Después de la maratoniana cumbre europea del fin de semana, el Gobierno expresaba la satisfacción por el hecho de que las ayudas europeas no habían quedado condicionadas por reformas en el sistema de pensiones ni por liberalizar más el mercado de trabajo. Tenemos que suponer que será así y con la revisión en curso del Pacto de Toledo y la derogación selectiva de la reforma del mercado de trabajo efectuada por el PP veremos hasta qué punto es cierto. Aun así, todo hace pensar que tanto en un caso como en el otro, el peso de las subvenciones y de los créditos europeos se dejará sentir en la ambición y el alcance de las reformas.
El presidente Pedro Sánchez, pero, no nos dijo nada sobre el aumento de la presión fiscal que él mismo ya reconoció hace pocas semanas que era inevitable. Todos sabemos que la presión fiscal nominal que sufrimos en España es de las más altas de Europa pero la recaudación en relación con el PIB es de las más bajas debido a la economía sumergida y del exuberante arsenal de desgravaciones y tratos especialmente favorables disfrutan grandes empresas y grandes fortunas. Veremos si sacan adelante la limitación de las desgravaciones fiscales a las grandes empresas y el anunciado impuesto a las grandes fortunas, entre otros. Todo hace pensar que, de forma explícita o implícita, Sánchez se fue de la cumbre con una agenda fiscal oculta.
"Todo hace pensar que, de forma explícita o implícita, Sánchez se fue de la cumbre con una agenda fiscal oculta"
El gran paraguas de la fiscalidad verde
La fiscalidad verde es uno de los grandes nichos de gravamen que ofrecen muchas esperanzas a los gobernantes europeos, incluida la Comisión Europea. Una Comisión que ahora se endeudará por primera vez para financiar el paquete de ayudas y que tiene que buscar nuevas fuentes de ingresos. Se ha hablado de ampliar el impuesto sobre las emisiones de carbono en el transporte aéreo y el marítimo y de una tasa sobre plásticos no reciclados. Y también de generalizar la tasa digital e incluso una tasa sobre las transacciones financieras.
En este contexto, resulta difícil pensar que España será prácticamente el único país de Europa donde el mantenimiento de las autopistas y vías de gran capacidad irá a cargo de los presupuestos generales. En toda Europa, con excepciones menores, como Holanda, se paga peaje o viñeta para circular por las vías de gran capacidad. Ahora que también lo ha implantado Alemania, a pesar de que con bastantes conflictos y limitaciones, será difícil mantener la promesa de que no se prolongarán los peajes que han empezado a caducar y que se mantendrá la libre circulación indiscriminada.
Los compromisos rotos del ministro Ábalos
Esta ha sido la promesa repetida por el ministro del ramo, José Luis Ábalos. Precisamente el mismo ministro que negó que se concedieran compensaciones a la nueva Abertis por la caída de tránfico durante la pandemia. Pero tres meses después, Ábalos ha sido desmentido por el BOE, hace pocos días regulaba las compensaciones a las compañías de contratos de concesión de autopistas adjudicados por el Estado.
De hecho, antes de la reclamación a finales de abril, Abertis ya había hecho saber que en España había dejado de ingresar 200 millones de euros -y una cantidad similar en Francia- y, si nos tenemos que creer las cifras, estas se podrían doblar con creces si incluimos todo el periodo del estado de alarma. La Cambra, Cecot y el RACC – Foment y Pimec, no- han protestado por estas compensaciones anunciadas en forma de enésimo alargamiento de peajes.
Hay que recordar que la explotación de las autopistas fue el negocio más grande de toda la historia de La Caixa. Todos los Gobiernos españoles atendieron con indulgencia sus demandas de alargamientos y compensaciones por mejoras o ampliaciones. Tampoco nos tenemos que olvidar que se han frenado, y continúan frenados, el desdoblamiento de la N-II y la conexión entre la B-30 y la A-2 en Martorell para ahorrarse las compensaciones pactadas por el presumible descenso de tráfico de peaje.
"La explotación de las autopistas fue el negocio más grande de toda la historia de La Caixa"
El octubre del 2017, la servil posición de la Caixa y de todas las empresas donde participaba tuvo mucho que ver con todos los favores debidos de y con la venta final a FlorentinoPérez y Atlantia (controlada por la familia Benetton) por cerca de 4000 millones de euros sólo siete meses después.
A pesar de que Abertis hacía tiempo que se ha internacionalizado y tiene concesiones, no sólo en Francia, sino en toda América, la mitad de sus ganancias provenían de los peajes en el eje mediterráneo y el valle del Ebro. En la AP7 y la AP2 los ingresos son casi limpios, porque los gastos de personal son mínimos y sólo hay que afrontar el mantenimiento de una inversión amortizada de hace décadas.
La voracidad de Florentino y las pesadillas de los Benetton
Cuando adquirieron Abertis a comienzos del 2018, Florentino y los Benetton sólo podían aprovechar la AP7 y la AP2 poco más de dos años. El tramo valenciano y del sur de Catalunya finalizó la concesión al inicio del 2020 y el resto tenía que acabar a mediados de 2021. Se entiende que la caída excepcional de tránsito durante la pandemia y los 99 días de estado de alarma, les estropeen las cuentas. Es la especialidad de Florentino, comprar y vender y encargarse de concesiones dónde, si gana, todo bien, pero si pierde -como en el Castor o TP Ferro, la conexión con Francia de alta velocidad – es el Estado quién tiene que cubrir las pérdidas.
Por su parte, su socio italiano se encuentra con serias dificultades en sus concesionarias transalpinas de autopistas. El hundimiento del puente de Génova por carencia de mantenimiento acaba de comportar la pérdida de control de las Autostrade y la reducción de su participación del 30% al 10%. El impacto de la pandemia es una bagatela junto a lo que esto representa -incluida una penalización de 3.400 millones de euros-, pero llueve sobre mojado para los negocios de la familia Benetton
Viñetas en un año
En este contexto, pues, y con tres meses adicionales por adelantado fruto del alargamiento del peaje, es difícil pensar que el gobierno español no optará por la viñeta, que siempre es más «verde» que no la libre circulación para todo el mundo.
El problema más importante es conseguir que la España de matriz castellana que prácticamente desconoce que es esto de los peajes se avenga sin protestar a tener que pagar una viñeta para circular por las formoses autovías que la atraviesan. Es el coste político que tendrá que pagar el gobierno Sánchez, presumiblemente asumible dentro del contexto general de crisis económica y a mitad de legislatura.
La otra opción sería hacer pagar sólo la viñeta para circular por las autopistas que han agotado el periodo de concesión de los peajes. Pero hay que pensar que un agravio transversal de este tipo acabaría decantando el alejamiento definitivo de España y de su gobierno de gran parte de la ciudadanía, no sólo de Catalunya, sino del País Valencià y del País Vasco. Y esto saben que no se lo pueden permitir.