El impuesto "extraordinario" sobre el patrimonio se creó en 1977 con el propósito de recopilar información sobre el patrimonio de las personas físicas y utilizarla para obtener ingresos a declarar en el IRPF. Se eliminó en 2008, pero se restableció en 2011 debido a la crisis económica del país y desde entonces se ha renovado anualmente, lo que ha generado controversia.
Es importante destacar que este impuesto es uno de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas de régimen común. Esto significa que toda la recaudación del impuesto se queda en la comunidad correspondiente. Además, las comunidades autónomas tienen la capacidad de modificar el tipo impositivo y también pueden aplicar bonificaciones en la cuota, lo que ha sido objeto de críticas.
Para entender la controversia detrás del impuesto de patrimonio, es importante entender cómo funciona. Básicamente, este impuesto grava la riqueza acumulada por una persona, incluyendo propiedades, acciones, ahorros y otros activos. La idea detrás del impuesto es que aquellos que tienen más riqueza deberían pagar más impuestos que aquellos que tienen menos.
Afecta a aquellas personas con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros
Luces…
La desigualdad en nuestro país se ha incrementado en los últimos años; el 1% más rico posee una riqueza equivalente a la del 70% más pobre. La necesidad de medidas efectivas para reducir la brecha social es evidente, y, para algunos, el impuesto de patrimonio podría ser una de ellas.
Sobre el papel, permite aumentar la recaudación del Estado de una forma progresiva. En otras palabras, contribuye a que aquellos que tienen más, paguen más. Así, afecta “tan solo” a aquellas personas con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros, es decir, a una pequeña parte de la población española.
Los defensores de este impuesto consideran que es una forma de garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades
Los defensores de este impuesto consideran que no es una carga para aquellos que han trabajado duro y han logrado acumular riqueza, sino que es una forma de garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades. Además, dicen, puede ayudar a compensar las desigualdades económicas que se han producido debido a una serie de factores, como la herencia, el acceso a la educación, las oportunidades laborales y las diferencias salariales.
Por otro lado, dichos defensores, consideran que el impuesto de patrimonio puede ser una herramienta eficaz para incentivar la inversión en la economía real y no especulativa, y puede motivar a las personas a invertir en proyectos productivos y generar un mayor impacto en la economía real. Asimismo, puede evitar la acumulación de grandes fortunas en pocas manos, lo que puede ser perjudicial para la economía y la sociedad en general.
Y sombras
Hay otros tantos argumentos que defienden que esto no es así. Para aquellos que se muestran en contra, el impuesto de patrimonio es una medida fiscal que no solo no es efectiva, sino que además es perjudicial para la economía y la sociedad.
En primer lugar porque, consideran, desincentiva la inversión y el ahorro. Si una persona sabe que, a medida que acumula riqueza, será sometida a un impuesto más elevado, es menos probable que invierta o ahorre. Esto puede tener consecuencias negativas para la economía en su conjunto, ya que la inversión es necesaria para el crecimiento y el empleo.
Más allá de los argumentos económicos, hay quien considera que puede ser utilizado como una herramienta política para penalizar a determinados grupos o individuos
En segundo lugar, el impuesto de patrimonio no tiene en cuenta la situación personal de cada contribuyente. Es posible que una persona tenga un alto patrimonio, pero que la mayor parte de su riqueza esté en bienes inmuebles o en empresas que no generan liquidez. En este caso, el impuesto puede ser especialmente perjudicial.
Más allá de los argumentos económicos, hay quien considera que puede ser utilizado como una herramienta política para penalizar a determinados grupos o individuos. En algunos casos, este impuesto se utiliza como una forma de castigo a aquellos que han tenido éxito en los negocios o que han trabajado duro para acumular riqueza. Lo cual, no solo parece injusto, sino que también puede generar un ambiente de desconfianza hacia las políticas fiscales.
Por último, algunas personas piensan que el impuesto de patrimonio es una doble imposición porque se aplica sobre el valor de los activos que ya han sido gravados con otros impuestos, como el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las ganancias de capital. Es decir, se está gravando el mismo activo dos veces, una vez a través del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las ganancias de capital, y otra vez a través del impuesto de patrimonio.
Hagamos números
Es difícil proporcionar una cifra exacta del número de ricos en España debido a la falta de una definición clara y universalmente aceptada de lo que se considera "rico". Sin embargo, según los datos del último informe de la Agencia Tributaria sobre el impuesto de patrimonio, correspondiente al año 2020 (el informe más reciente disponible), un total de 189.613 contribuyentes presentaron declaración de dicho impuesto en España, lo que representa un 0,88% del total de contribuyentes del IRPF.
Y, ¿cuánto recauda este impuesto? En 2020, la recaudación total del impuesto fue de 1.039 millones de euros, lo que representa, aproximadamente, el 0,2% del total de la recaudación del Estado español en ese año, que fue de alrededor de 441.000 millones de euros.
En comparación con otros impuestos la cantidad recaudada es muy pequeña y sugiere que su impacto real en la economía es limitado
En comparación con otros impuestos, como el IVA o el IRPF, esta cantidad es muy pequeña y sugiere que su impacto real en la economía es limitado. Además, la recaudación del impuesto de patrimonio ha ido disminuyendo en los últimos años, principalmente debido a las bonificaciones y exenciones que han sido establecidas por las distintas comunidades autónomas.
Seamos realistas
La crítica sobre que el impuesto de patrimonio supone una doble imposición está desenfocada. Técnicamente, no puede considerarse que exista doble imposición al gravarse el patrimonio o el consumo de forma simultánea a la renta. No debe perderse de vista que la capacidad para soportar impuestos tiene 3 manifestaciones diferentes: la renta, el consumo y el patrimonio. Si no tuvieras en cuenta las 3 a la vez, algo quedaría sin gravar.
Así, la razón de ser del impuesto de patrimonio es poder gravar, controlar, a las personas que no tienen renta. Sin embargo, tal y como está concebido, es una medida ineficaz para combatir la desigualdad económica, pues es fácilmente evadible. Las personas con grandes patrimonios pueden transferir sus bienes a familiares o sociedades offshore, evitando así el impuesto. Por ello, sería interesante establecer políticas fiscales más justas para redistribuir la riqueza sin perjudicar a quienes la han acumulado.
La razón de ser del impuesto de patrimonio es poder controlar a las personas que no tienen renta
Para alcanzar este objetivo, es necesario fomentar el crecimiento económico, promover la creación de empleos mediante la eliminación de barreras a la inversión, y asegurar la libertad económica y la seguridad jurídica. Es importante concentrarse en el aumento de la movilidad social y proporcionar oportunidades a personas de bajos ingresos a través de inversiones en educación, capacitación y programas de empleo. También se pueden implementar medidas para prevenir la evasión fiscal y el fraude.
Estas políticas fiscales justas son esenciales para construir una sociedad igualitaria. Esto es lo que marcará la diferencia en la lucha contra la desigualdad económica. Pero, si, aún así, entendemos que el impuesto de patrimonio es la herramienta necesaria para poner remedio a nuestro problema, éste debe ser abordado con cuidado y equilibrio. Su aplicación debe ser equitativa y justa, sin afectar de manera desproporcionada a aquellos que poseen patrimonios medios o modestos. Solo así podremos lograr el objetivo que nos proponemos.
El nuevo Impuesto de Patrimonio debería ser más progresivo y ajustar las tasas a la capacidad económica del contribuyente. Esto significa que se aplicarían tasas más altas a aquellos contribuyentes con un patrimonio más alto, mientras que las tasas serían más bajas para aquellos con un patrimonio más bajo, reduciendo así el impacto negativo en el ahorro y la inversión. En este sentido, es importante establecer exenciones o deducciones fiscales para ciertos activos, como las inversiones en empresas que generen empleo o las viviendas que sean la residencia principal de los propietarios.
El nuevo Impuesto de Patrimonio debería ser más progresivo y ajustar las tasas a la capacidad económica del contribuyente
La asignación de activos puede verse afectada por la tributación, lo que puede generar arbitraje fiscal y reducir la eficiencia. La brecha fiscal entre territorios puede ser especialmente significativa si el impuesto se basa en elementos personales en lugar de territoriales. Así, la armonización fiscal sería un punto a tener en cuenta. Para lograrla existen tres posibilidades: establecer una norma estatal que regule una base imponible común con un límite para las exenciones, actuar sobre las deducciones y bonificaciones de la cuota manteniendo la declaración como mecanismo de control, o establecer una reducción máxima en los tipos de gravamen.
Hay que considerar, también, la carga administrativa del impuesto. Simplificar los procedimientos y requisitos administrativos, siendo éstos más fáciles y menos costosos para los contribuyentes, ayudaría a que se cumpliera con las obligaciones tributarias. Además, mejorar la transparencia y la información disponible para los ciudadanos permitiría a los contribuyentes conocer mejor cómo funciona el impuesto, qué tasas se aplican, cuáles son las exenciones y deducciones disponibles, y cómo se utiliza el dinero recaudado.
Cabe destacar que, aunque muchos así lo crean, los impuestos, por si solos, no son redistributivos. La redistribución se produce en el gasto. Por ello, es importante que se destinen los recursos recaudados a programas sociales y de bienestar público que beneficien a toda la sociedad. Y que la población sea consicente de ello.