La Comisión Europea ha anunciado que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir las normas ferroviarias comunitarias. En un comunicado, Bruselas apunta a que el marco regulador del Estado "infringe" varias disposiciones de la directiva ferroviaria europea. Concretamente, el ejecutivo comunitario apunta a que el operador único de las infraestructuras, Adif, sigue sin tener autonomía suficiente para determinar los cánones por el uso de las infraestructuras. También indica que la independencia del consejo de administración "no está garantizada" al ser nombrado por el gobierno español y remarca que "faltan elementos clave" en el acuerdo contractual entre el gobierno español y los administradores de infraestructuras.
En cuanto a los cánones, Bruselas señala que existe una nueva legislación española para cumplir los requisitos de la directiva europea, pero remarca que no está operativa porque establece un período transitorio y no existe ningún plazo para aplicar el nuevo sistema. Esto hace, indica el ejecutivo comunitario, que los cánones por el uso de la infraestructuras "se consideren impuestos de facto" en los presupuestos de 2024 y 2025.
El caso empezó en 2018, cuando Europa abrió un proceso de infracción contra el Estado por no transponer completamente la directiva ferroviaria
"En consecuencia, las empresas ferroviarias no podrán impugnar los cánones de acceso por vía férrea. Como están incluidos en la ley, estos cánones no podrán impugnarse ante los tribunales", remarca el ejecutivo comunitario. Bruselas apunta a que la legislación española tampoco garantiza la independencia de los consejos de administración de Adif y de Renfe. El ejecutivo comunitario argumenta que, como les nombra el gobierno español, éste puede "ejercitar una influencia decisiva" en los acuerdos, incluidos los que afectan a los precios de los billetes.
El caso comenzó en el 2018, cuando el ejecutivo comunitario abrió un proceso de infracción contra el Estado por no transponer completamente la directiva ferroviaria. Las autoridades españolas respondieron casi un año después indicando que la nueva legislación resolvía algunas de estas objeciones, al tiempo que admitían que se necesitaban más acciones para cumplir completamente las normas comunitarias. Ahora bien, Bruselas ha considerado que España sigue sin aplicar completamente la directiva y por eso ha decidido llevar el caso a la justicia europea.