El portavoz del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès, ha anunciado que la huelga del pago de los alquileres se pone en marcha: “Empieza la ya anunciada revuelta de las llaves”. Así lo ha dicho en una rueda de prensa, en la que se ha detallado que en pisos de Salou y el Vendrell ya se han dejado de pagar dos meses y en Sentmenat (Vallès Occidental) se espera que la huelga comience el 1 de marzo de 2025. Ambos bloques, según ha precisado, son propiedad de Immo Criteria. Aragonès ha justificado la huelga por, entre otras razones, las “cláusulas abusivas” en vivienda de protección oficial (VPO). El portavoz ha puesto el acento en el hecho de que son “los primeros pasos de un movimiento huelguista” tras la manifestación del 23 de noviembre en Barcelona.
En el caso de Salou son 23 pisos de un inmueble con 80 (la mitad están vacíos) que llevan dos meses sin pagar, lo que supone el 62% de los inquilinos (hay 37). Una de las vecinas de la promoción, Kika Aguilera, lo ha argumentado por el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) “durante todos estos años”, que ha concretado que ha abonado los últimos siete, “pero hay vecinos que llevan más tiempo”. Aguilera ha explicado que después de cuatro años de lucha “se ha conseguido que el Incasòl haya comprado” el bloque y espera que “haga contrato” a los inquilinos. La vecina ha precisado que el edificio es sostenible, aunque “nunca se ha activado nada” en este sentido, como placas fotovoltaicas en la parte superior.
El portavoz ha puesto el acento en el hecho de que son “los primeros pasos de un movimiento huelguista” tras la manifestación del 23 de noviembre en Barcelona
Por otra parte, un grupo de seis familias de una finca del Vendrell se ha sumado a la huelga, también por el cobro del IBI. Aragonès ha calculado que esta suspensión suma un total de unos 20.000 euros y ha recordado que hay sentencias del Tribunal Supremo que declaran “ilegal” el pago de esta tasa a cargo del inquilino en vivienda protegida.
En cuanto a las promociones de Sentmenat (147 pisos, algunos de los cuales están vacíos), una de las afectadas, Marta Carrillo, ha dicho que llevan “años de acoso inmobiliario en forma de precios abusivos, falta de mantenimiento de los edificios y más de 16 cláusulas abusivas” en contratos con personas que “cumplen los requisitos de VPO”. Carrillo ha señalado que “todas las vecinas están en riesgo de desahucio”. Por este motivo, ha añadido, se ha decidido hacer “un registro de huelguistas” para alcanzar un 25% de los arrendatarios que lo apoyen y se pueda hacer a partir del 1 de marzo.
Marta Carrillo ha dicho que llevan “años de acoso inmobiliario en forma de precios abusivos, falta de mantenimiento de los edificios y más de 16 cláusulas abusivas”
El portavoz del Sindicato de Inquilinas ha exigido que el Incasòl compre la totalidad de las 38 promociones de Immo Criteria que están en riesgo de “perder la calificación de VPO” y así la Generalitat “se asegure la incorporación de vivienda al parque público”. Se trata de unos inmuebles que se construyeron entre 2002 y 2011 en una colaboración público-privada y que inicialmente eran propiedad de La Caixa, ha concretado, pero bajo régimen de VPO. Una calificación que, según ha indicado Aragonès, tenía dos fases: en una primera (entre 10 y 20 años) se debía alquilar a personas que cumplían los requisitos de vivienda social y en una segunda, “se liberaba” con diversos precios y también se podía comprar el piso.
En esta línea, el portavoz de la plataforma ha criticado que “en las últimas semanas” se hayan hecho anuncios de los gobiernos catalán y español y del Ayuntamiento de Barcelona sobre VPO, pero “no se conocen los detalles”. Aun así, ha defendido que “parecen dibujar un modelo de VPO concertada, que solo ha garantizado el lucro privado con fondos públicos”.