El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha otorgado a cinco empresas un total de 9.950 licencias de moto eléctrica compartida para poder operar, no solo en Barcelona como hasta ahora, sino también en siete ciudades más del entorno: Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. Es el pistoletazo de salida a un proyecto de motosharing metropolitano que pretende revertir la situación de la experiencia fallida en Barcelona en los últimos años y favorecer la movilidad sostenible. "La fórmula ideal es que se vayan sumando más municipios para que el proyecto tenga sentido y se pueda garantizar el éxito", ha detallado el vicepresidente de Movilidad de la AMB, Carles Cordón.
El nuevo servicio comenzará a desplegarse de manera gradual a partir de este mismo miércoles y hasta finales de año, según determina el contrato suscrito por la AMB con las cinco empresas adjudicatarias del servicio metropolitano. La distribución de licencias es de aproximadamente 2.000 licencias por empresa y también se establece un mínimo de motos por municipio con el objetivo de garantizar la cobertura del servicio.
Es el pistoletazo de salida a un proyecto de motosharing metropolitano que pretende revertir la situación de la experiencia fallida en Barcelona en los últimos años y favorecer la movilidad sostenible
De hecho, uno de los objetivos principales del proyecto metropolitano es revertir la situación que se ha dado en los últimos años en Barcelona. En 2020 se otorgaron 7.000 licencias de moto compartida, pero poco a poco se han ido reduciendo hasta quedarse en unas 2.000 actualmente. Para Cordón, es clave que se "consolide" la presencia de otros municipios alrededor de la capital para dar sentido al proyecto.
El vicepresidente de Movilidad de la AMB también ha defendido que el nuevo motosharing metropolitano permitirá contribuir a promover la "movilidad sostenible, eléctrica, segura y compartida", así como la reducción de las emisiones y de la presencia del vehículo privado, la mejora de la salud pública, el fomento de la intermodalidad e incluso, un cambio de hábitos en la ciudadanía.
Las nuevas licencias tendrán una vigencia de dos años y cada una de las empresas mantendrá su propia app y tarifas, de manera que no se producirá en ningún caso una homogeneización del servicio bajo el paraguas de la AMB. Los contratos también establecen un sistema de reasignación de licencias en caso de que algunas queden revocadas para evitar que se repita la situación vivida en Barcelona.
Las nuevas licencias tendrán una vigencia de dos años y cada una de las empresas mantendrá su propia app y tarifas
Finalmente, se establece una tasa de la AMB de 45 euros anuales por vehículo, a la que se debe añadir la correspondiente tasa por el aprovechamiento de la vía pública de cada uno de los municipios que forman parte del proyecto de la moto compartida metropolitana.