La Generalitat ha llegado a un acuerdo con Acciona para cerrar el litigio que arrastra desde hace años a raíz de la resolución del contrato para la gestión de Aguas Ter-Llobregat y abonará 103 millones a la multinacional española, según ha avanzado este viernes La Vanguardia y ha confirmado ACN. El acuerdo debe ser convalidado ahora por el Tribunal Supremo. Con la finalización de este conflicto, la Generalitat evita el riesgo de tener que abonar 1.000 millones, valor del contrato de privatización del servicio que impulsó el Gobierno de entonces para obtener liquidez durante la crisis de 2012. La cantidad abonada ahora a Acciona se suma a los más de 300 millones que la Generalitat tuvo que pagar a la multinacional a raíz de una sentencia del TSJC en 2022.
Después de un recurso de Agbar, el TSJC declaró en junio de 2015 que el proceso de adjudicación a Acciona era nulo, alegando que las bases del concurso incluían un programa de obras "orientativo", que posteriormente se consideró como "obligatorio". El Tribunal puso de manifiesto que el concurso generó así una "confusión" contraria a los principios de "transparencia, publicidad e igualdad", que son "esenciales en materia de contratación".
Casi tres años más tarde, en febrero de 2018, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 2015 que anulaba el concurso de privatización que había convocado la Generalitat en 2012 e impugnado por Agbar. Finalmente, la Generalitat se hizo cargo del servicio en 2018 y la empresa, que pasó a llamarse ATL, celebró su primer consejo de administración en marzo de 2019.
El litigio entre Acciona y la Generalitat continuó y en 2022 el Gobierno ya fue condenado a abonar más de 300 millones de euros, según determinó una nueva sentencia del TSJC, recurrida por ambas partes al Tribunal Supremo, que ahora deberá convalidar el acuerdo.
De hecho, un documento firmado por Santi Vila, entonces consejero de Territorio, y por el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en el que se reconocía que si el contrato se rescindía habría que indemnizar a la multinacional por el lucro cesante, ha hecho que la Generalitat haya optado por evitar riesgos y abonar los 100 millones.