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El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han llegado a un primer acuerdo para que los riders dejen de ser autónomos y pasen a ser considerados trabajadores asalariados. Aunque el texto debe acabar de adoptarse formalmente, ambas instituciones defienden que el pacto ayudará a "millones de personas a tener acceso a nuevos derechos laborales". El acuerdo alcanzado incluye dos cambios significativos respecto a la propuesta de la Comisión Europea, lanzada por primera vez en diciembre de 2021. Por un lado, determina qué condiciones deben cumplir los trabajadores de las plataformas digitales para que se consideren asalariados, y por otra, establece por primera vez las reglas sobre el uso de algoritmos en los puestos de trabajo.
Bajo el acuerdo provisional, la Eurocámara y los distintos estados miembros han establecido un total de cinco indicadores para clasificar a los trabajadores de las plataformas digitales. En caso de que una persona cumpla al menos dos de los cinco indicadores, deberá ser asalariado y no autónomo.
Los cinco indicadores incluyen la existencia de límites en las cantidades de dinero que la persona puede percibir, la supervisión de su rendimiento –también a través de medios electrónicos–, un control sobre la distribución de las tareas, un control sobre las condiciones de trabajo o los horarios laborales y, por último, la existencia de restricciones a la organización del trabajo y la aplicación de reglas sobre apariencia o conducta.
En cuanto a los algoritmos, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo están de acuerdo en que su uso "a menudo está vinculado a la falta de transparencia". En este sentido, el acuerdo pretende asegurar que los trabajadores reciben información sobre el seguimiento al que están sometidos y, al mismo tiempo, prevenir que las empresas puedan procesar ciertos datos personales.
Para la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, el consenso supone "un paso muy importante" para los trabajadores de las plataformas en la Unión Europea, unos 28 millones en total según los cálculos de la Comisión. "Permitirá asegurar que los trabajadores clasificados erróneamente como autónomos puedan tener acceso a sus derechos como asalariados bajo la ley comunitaria", apunta.