Con un papel clave y esencial durante la pandemia de la covid-19, llegando donde las administraciones públicas no podían, los sobrecostes derivados de la situación sanitaria y la paralización de determinadas actividades han empujado el tercer sector a una crisis profunda, en la cual un 25% de las entidades acabó el año pasado con pérdidas económicas. Son los datos recogidos a la memoria anual de La Confederació, la patronal del sector, que atribuye la caída a la suspensión de servicios, la compra de material sanitario de protección o el aumento de las necesidades a cubrir. A pesar de que un 70% de las entidades sociales catalanas han recibido alguna ayuda o recurso extraordinario para paliar los efectos de la pandemia, en casi nuevo de cada 10 casos, estas no han servido para cubrir todas las pérdidas. De hecho, La Confederació eleva a 8.313 euros mensuales el importe extra que han tenido que asumir las entidades. Ante este escenario, las organizaciones piden a la Administración que extienda el modelo actual, basado en la colaboración publicoprivada, a uno que tenga en cuenta la función de los Centros Especiales de Trabajos (CET), que ofrecen trabajo a las personas con discapacitado, como prestamistas de servicios públicos.
El presidente de La Confederació, Joan Segarra, comenta que "el tercer sector ha hecho un esfuerzo importantísimo para estar a primera línea de la pandemia, acompañante las personas más vulnerables y asumiendo unos costes que será difícil de recuperar porque llueve sobre mojado. Los datos nos confirman también que las medidas extraordinarias y las ayudas de las administraciones al sector han sido insuficientes".
Después de la crisis sanitaria y económica, saca el cabo la emergencia social, donde las entidades del tercer sector tendrían que ser un actor relevante por la recuperación. Para impulsar este camino, La Confederació solicita que las administraciones otorguen los instrumentos necesarios para relanzar el sector. En este sentido, la Federación de Entidades Dincat insta a la Generalitat a aprovechar la nueva legislatura. Su director, Carles Campuzano, señala que ahora "se tiene la oportunidad de demostrar que somos un país socialmente comprometido, justo e inclusivo, tal como determina la Convención de los Derechos de las Personas con discapacitado de la ONU". Por este motivo, plantea aumentar los recursos para garantizar los puestos de trabajo para las personas con especiales dificultades para acceder en el mundo laboral.
Un nuevo contrato con la Administración
Esta demanda es la que efectúa la Fundación Mas Albornà, ubicada al Penedès, exponiendo en el Govern de la Generalitat que tenga en cuenta el modelo de colaboración entre la administración pública y el tercer sector. En concreto, la entidad asegura que "habría que hacer una mejora hacia las entidades de inclusión laboral e incluirlas cuando se da, por ejemplo, la necesidad de externalizar los servicios públicos".
Mas Albornà apuesta para hacer una propuesta conjunta porque las entidades del tercer sector
Mas Albornà apuesta para hacer una propuesta conjunta porque las entidades del tercer sector, que cómo la suya, trabajan para la inserción laboral inclusiva e integradora tengan un rol más relevante en la economía y en la sociedad.
La entidad confía que la colaboración entre los entes públicos y los CET suponga un gran regreso social porque se generan puestos de trabajo a personas excluidas del mundo laboral por su discapacidad intelectual. En un contexto en que los ayuntamientos tienen una tendencia a plantearse la remunicipalització de los servicios, en el marco de un compromiso con los colectivos más vulnerables, desde Mas Albornà quieren que se extienda la mano a los CET en el momento de externalizar servicios. Como credenciales, la entidad recuerda que es un referente en este modelo, puesto que hace 11 años que gestiona el servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. El contrato implica la ocupación de 37 personas con discapacitado.
Priorizar la función social
El pasado mes de febrero, el ayuntamiento de Lleida otorgó las tareas de mantenimiento y limpieza del pulmón verde de la ciudad, el parque de los Campos Eliseos, en el CET de la Fundación Aspros, priorizando así la finalidad social de la entidad leridana. El contrato de la actividad, que tiene una duración de dos años ampliables a dos más, permite dar trabajo a siete personas con discapacitado y será gestionado íntegramente por Aspros.
El director ejecutivo de Aspros, Enric Herrera, valora positivamente que la Paeria haya reservado una partida económica y la adjudicación del servicio a un CET
Desde el CET de Aspros, se destaca que "se trata de una ganancia por el sector de la discapacidad y las entidades sociales". En este sentido, se señala que la licitación "da valor a las iniciativas sociales, reservando una parte de los presupuestos de la ciudad a un proyecto inclusivo".
El director ejecutivo de Aspros, Enric Herrera, valora positivamente que la Paeria haya reservado una partida económica y la adjudicación del servicio a un CET. Herrera precisa que "el gesto del Ayuntamiento hará que se visualicen las capacidades de las personas en un entorno emblemático de la ciudad y las tareas que llevamos a cabo desde la entidad decana en el ámbito de la discapacidad intelectual a las Tierras de Lleida".
¿Hacia el Estado del bienestar?
En el informe El impacto de la covid-19 en el tercer sector social catalán, la Mesa de Entidades del sector social en Catalunya, analiza los factores que han llevado las entidades a mostrar una gran capacidad de reacción operativa. Entre estos, destaca la coordinación descentralizada, la comunicación transparente, el compromiso de los equipos o el apoderamiento de la ciudadanía. En un contexto de pandemia, la solidaridad afloró espontáneamente. Ahora, la Mesa se pregunta si fue una reacción del momento o si se ha activado un punto de partida por la recuperación del sentido comunitario de la sociedad.
Sin una respuesta definida, la Mesa reivindica la necesidad de ganar dimensión, más músculo asociativo y tener más capacidad de incidencia política. Más allá de los recursos asistenciales, necesarios e imprescindibles, el dilema de futuro por el tercer sector en Catalunya es decidir si recorre el camino empresarial hacia el Estado del bienestar o queda relegado a un ámbito meramente vinculado a la beneficencia y a la solidaridad.