Entre enero y marzo de este año, el Boletín Oficial del Estado español (BOE) ha publicado un total de 58 normas que privilegian la lengua castellana y relegan la catalana a los territorios catalanoparlantes del Estado o en las instituciones que los gobiernan. Al menos, así es lo que ha denunciado Plataforma per la Llengua en un comunicado remitido este miércoles, en el que añadía que la mayoría de estas normas, 35, son de origen estatal, es decir, de las instituciones generales españolas. Una parte significativa, sin embargo, 22, son de origen comunitario, de las instituciones de la Unión Europea (UE).
La mayor parte de las normas europeas regulan el mercado común. En el primer trimestre de 2025, 18 de las 22 normas comunitarias hacen referencia al mundo de la empresa. Por ejemplo, un reglamento de ejecución establece que el Registro de indicaciones geográficas de la Unión debe estar disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión. La versión en castellano de la norma dice que las indicaciones “DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA”, “INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA” y “ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA” se pueden usar “en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión”.
Según Plataforma per la Llengua, la discriminación lingüística que sufre el catalán en la normativa europea es fruto de la falta de oficialidad tanto en el Estado español como en la propia Unión. Esta carencia es, a su vez, fruto de una decisión tomada en el Estado español. "La redacción de la Constitución española depende, obviamente, de la voluntad de los partidos políticos mayoritarios en el Estado español. Y si el catalán no es oficial en la Unión Europea es porque el Estado español no lo solicitó cuando se adhirió a la Comunidad Económica Europea en 1986", han expuesto.