Las plataformas de reparto a domicilio Glovo, Uber Eats y Deliveroo han pedido al gobierno español que regule el trabajo de los riders para acabar con el alta judicalización a la cual se ha enfrentado al sector recientemente y para ofrecer claridad ante las sentencias contradictorias sobre si se establece una relación laboral o no con ellos. En un documento firmado junto con la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), han recomendado una reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo que incluya sus repartidores dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RINDA). Además, han propuesto que se adapte la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) a la "realidad digital", confiriéndole más protección ante los problemas de salud o del cese de la actividad profesional.
La relación entre estos repartidores y las plataformas ha sido puesta en entredicho por parte de la Inspección de Trabajo, que los considera "falsos autónomos" que tendrían que ser contratados por la empresa. Según la propuesta enviada al gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez, la solución a "la alta litigiosidad" y a las incertidumbres a las cuales se enfrenta el sector pasa por una reforma de la normativa laboral que aclare que la relación entre unos y otras es mercantil.
Y especifican que sólo podrá ser así si la plataforma ofrece servicios a través del canal digital, si la contratación y el pago del sueldo también se hace por Internet y si el trabajador dispone de autonomía, no exclusividad y aporta los instrumentos para hacer el trabajo.
Además, piden que se articulen derechos propios del colectivo de autónomos que garanticen una "suficiente protección social y reconocimiento de determinados derechos individuales y colectivos, como las interrupciones temporales de la actividad, la prevención de riesgos laborales, la formación profesional o la protección ante contingencias de salud o el cese de la actividad profesional".
Las plataformas aseguran que la mejor manera de llevarlo a cabo es a través de una revisión de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) que podría denominarse "Trade digital" y que tendría que beneficiarse de una simplificación burocrática, mejoras en coberturas y una disminución del umbral de dependencia económica porque puedan trabajar con un mayor número de clientes.
La modificación propuesta contempla una indemnización en caso de extinción unilateral del contrato por parte de la plataforma, a condición de que se haya trabajado un tiempo mínimo; una provisión de seguro por accidente y coberturas de responsabilidad; el compromiso que el fin de la relación con una de las plataformas no afectará la capacidad de trabajar con otras; el derecho a recibir formación y beneficios y descuentos relacionados los servicios que ofrecen las empresas con las cuales colaboren.
La organización ha justificado la propuesta de cambio de regulación asegurando que las plataformas aportan 643 millones de euros y 14.337 puestos de trabajo al mercado español. También han aprovechado para denunciar que "ante la falta de concreción" del legislador, han trabajado "proactivament" para encontrar una solución para mejorar su seguridad jurídica ante un mercado como el español donde se han encontrado con "grandes dificultades" por culpa de la "restrictiva interpretación de la regulación laboral". También se quejan que el volumen de juicios que se han celebrado tampoco ha aclarado la relación jurídica entre repartidor y plataforma, puesto que los tribunales no se han posicionado siempre del mismo modo.