La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha propuesto que la adscripción de los trabajadores públicos a la mutua de funcionarios Muface sea voluntaria y que los nuevos empleados que ingresen a la administración se vayan incorporando al sistema común de salud pública. "Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas", apunta en un estudio encargado por el gobierno español en un momento marcado por los problemas para encontrar aseguradoras que quieran hacerse cargo de este servicio. De hecho, la entidad advierte que el modelo español constituye "una excepción singular" entre los países del entorno europeo.
Tal como ha destacado en rueda de prensa la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al sistema público debería ir acompañada de un refuerzo de sus capacidades. En cuanto al análisis comparativo realizado, se constata que el sistema español supone un contraste con países como Italia, que integró su régimen especial de funcionarios durante la constitución del sistema nacional de salud. En el caso de Grecia y Portugal, el paso se realizó en el marco de reformas estructurales durante períodos de crisis económica.
La progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al sistema público debería ir acompañada de un refuerzo de sus capacidades
En términos de eficacia, el análisis de las preferencias reveladas sobre la modalidad de atención elegida por los mutualistas muestra resultados significativos. Aunque solo el 24% del total de mutualistas opta por la provisión pública en el período analizado, esta proporción se incrementa sustancialmente hasta alcanzar el 70% en aquellos casos que necesitan episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema.
Esta preferencia por la atención en centros públicos se acentúa particularmente en pacientes que requieren tratamientos oncológicos, como la quimioterapia, o servicios de nefrología y diálisis. Según la Airef, más del 66% de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema de los mutualistas son atendidas en centros de titularidad pública, porcentaje que se eleva hasta el 90% cuando el mutualista que presenta estas patologías es menor de cuarenta años.