Durante la primera guerra del Golfo, en el periodo 1990-1991, se hizo popular la expresión la madre de todas las batallas acuñada por el entonces líder de Irak, Saddam Hussein, que la usaba cuando se refería al conflicto bélico que su país estaba a punto de librar contra los Estados Unidos. Por cierto, los americanos bautizaron esta operación como Tormenta del Desierto, un apelativo que también cobró cierta fama en la época. La frase la madre de todas las batallas parece fácil de adaptar a la crisis poliédrica que está viviendo actualmente el Barça, donde la precaria situación financiera del club se ha visto agravada repentinamente por el llamado Caso Negreira, que amenaza el futuro azulgrana como una nube negra a punto de descargar.
Rebobinemos y pongámonos en el punto de ignición del último (de momento) escándalo azulgrana. Hay tres fechas clave: en primer lugar, el pasado 15 de febrero, cuando la Cadena SER hizo público que el Barça estaba a punto de tener problemas por haber contratado durante un buen puñado de años (2000-2018, como mínimo) al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, para hacer de asesor arbitral. Otra fecha importante es el 27 de febrero, cuando el árbitro profesional Xavier Estrada Fernández entra una querella al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona por corrupción deportiva contra Enríquez Negreira y su hijo, además de la sociedad Dasnil 95, uno de los vehículos receptores del dinero que pagaba el Barça.
Los abogados contratados por Estrada son los hermanos Jorge y Landelino Culleré Lavilla, curiosamente sobrinos de Landelino Lavilla Alsina (1934-2020), político con innumerables cargos durante la Transición. Finalmente, la otra fecha clave, anterior a todas las indicadas, es julio del 2019, cuando la Agencia Tributaria inició una inspección fiscal al FC Barcelona por el impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2015-2018 y por el IVA del periodo 2015-2017, respecto a los pagos a Nilsad y Dasnil 95, dos sociedades de la familia Enríquez. Desde el punto de vista cronológico se puede afirmar que todo se pone en marcha por unos impuestos mal liquidados, de forma que si hubiese mediado una buena praxis contable en la firma de los Enríquez, todo lo que ha aflorado después no hubiera salido nunca a la luz.
Cuando la Agencia Tributaria pidió al Barça copia de los trabajos realizados por el exárbitro, el club respondió que no los encontraba y, en consecuencia, Hacienda consideró que era un gasto no deducible, tanto en el impuesto sobre sociedades como en el IVA, por no existir conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimientos para la entidad. En verano de 2021, el club tuvo que abonar más de 400.000 euros para regularizar el impuesto sobre sociedades, además de cerca de 50.000 euros de intereses de demora. En cuanto al IVA, la regularización ascendió a unos 475.000 euros, más 85.000 euros de intereses de demora.
Cuando la Agencia Tributaria pidió al Barça copia de los trabajos realizados por el exárbitro, el club respondió que no los encontraba y, en consecuencia, Hacienda consideró que era un gasto no deducible
En total, algo más de un millón de euros. Los pagos agregados que había desembolsado el FC Barcelona en todo el periodo (2000-2018) superaban los 7,5 millones de euros, que aparentemente fueron íntegramente a manos de la familia Enríquez, pero solo aparentemente, porque hay dudas reales de que el destino definitivo del dinero fuera este, como ya veremos. Cabe precisar que no todo el periodo indicado está bajo investigación, puesto que los hechos ocurridos sobre la mayor parte del periodo han prescrito, de forma que el riesgo jurídico del club se restringe al arco temporal que va desde el año 2015 (cuatro ejercicios antes del inicio de la investigación de la Agencia Tributaria) y el 2018, que es cuando finalizaron los pagos.
La investigación de la autoridad tributaria desembocó en un auto, a principios de marzo, de la jueza Silvia López Mejía, por el que se iniciaban las diligencias previas y se notificaba la resolución al fiscal del TSJC, que es quien, el 10 de marzo, puso nombre a las cosas: la fiscalía encontró un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Los acusados fueron los dos presidentes del Barça de la época de la investigación (Sandro Rosell Feliu y Josep Maria Bartomeu Floreta; mientras que el periodo bajo el mando de Joan Laporta Estruch queda fuera por haber prescrito los supuestos delitos), dos ejecutivos del club (Òscar Grau Gomar y Albert Soler Sicilia), el árbitro José María Enríquez Negreira y el mismo FC Barcelona.
Cuatro días más tarde, la causa pasó a manos de la Fiscalía Anticorrupción. Uno de los personajes medulares de la trama es José Contreras Arjona, que formaba parte de la comisión deportiva del Barça B y que facturó con su sociedad a la entidad azulgrana, pero murió la pasada Navidad. Por razones obvias no figura como imputado ni podrá explicar su versión. Lo que sí que sabemos es que su implicación en los hechos era máxima y también que sus relaciones con quién entonces dirigía el fútbol español, Ángel María Villar Llona, eran excelentes.
Uno de los personajes medulares de la trama es José Contreras Arjona
La clave de todo es que Enríquez aseguró que su asesoramiento fue siempre verbal, de forma que, según él, nunca elaboró ningún informe, lo que invalida el contenido de las facturas abonadas por el club, que sí que detallan trabajos concretos. Y como decíamos antes, la entidad azulgrana comunicó a Hacienda que no había sido capaz de encontrar los supuestos informes, básicamente porque no existían. Además, según lo que el mismo Enríquez declaró a la Agencia Tributaria, la finalidad real de los pagos era "para asegurarse que no se tomaran decisiones en contra del club y que hubiera neutralidad". Esto puede parecer una excusa estrafalaria, pero como veremos más adelante tiene su sentido. Por cierto, su declaración dejó una perla que resulta muy indicativa de la manera de trabajar de algunos medios.
Preguntado sobre si elaboraba artículos para Mundo Deportivo, respondió: "No, los hacía mi hijo y yo solo ponía mi nombre para que tuviera más gancho". Con la causa en marcha, el goteo de entidades que se han personado ha sido continuo: la Real Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes (en representación del Gobierno), la Liga de Fútbol Profesional, los clubes de fútbol de manera individual y un colectivo de socios del FC Barcelona. Precisamente, precisamente un día antes del cuadragésimo cumpleaños del 23-F, Javier Tebas Medrano, en su calidad de presidente de la patronal del fútbol profesional (la LFP), entró un escrito a la fiscalía donde incluía una nota manuscrita procedente del Caso Soule (un asunto de presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol) donde José Contreras Arjona menciona una serie de nombres, como por ejemplo Román, abogado, Sr. Rosell o Josep Maria que Tebas no dudó a relacionar con Román Gómez Ponti (jefe de la asesoría jurídica del Barça en la era Bartomeu), Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu (los dos, y como es sabido, presidentes sucesivos del Barça).
La nota había aparecido dentro de la caja de caudales en un registro realizado en el domicilio de Contreras con motivo, como decíamos, del Caso Soule y estaba dentro de un sobre etiquetado como top secret y con la enigmática frase: "Solo es posible de abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo para nosotros". La trama era de película, pero en este caso la imaginación de Tebas había ido demasiado lejos, porque los tres nombres se correspondían -como demostró el medio independiente Crónica Libre- a trabajadores de la empresa del mismo Contreras. Cuando se supo, el club azulgrana acusó a Tebas de haber utilizado pruebas falsas para incriminarlos.
De momento, la justicia no tendrá la posibilidad de interrogar Enríquez, que después de declarar ante la autoridad tributaria alegó que sufre Alzheimer para borrarse del proceso. En la declaración médica que aportó figuran algunas razones muy curiosas, como por ejemplo que un día bajó a tomar el café al bar con el pijama puesto, que no usa los electrodomésticos y que se queda hasta tarde viendo la televisión en el sofá. Quedamos a la espera de lo que dictamine el forense del juzgado, en el sentido de si Enríquez está capacitado para declarar o no.
Por otro lado, que la Agencia Tributaria haya constatado que los 7,5 millones de euros cobrados a lo largo de casi dos décadas no han incrementado el patrimonio del exárbitro es lo que abre la puerta a sospechar que él no era el único receptor, sino que una vez cobrado el dinero se producía algún tipo de reparto con otros sujetos que hoy por hoy no se sabe quiénes son. Efectivamente, Enríquez continuaba viviendo en el mismo piso de siempre -una herencia recibida por su mujer- en la Gran Via de Barcelona, entre Bac de Roda y Espronceda y no ha hecho ningún tipo de inversión relevante. Por cierto, el abogado que en la actualidad lleva la defensa de José María Enríquez es Daniel Pérez-Esqué Sansano, que cuando formaba parte del despacho de Cristóbal Martell Pérez-Alcalde (uno de los penalistas de moda en la ciudad), llevó la defensa del exconsejero de Interior Joaquim Forn Chiariello durante el proceso por el 1-O.
Resulta impensable que alguien vinculado al club decida inmolarse y exculpe la entidad defendiendo que el dinero se lo quedaba él y en ningún caso iba destinado a los árbitros para influirlos
El pensamiento mayoritario alrededor del club esboza la posibilidad de que una parte de los importes tuvieran como finalidad engrasar los engranajes del fútbol federativo (para que el club evitara agravios comparativos con otras entidades más poderosas) y que otra parte volviera al Barça y, en concreto, a los bolsillos de personas pertenecientes a la entidad. Esta hipótesis difícilmente podrá ser probada, pero cuenta con un elemento objetivo y relevante a su favor, como es que casi un 40% del dinero ingresado por las sociedades de los Enríquez durante el periodo sometido a investigación (2016-2019) volvía a salir de las cuentas de las empresas como dinero en metálico, a través de cheques o de simples reintegros.
En todo caso, y si esta teoría -la de la circularidad en el trayecto del dinero- es cierta, resulta impensable que alguien vinculado al club decida inmolarse y exculpe a la entidad defendiendo que el dinero se lo quedaba él y en ningún caso iba destinado a los árbitros para influirlos. De hecho, la opción que las cantidades pagadas por el club sirvieran para comprar favores arbitrales está descartada por casi todo el mundo; y no decimos todo el mundo porque la prensa madrileña ha mojado pan, asegurando -sin pruebas- la compra de árbitros, unas declaraciones que probablemente son de carácter delictivo y contra las que el Barça dijo que interpondría toda una serie de querellas.