Fue el pasado día 8 de enero, cuando el precio de le electricidad se acercó a los 95 €/MWh (megavatio por hora), una cifra inimaginable unos meses antes. La causa, según se explicó entonces, era el importante incremento de la demanda energética, originada por las bajas temperaturas, que obligaba a entrar en funcionamiento las centrales de ciclo combinado que utilizan como combustible principal gas natural. Centrales que, en aquel momento, se veían afectadas por el importante incremento tanto del precio del gas como el de las emisiones de CO2. Este importante aumento de precio se vio corregido a la baja en la última semana de enero. El precio de la electricidad se situó en 1,42 €/MWh, (una reducción del 98,5%). La explicación, adicionalmente a que el aumento de la temperatura reducía la demanda y que los fuertes vientos permitían incrementar significativamente la producción eólica, fue análoga a la de principios de enero pero en sentido inverso, bajada del precio del gas de forma notoria y también del precio del CO2.
Lo ocurrido en enero evidenció la volatilidad del mercado mayorista de electricidad, además de que debía haber sido un claro aviso de que la electricidad no podía estar sujeta a las variaciones de los mercados y que era requerido un escenario estable atendiendo que era -es- un recurso esencial e indispensable tanto a nivel doméstico como productivo. Lo que está ocurriendo este verano demuestra que no se interpretó correctamente lo ocurrido en enero ignorando los riesgos que se cernían sobre la maltrecha economía doméstica española, o lo que es lo mismo, que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2019 era del 25,3% de la población residente, una cifra que aumentó 1,1 puntos en 2020.
El precio de la electricidad ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, incrementada por el desasosiego originado por la nueva factura eléctrica
Con dichos precedentes, e inmersos en la emergencia climática que está transformando el clima, convirtiéndolo cada vez en más monzónico, no es de extrañar que el pasado 20 de agosto en España se batieran todos los récords en cuanto al precio del MW/h, un precio claramente afectado por un modelo tarifario que lo fija con el coste de producción más elevado, el asociado a la electricidad generada por centrales de ciclo combinado, sin tomar en consideración las medias ponderadas de generación.
Las emisiones de CO2
El precio de la electricidad ha pasado a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Una preocupación incrementada por el desasosiego originado por la nueva factura eléctrica, vigente a partir del 1 de junio, que fija franjas horarias pretendiendo fomentar el ahorro energético, mejorar la eficiencia y el autoconsumo, en definitiva, reducir la demanda, sin considerar que el consumo está también afectado por la meteorología y muy especialmente por las temperaturas.
Sin olvidar el factor climático, que puede reducir la generación con energías renovables a lo largo del verano, ni el modelo tarifario, el hecho es que uno de los factores determinantes, en este mes de agosto es el precio de las emisiones de CO2. De hecho, el coste de emisión de una tonelada de CO2 se ha duplicado, llegando los 55,94 euros, (en agosto de 2020 fue de 26,76 euros). Sin duda, la descarbonización es indispensable y urgente, pero la rapidez y magnitud del incremento del precio de la tonelada de CO2 pone en evidencia la existencia de actuaciones especulativas para incrementar su precio. De hecho, la intervención en este mercado de fondos de inversión, bancos, e intermediarios, si bien actuando cumpliendo las reglas establecidas por la Comisión Europea, están llevando el precio del CO2 a unos valores que ponen en riesgo la competitividad de la industria y la economía de muchas familias. Olvidándo que la energía es un bien indispensable y su disponibilidad incrementa el bienestar y el desarrollo personal y colectivo.
La energía eléctrica, debe ser considerada como un derecho social, en la línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que fue elaborada en 2004 en el Foro Universal de las Culturas en Barcelona. En la misma se indica “el derecho de todo ser humano de disponer de agua potable, saneamiento y energía”. Por consiguiente, debe garantizarse el suministro eléctrico de forma segura, eficiente y a un precio asumible para los consumidores. Es en este contexto en el que deben evitarse las actuaciones especulativas basadas en adquirir derechos de emisión, con criterio de inversión a largo plazo, fundamentadas en que el cambio climático obligará a que el precio se incremente.
Uno de los factores determinantes este mes de agosto ha sido el precio de las emisiones de CO2, que se ha duplicado en un año
La especulación existente en este ámbito debería obligar a plantear a los Estados y a la Unión Europea a intervenir ajustando las reglas de juego. Una primera medida es que las compras de derechos de emisión tuviesen fecha de caducidad a corto plazo y, en segundo lugar, tomando en consideración aquellas propuestas que van en la dirección de que en las subastas solamente puedan tomar posiciones aquellos operadores que se mueven en la economía productiva evitando la participación de intermediarios anclados en la economía especulativa. En definitiva, que sólo puedan acudir las empresas que emiten dióxido de carbono y no aquellas que actúan con criterios de producto financiero.
Ciertamente, hay que acelerar la trasformación del modelo energético eliminando la generación en base a la combustión de residuos fósiles, y para ello es preciso establecer normas de actuación, pero hay que hacerlo sin olvidar la importancia de la energía para el desarrollo social y económico, ya que es la energía lo que permite alcanzar altos valores de productividad, posibilita la movilidad y las comunicaciones, otorga habitabilidad y confortabilidad a los espacios y marca diferencias fundamentales entre los que la tienen garantizada y accesible y aquellos que todavía tienen serias dificultades para acceder a la misma.