Joan Font, en la sección de Perfiles con huella de VIA Empresa, confesaba que: “podemos llegar a tardar hasta ocho años en abrir un supermercado” y añadía: "podríamos tener las mismas exigencias y tardar solo tres meses haciéndolo igual de bien". Esto resume de manera contundente uno de los problemas más graves que tenemos: la excesiva burocracia y la lentitud de los procesos administrativos. Este retraso implica perder mucho tiempo y dinero. Es una carga que puede hacer que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, terminen desistiendo o incluso cerrando. Además, este problema también afecta la competitividad del país, ya que disuade la inversión internacional y desincentiva la innovación empresarial.
Muchas de las personas que intervienen en la política, la regulación y la gestión pública no han tenido experiencia previa en una empresa, ya sea como emprendedores, empresarios o directivos
Las causas de esta situación son múltiples. En primer lugar, tenemos la normativa europea que genera una regulación ya de por sí engorrosa. Y hay estados como España que, al transponerla, la complican aún más. Cuando esta normativa llega a Catalunya, se vuelve aún más compleja, añadiendo otro nivel de burocracia que las empresas deben superar. Esto alarga los procesos y aumenta los costes, convirtiendo a nuestro país en uno de los más complicados de Europa para iniciar un negocio. La complejidad del marco regulador es a menudo ineficiente y redundante. Cada administración, ya sea local, autonómica o estatal, genera normativa propia y a menudo se duplica o triplica, entrando además en contradicción entre ellas. Además, la falta de digitalización en muchos procesos administrativos alarga los plazos de respuesta. Otro factor importante es que muchas de las personas que intervienen en la política, la regulación y la gestión pública no han tenido experiencia previa en una empresa, ya sea como emprendedores, empresarios o directivos. Esto hace que no sean plenamente conscientes de los impactos que tienen sus actuaciones en el tejido productivo. A diferencia de otros países donde hay una proporción más alta de personas con experiencia empresarial en los gobiernos, aquí a menudo se toman decisiones sin comprender del todo las necesidades y los retos que enfrentan las empresas en el día a día.
Los datos lo confirman. Como destacaba la economista Carme Poveda hace unos meses en un artículo en VIA Empresa, según el ranking de competitividad 2023 elaborado por la escuela de negocios suiza IMD, España ocupa la posición 51 en eficiencia del gobierno, muy por debajo de la que le correspondería en función de su PIB, que es la posición 14 del mundo. En los últimos cinco años, España ha caído 11 posiciones, pasando de la 40 a la 51 de 64 economías analizadas. En Catalunya, el diagnóstico es aún más decepcionante. Según el European Quality of Government Index 2021, publicado por Eurostat, Catalunya se encuentra a la cola de las regiones de España y Europa en cuanto a la calidad del gobierno.
La baja calidad normativa genera inseguridad jurídica. Los cambios legislativos a menudo no se han evaluado previamente y la mayoría de las leyes que salen del Parlamento no cuentan con una memoria económica que evalúe los impactos previstos. Tenemos una administración que no se adapta a lo que necesita la sociedad actual. Las empresas necesitan administraciones adaptadas al siglo XXI. Si no funcionan con criterios de eficiencia, seguirán siendo un freno a la competitividad del país y a la mejora del bienestar de las personas.
Catalunya se encuentra a la cola de las regiones de España y Europa en cuanto a la calidad del gobierno.
Hace muchos años que este problema está perfectamente analizado y diagnosticado. Y también están muy claras las acciones que se deberían llevar a cabo. Un ejemplo, el Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració (FERA) hace tiempo que presentó a partidos y gobierno más de 80 propuestas. En resumen, sería necesario impulsar la dirección pública profesional, desburocratizar la gestión administrativa simplificando los procesos y mejorando la calidad normativa, reforzar la lucha contra la corrupción, promover una cultura de evaluación y mejora continua; y fomentar la colaboración público-privada. Pero el tiempo pasa y no avanzamos. Es necesario que quienes pueden resolverlo sean conscientes del problema y actúen con valentía. Si seguimos como hasta ahora, todos perdemos demasiado y, por eso, seguiremos insistiendo, no podemos tirar la toalla. Como decía Franklin D. Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos: “La burocracia mata la iniciativa”.