000 de las cuales de forma inmediata.
La vivienda tendrá un plan PERTE muy similar al de los automóviles, pero centrado en la construcción; su sede será en Valencia
El segundo punto es la creación de un mecanismo legal para que la empresa pública de vivienda "tenga prioridad en la compra de vivienda y de suelo". El tercero, una reforma legal para garantizar que toda vivienda construida por la administración general del Estado "mantenga definitivamente la titularidad pública", de manera que lo que se construya o rehabilite con dinero público "continué siendo siempre de los españoles y españolas" y "no acabe en manos de fondos buitre y grandes especuladores".
El cuarto punto es la creación de un plan PERTE similar al de los automóviles, pero centrado en la construcción de viviendas. Tendrá sede en la provincia de Valencia, y según el presidente español servirá para "modernizar e innovar en el sector de la construcción y su industrialización", especialmente en la construcción modular para poder construir casas "con menos tiempo y costos".
Tres propuestas "sin precedentes"
Por otro lado, Sánchez ha afirmado que el plan incluye también tres medidas sin precedentes. Así, el quinto punto es la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán a los propietarios y los inquilinos que participen del alquiler asequible. La administración del Estado "pondrá el dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos puedan alquilar y los propietarios lo hagan con garantías y sin asumir riesgos". Un sistema que "se ha probado con éxito en España" y que comenzará este año con los propietarios que alquilen a menores de 35 años.
El sexto punto es un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible. Hasta ahora el Estado cofinanciaba a propietarios que reformaban los pisos para ganar eficiencia energética. A partir de 2025 se añade un programa de ayudas para las personas que reformen una casa para ponerla en alquiler asequible durante como mínimo cinco años.
Sánchez: "Sobran Airbnb y faltan viviendas"
El séptimo, y también nuevo, es la decisión de someter al Congreso de los Diputados la aprobación de una exención fiscal del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los propietarios que alquilen su vivienda según los precios del índice de referencia, aunque no se encuentren en zonas tensionadas. El octavo también busca llevar al Congreso una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen "como un negocio" y, por tanto, se les aplique el IVA "en las zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o saturación turística. Según el presidente español "sobran Airbnb y faltan viviendas".
El noveno punto es una reforma del régimen de ventajas fiscales para las socimis para que las ventajas fiscales sólo se apliquen a la promoción de vivienda de alquiler asequible. Según el presidente español se trata de poner fin a la "injusticia" de que estas sociedades paguen menos impuestos que los ciudadanos cuando compran una vivienda.
Limitación de compra de viviendas para extranjeros
El décimo es la limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. El ejecutivo incrementará la carga fiscal que deberán pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. "Una medida inédita en la historia de nuestro país que ya se aplica en otras democracias como Dinamarca y Canadá, y que es muy adecuada en la situación de emergencia residencial". Sánchez ha recordado que en 2023 no residentes compraron 27.000 viviendas en el Estado principalmente para especular.
El undécimo punto es un endurecimiento de la regulación que persigue el fraude de los alquileres de temporada y la creación de un fondo para que los gobiernos municipales y autonómicos puedan reforzar las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos de la vivienda. Y el duodécimo y último es el nuevo plan estatal de vivienda, que entrará en vigor en 2026 y que aumentará los planes de ayuda para el acceso a la vivienda y prestará "especial atención" a los jóvenes, ancianos y personas con discapacidad. "El gobierno está comprometido y pondrá todo lo que esté a nuestro alcance para que la vivienda sea accesible", ha rematado.