La burocracia es un ámbito de nuestro país que siempre sigue siendo de actualidad. Por ejemplo, los agricultores han vuelto a advertir que ninguna de sus demandas ha sido resuelta o que la burocracia ha impedido aprovechar plenamente el potencial de financiación de los Fondos Next Generation, entre otros casos. De hecho, la excesiva burocracia se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la competitividad empresarial, la inversión y el crecimiento económico. El problema no se limita a situaciones concretas, como los retrasos en las subvenciones para placas solares o las licencias de obras, sino que afecta a toda nuestra estructura productiva. Esta realidad impacta directamente en el PIB, reduce la capacidad de innovación y frena el progreso económico del país.
Según datos de la Cambra de Comerç de Barcelona, las empresas catalanas dedican hasta el 15% de su tiempo a gestiones administrativas. Este lastre supone una pérdida de productividad que las resta competitividad en un mercado global. A nivel estatal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que el exceso de burocracia podría estar costando hasta un 4% del PIB.
Las empresas catalanas dedican hasta el 15% de su tiempo a la gestión de trámites administrativos
Las consecuencias son evidentes: se frena la inversión, se desincentiva la creación de nuevas empresas y se limita el crecimiento de las ya existentes. Esta situación implica una pérdida constante de tiempo y recursos para ciudadanos y profesionales. La complejidad normativa y la ineficiencia administrativa generan retrasos innecesarios que afectan a todos los sectores, especialmente a aquellos estratégicos para el futuro del país.
A continuación, las tres principales causas de la maraña burocrática:
1. Procesos administrativos anticuados: Muchos trámites siguen siendo analógicos, con duplicidades y cuellos de botella que no se han revisado en años. A menudo, se han acumulado nuevas normas y trámites sin eliminar los obsoletos.
2. Falta de flexibilidad en recursos humanos y técnicos: Las administraciones no cuentan con suficiente personal ni tecnología para gestionar grandes volúmenes de solicitudes. La rigidez impide reasignar recursos hacia tareas prioritarias, y el funcionariado prioriza garantizar el proceso administrativo más que ofrecer soluciones eficaces al ciudadano o a las empresas.
3. Normativa compleja y excesiva: La sobrecarga reguladora genera inseguridad jurídica y retrasos administrativos, en detrimento del desarrollo económico. Se ha priorizado garantizar el proceso por encima del servicio al ciudadano.
Por este motivo, es imprescindible emprender acciones decididas para transformar esta realidad. Entre las posibles soluciones, cabe destacar cinco ámbitos:
- Reingeniería de los procesos administrativos: Simplificar trámites, eliminar los innecesarios y aplicar metodologías innovadoras como el design thinking para optimizar procesos.
- Digitalización y automatización: Adoptar plataformas digitales intuitivas e inspirarse en modelos internacionales de éxito. La inteligencia artificial (IA) podría revolucionar sectores regulados, pero hasta ahora sus aplicaciones han sido escasas y poco transformadoras.
- Gestión del talento y formación: Es necesario orientar al funcionariado hacia un enfoque centrado en el servicio al ciudadano y en la resolución de problemas. Paralelamente, se deberían contratar profesionales con habilidades digitales y adaptadas a los retos del siglo XXI.
- Colaboración público-privada: Integrar empresas tecnológicas para desarrollar soluciones basadas en IA que prioricen expedientes, así como impulsar modelos de innovación conjunta mediante ventures.
- Eliminación de trámites obsoletos: Revisar profundamente los procedimientos administrativos y sustituir, cuando sea posible, licencias por declaraciones responsables, facilitando así proyectos sin trabas innecesarias.
Una apuesta decidida por una modernización de la administración
Si Catalunya lograra reducir la burocracia en un 20%, la productividad empresarial podría incrementarse en un 2-3% anual. Además, el informe del Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració (FERA) subraya la necesidad de una modernización administrativa que cuente con la implicación activa de la sociedad civil y de los agentes económicos.
En este contexto, la reciente creación de la Comisión para la Reforma de la Administración de la Generalitat, bajo la Conselleria de Presidencia, es una oportunidad para impulsar una administración más digital, ágil y eficiente. Sin embargo, para que esta reforma tenga éxito, es necesaria una participación activa del sector privado y de la ciudadanía. Solo así los cambios se traducirán en mejoras tangibles.
Ahora es el momento de tomar decisiones valientes para construir una administración adaptada al siglo XXI. Una administración que, si no evoluciona, corre el riesgo de ser superada por plataformas tecnológicas y empresas de servicios que ya ofrecen soluciones más ágiles, personalizadas y eficientes. Para evitar este escenario, es necesario actuar con decisión. Nos jugamos el futuro.