Un equipo de la Comisión Europea ha registrado esta semana las oficinas de Glovo en Barcelona. La actuación del organismo comunitario va vinculada a un caso de presuntas prácticas comerciales ilegales contra la libre competencia. Por su parte, la empresa ha explicado a Europa Press que los movimientos de la Comisión "no representa que se haya llevado a cabo una infracción" y se mantiene "el compromiso por colaborar" con el ejecutivo comunitario. Recientemente, la plataforma de reparto ha pactado 140 despidos con los trabajadores y trabajadoras de la sede corporativa del distrito del 22@.
Glovo cerró el 2022 con unas pérdidas de 304 millones de euros. Con esta cifra, la plataforma reduce los números rojos frente al balance del año anterior (474,8 millones). A finales de enero, Inspección de Trabajo impuso una multa de 56,7 millones de euros a Glovo por tener 7.000 repartidores contratados como falsos autónomos. El ámbito geográfico de la sanción es la Comunidad de Madrid. En otro orden, el Observatori de Treball, Algoritme i Societat, formada por asociaciones de riders y taxistas, interpone una querella criminal contra la plataforma de reparto Glovo por el uso de falsos autónomos de forma continuada desde 2015. Las organizaciones RidersxDrechos y Taxi Project 2.0, que forman la asociación, consideran que la empresa ahora propiedad de Delivery Hero ha cometido delitos contra Hacienda, la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
La reciente reforma del Código Penal abre la puerta a juzgar la "persistencia" de este tipo de conductas y por este motivo han optado por presentar una querella, que pretende ser el primer paso de abrir la puerta a la vía penal. La entidad relata que pese a tener "más de 50 sentencias en contra por la violación de derechos laborales -una de ellas del Tribunal Supremo-" la compañía de reparto "persiste en la violación sistemática de los derechos laborales, en rebeldía abierta contra las sentencias y en el fraude continuado".