La OPA del BBVA al Banco Sabadell entra en su fase decisiva. Este martes, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidirá si autoriza o no la operación que la entidad vasca puso en marcha el pasado mes de mayo. Es el primero de los "tres hitos" que el presidente del BBVA, Carlos Torres, fijó el pasado septiembre en la sede de la Cecot: en caso de dar su visto bueno, el siguiente paso sería conseguir el permiso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, finalmente, la aprobación de los accionistas del Sabadell.
Aunque el banco vasco había previsto culminar la operación antes de acabar el año, la complejidad de la OPA ha extendido los plazos. A estas alturas, la gran duda se encuentra en si la CNMC alargará el proceso hasta la Fase II y continuará estudiando la operación, o bien optará por deliberar ya en la actual Fase I. Este segundo escenario es el que se produjo en el caso de la operación entre CaixaBank y Bankia, y es el que desea el BBVA. Sin embargo, cabe recordar que en el caso anterior no se trataba de una OPA hostil. Si Competencia opta por la primera opción, la decisión final podría aplazarse hasta seis meses más, cosa que podría tener un impacto en la cotización del BBVA, tal y como ha sucedido hasta ahora.
La Ley se reserva el derecho de imponer condiciones y compromisos, con el objetivo de "resolver los posibles problemas de competencia"
La actual Ley de Defensa de la Competencia recoge estas dos posibles fases en su contenido. "En la primera fase, que durará un máximo de un mes, se analizarán y aprobarán las operaciones que no planteen problemas de competencia. En la segunda fase se realizará un análisis más detallado de la operación, con participación de terceros interesados, con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adopte la resolución final", apunta el texto. Aun así, la Ley se reserva el derecho de imponer condiciones y compromisos, con el objetivo de "resolver los posibles problemas de competencia derivados de la concentración, así como la posible consulta a terceros interesados sobre los mismos".
Eso sí, de momento otras instituciones relevantes como el Banco Central Europeo (BCE) o la Autoridadde Regulación Prudencial (PRA) del Reino Unido han apoyado la acción. Otras entidades como CaixaBank no se han posicionado, pero sí que han matizado que la operación no genera ninguna "oportunidad especial" para el resto del sector.
El BBVA, convencido de su propuesta
A pesar de que tanto Torres como Onur Genç, consejero delegado del BBVA, han pedido respeto por las autoridades competentes, siempre han afirmado públicamente que la operación no generaría ninguna dificultad para el sector bancario. "No veo ningún problema de competencia, porque a diferencia otros precedentes, esta OPA no supera los umbrales de cuota de mercado que se usan en esta metodología", defendió Torres el pasado septiembre.
De hecho, el BBVA sostiene que su propuesta contribuirá a mejorar la competitividad de los bancos europeos. "Si miramos el ranking de bancos mundiales por tamaño, no hay ningún europeo en el top 25", advirtió el presidente de la entidad vasca, que hizo referencia al informe Draghi como factor a favor. "Adquirir una medida más grande y competir en las grandes ligas es algo que ganamos con esta propuesta", añadió. Sin embargo, cabe destacar que esta hipotética fusión solo situaría al banco resultante en el top 10 europeo.
El BBVA promete mantener la plantilla y un impacto positivo en las pymes; el Sabadell avisa de "riesgos considerables" en cuanto al acceso al crédito y prevé la destruccció de 4.000 puestos de trabajo
A la espera de saber si la propuesta contaría con el apoyo mayoritario de los accionistas, el BBVA se considera "muy catalán" y ha prometido mantener la plantilla y las infraestructuras del Sabadell en Catalunya en caso de éxito. A la vez, también han previsto un 27% de beneficio por acción y un impacto positivo en el área de negocio de las pymes, puesto que "combinaría lo mejor de los dos bancos". Por su parte, la entidad catalana defiende que la OPA destruiría alrededor de 4.000 puestos de trabajo en el Estado y que esta comportaría "riesgos considerables" para las pequeñas y medianas empresas catalanas, puesto que tendrían dificultades de acceder al crédito.