Este verano se ha producido un hecho poco frecuente que ha quedado difuminado en medio del periodo vacacional. El mes pasado, una entidad llamada APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) -que pertenece al Vaticano- hizo públicas sus cuentas correspondientes al ejercicio 2020, mientras el responsable de finanzas del microestado, en paralelo, hacía públicos los resultados básicos de la Santa Sede.
La primera información a la que hacemos referencia se ha hecho pública mediante un informe de 32 páginas que firma Nunzio Galantino, presidente del APSA, y que divide la actividad económica de la entidad que dirige en tres áreas: mobiliaria, inmobiliaria y actividades diversas. En el ámbito mobiliario, el pasado ejercicio 2020 obtuvieron unos réditos de 15,29 millones de euros, con una caída considerable desde el ejercicio anterior, del 65%. El resultado sale de unos ingresos de 23 millones (ventas, cupones y dividendos), a los que se han restado aproximadamente 7,4 millones por una caída del valor de la cartera. El paquete de estas inversiones financieras tiene un valor de mercado de 1.778 millones de euros y está invertido en gestión de activos por parte de terceros (42%), inversiones propias (36%) y tesorería (22%). Los activos en los que está distribuido el patrimonio son acciones de empresas cotizadas, private equity (no cotizadas), deuda y oro.
En cuanto a la rama inmobiliaria, declaran disponer de un patrimonio de más de 4.000 inmuebles en Italia (el 92% en la provincia de Roma) y unos 1.200, en el extranjero, concentrados en Londres, París, Ginebra y Lausana. Estos últimos, a través de las sociedades British Grolux Investment (Reino Unido), Società Sopridex (Francia) y Società Profima (Suiza). El resultado de esta rama inversora les proporcionó durante 2020 unos beneficios de 15,25 millones de euros, con una reducción significativa respecto al ejercicio anterior superior al 35%, causada por un aumento de los gastos de mantenimiento, por la reducción de los ingresos y también por el efecto de la pandemia.
El déficit total es de 66 millones de euros, producto de unos ingresos de 248,8 millones y unos gastos de 314
Finalmente, en cuanto a la categoría de diversos, el descalabro ha sido considerable porque han pasado de tener unos resultados positivos de 7,25 millones de euros, a perder 8,5. Lo cierto es que esta partida estaba distorsionada el año anterior por la venta de patrimonio por valor de 15 millones de euros. En consecuencia, el resultado global del ejercicio sumando las tres ramas de actividad ha dado unos beneficios de 22 millones de euros, muy por debajo de los 73,2 de la anualidad 2019. De estos 22 millones, 20,6 se inyectaron a la curia (la mitad que el año anterior), de forma que el remanente para la APSA se quedó en 1,4 millones de euros. Esto supone un frenazo drástico al incremento patrimonial de la entidad, que un año antes había retenido 28 millones de euros. El patrimonio neto de la APSA, una vez inyectados estos 1,4 millones y restada la reducción de reservas, se quedó en 883 millones de euros a 31 de diciembre de 2020.
¿De dónde proviene el patrimonio?
El origen de este patrimonio bajo gestión de la Iglesia tiene una fecha clave, 1929, con los Pactos de Laterán firmados entre la Santa Sede y el Reino de Italia, que proporcionó a la entidad católica la cifra de 750 millones de liras como compensación por la absorción de 1870. La administración de este fondo corrió a cargo del Amministrazione Speciale della Santa Sede (A.S.S.S.), también conocida como La Speciale. Esta tarea hoy en día está en manos de la mencionada APSA, que tiene como lema "prudencia, transparencia y profesionalidad". Su presidente es Nunzio Galantino, que ya ha aparecido unas líneas más atrás, el secretario es Fabio Gasperini y el subsecretario, Giuseppe Russo. El presidente está asistido por una comisión cardenalicia formada por ocho cardenales de todo el mundo.
La cuestión del dinero del Vaticano tiene algunas sombras que están en la memoria colectiva; especialmente recordado es el caso de la banca Ambrosiana en los años 80, una crisis de grandes dimensiones para la Santa Sede
Más allá de las cifras de la APSA, la Santa Sede también dio algunas pistas de su balance consolidado a través de Juan Antonio Guerrero Alves, el prefecto de la Secretaría para la Economía. Según informó, el déficit total del ejercicio 2020 subió hasta los 66 millones de euros, producto de unos ingresos de 248,8 millones y unos gastos de 314,7 millones. Este resultado todavía sería peor si agregamos otros entes autónomos del Vaticano, como el Governatorato, el IOR (Instituto para las Obras de Religión) y, especialmente, el fondo de pensiones y el de asistencia sanitaria, que arrastran déficits actuariales estructurales muy difíciles de compensar.
Todas estas revelaciones coinciden en el tiempo con un proceso judicial muy importante para la institución, como es el que afecta a una decena de personas involucradas en las inversiones que la Secretaría de Estado hacía en Londres. El caso afecta tanto a la compraventa de un edificio en la capital inglesa como la gestión del dinero del óbolo de San Pedro (los donativos de los fieles). Históricamente, la cuestión del dinero del Vaticano tiene algunas sombras que están en la memoria colectiva; especialmente recordado es el caso de la banca Ambrosiana, allá por los años 80, que supuso una crisis de grandes dimensiones para la Santa Sede. Que el dinero de la Iglesia acabaran en paraísos fiscales a través del banco de Roberto Calvi ya era de por sí algo alejado de la moral católica, pero la posterior quiebra de la Ambrosiana en 1982 dejó un buen puñado de cadáveres por el camino, no todos metafóricos: el cardenal Paul Marcinkus, supuesto ideólogo de la trama, fue destituido y destinado a su pueblo natal de Illinois, el banquero Roberto Calvi apareció colgado del puente de los Frailes Negros en el Támesis y el mafioso Michele Sindona murió envenenado en la prisión. Pero suponemos que todo esto solo son historias del pasado.