La Fiscalía denuncia al presidente de Glovo por seguir obligando a los 'riders' a hacerse autónomos

El ministerio público reitera que la tecnológica incurre en un delito contra los derechos de los trabajadores

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La Fiscalía ha denunciado al presidente de Glovo por seguir obligando a los riders a hacerse autónomos para trabajar para la plataforma tecnológica de reparto a domicilio. En un escrito al que ha tenido acceso la ACN, el ministerio público recuerda las diferentes sentencias que han fallado en contra de la compañía por considerar que este tipo de relación laboral es fraudulenta, especialmente la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la firma a contratar a los trabajadores. En la denuncia, la Fiscalía lamenta que a pesar de los diversos requerimientos, incluidos los de organismos de Inspección Laboral de varios puntos del Estado, la empresa continúa manteniendo una relación laboral que constituye un delito contra los derechos de los trabajadores.

En el escrito, la Fiscalía considera "inequívoco" que los trabajadores de Glovo han continuado realizando las tareas de reparto "en las mismas condiciones" que antes de las sentencias, "sin que se les haya reconocido la condición de trabajadores por cuenta ajena".

La Fiscalía considera "inequívoco" que los trabajadores de Glovo han continuado realizando las tareas de reparto "en las mismas condiciones" que antes de las sentencias

Al mismo tiempo, subraya que los riders no tienen "una organización de trabajo propia", dado que prestan sus servicios "dentro de la implementada por la empresa Glovo, la cual dirige y organiza sus tareas diarias a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo mediante la gestión algorítmica del servicio".

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la denuncia presentada por la fiscalía contra la empresa Glovo fue distribuida al juzgado de instrucción 31 de Barcelona, que acordó la apertura de diligencias.

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