El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha citado a declarar como investigado para el próximo 3 de diciembre al fundador y consejero delegado de la empresa Glovo, Óscar Pierre, por delitos contra los derechos de los trabajadores, según ha avanzado El Periódico y ha confirmado ACN. La fiscalía denunció a la empresa y a su máximo directivo por seguir obligando a los riders a hacerse autónomos para trabajar para la plataforma tecnológica de reparto a domicilio. Desde entonces, han declarado como testigos algunos trabajadores.
El ministerio público recuerda las diferentes sentencias que han fallado contra la compañía por considerar que este tipo de relación laboral es fraudulenta, principalmente la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la firma a contratar a los trabajadores. En la denuncia, la Fiscalía lamentaba que, a pesar de los diversos requerimientos —en un informe de organismos de Inspección Laboral de varios puntos del Estado— la empresa sigue manteniendo una relación laboral que constituye un delito contra los derechos de los trabajadores.
La fiscalía denunció a la empresa y a su máximo directivo por seguir obligando a los riders'a hacerse autónomos para trabajar para la plataforma tecnológica de reparto a domicilio
En el escrito, la fiscalía considera "incuestionable" que los trabajadores de Glovo han continuado realizando las tareas de reparto "en las mismas condiciones" que antes de las sentencias, "sin que se les haya reconocido la condición de trabajadores por cuenta ajena".
A su vez, subraya que los riders no tienen "una organización de trabajo propia", dado que prestan sus servicios "dentro de la implementada por la empresa Glovo, la cual dirige y organiza sus tareas diarias a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo mediante la gestión algorítmica del servicio".
El grupo mantiene un pulso con el Ministerio de Trabajo y podría enfrentarse a una horquilla de multas desde los 260 hasta los 430 millones de euros por incumplimiento de la normativa, según la memoria anual del ejercicio 2023 de Delivery Hero, el gigante alemán propietario de Glovo. De hecho, el informe pone en duda la viabilidad de Glovo para hacer frente al pago de cuotas y sanciones a la Seguridad Social.