El sindicado Unió de Pagesos ha hecho un llamamiento porque los viticultors del Penedès siguen de forma masiva la huelga convocada este 5 de septiembre contra los bajos precios que las principales empresas cavistes quieren pagar por la uva. Con el lema Precios justos para la uva y el vino, el sindicato agrario recuerda que con los 30 céntimos de media que quieren pagar las grandes bodegas por el kilo de uva no se cubren ni los costes de producción, y que por eso hay que movilizarse. La ampliación de hectáreas de producción, la gestión centralizada desde Madrid de la DO, la compra por parte de multinacionales de las grandes empresas familiares del sector y la guerra de precios bajistas en el sector del Cava acaban afectando, finalmente, el eslabón más débil de la cadena de valor: los labradores.
Un precio de hace 20 años
La huelga de este jueves se deriva de la decisión de los productores de reducir el precio que pagarán por cada kilo de uva y además comprarán menos, porque necesitan menos para elaborar cava y vino base. Los 30 céntimos por kilo es una reducción del 30% respecto del precio que se pagaba un año atrás de media y es un precio que se ofrecía en 1998. Unió de Pagesos estima en 40 céntimos de euro los costes de producción mínimos de un kilogramo de uva base para cava.
Freixenet y Codorniu ofrecen 30 céntimos por kilo de uva, un 30% menos que el año pasado, mientras Unió de Pagesos estima en 40 céntimos los costes mínimos de producción
"La huelga tendrá muy poca incidencia, porque los agricultores sólo pasan un día sin veremar y no afectará al sector. En todo caso podrían optar para dejar de cosechar, pero los labradores no lo podrían soportar, porque no tienen caja de resistencia, según las asociaciones agrarias convocantes", dice la periodista del Vadevi experta en el sector Margalida Ripoll.
Una DO a distancia
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà, ha pedido al ministro de Agricultura en funciones, Luís Planas, que aborde "con firmeza" la situación actual del sector del cava. Después de la cumbre con el sector, Jordà ha transmitido una carta al ministro recordando que ministerio "es el máximo responsable de aquello que afecta al sector y tiene que velar por su presente y futuro".
La DO Cava es una denominación supra autonómica y, a pesar de que el 90% de la superficie de viña está localizada en Catalunya, se puede elaborar en otros comunidades, como por ejemplo Extremadura o el País Valencià. La DO cuenta con 6.200 viticultors de todo el Estado, la mayoría en el Principat. Las demandas, por lo tanto, se tienen que hacer en Madrid, que siempre tiene una visión más alejada de las problemáticas del territorio.
El Departamento apunta como causa del conflicto, entre otros, al "desequilibrio" entre la oferta de uva y vino base y la demanda por parte de empresas elaboradoras y comercialitzadores del cava. El Departamento afirma que el desequilibrio se ha generado también por la entrada de nuevas superficies procedentes de las autorizaciones de nuevas plantaciones y replantacions por parte del ministerio, "que no ha valorado ni ha tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo Regulador del Cava". "Un hecho que ha provocado que se pasen de 33.000 hectáreas a 39.000, ampliando así la oferta y favoreciendo la caída de precios", ha dicho la consejera. "Si se hubiese atendido la reclamación del sector catalán, se hubiese reducido la extensión y la situación actual no hubiese llegado a este extremo", remacha Ripoll.
El Ministerio de Agricultura ha ampliado las áreas de producción de uva para cava de 33.000 hectáreas a 39.000, ampliando la oferta y favoreciendo la caída de precios
Jordà también reclama "flexibilizar los plazos de las autorizaciones a nuevas plantaciones y replantacions" con el objetivo de ayudar a la reducción de la capacidad productiva de uva con vista a los próximos años. Actualmente los plazos son de un máximo de cinco años (dos campañas de superficie arrancada y tres años de autorización) y que se amplíe a ocho años.
Jordà acaba la carta pidiendo "más firmeza y compromiso" por parte del ministerio para "trabajar conjuntamente para conseguir unos precios justos por los productores en beneficio de toda la cadena de producción".
Multinacionales en el Penedès
Una problemática añadida a esta tormenta perfecta es que las dos grandes empresas familiares del sector, Freixenet y Codorniu, las que compran en gran cantidad uva y vino base, han sido adquiridas por empresas extranjeras. Los dos grandes gigantes del cava han pasado de manos catalanas a accionariados de multinacionales -Freixenet fue comprada por Henkell y Codorniu por Carlyle-, alejando el centro de decisiones del territorio.
Durante muchos años estas dos empresas -pero también otros, y el sector en general-, han presionado los precios de las botellas a la baja, obteniendo unos márgenes muy pequeños. Han vendido el cava muy barato, en grandes cantidades, apostando por el volumen y no por la calidad como regla general. En esta guerra de precios, quienes ha perdido poder adquisitivo ha sido el último eslabón de la cadena de valor, es decir, los labradores.
El cava barato toca techo
El Consejo Regulador del cava explicó que durante el ejercicio 2018 se produjeron 244 millones de botellas con un valor de 1.146,8 millones de euros. Del total, un 67,5% se dedicaron al mercado internacional con un incremento de las exportaciones de un 1,8%, un récord histórico. El consumo en el Estado español, en cambio, está estancado y sólo creció un 0,3%, si bien el valor de las ventas del cava se expandieron un 2,9%. El cava barato ha tocado techo, mientras que la demanda en el segmento premium creció un 20,3% y las ventas del cava ecológico se dispararon un 76%. En este sentido, el año pasado, el cava ecológico gran reserva vio incrementar sus ventas un 242,4%.
Solución: volver al pasado y a la calidad
El coordinador comarcal del Alt Penedès de Unió de Pagesos, Rafel Ramon, cree que la solución al conflicto no sólo pasa por subir el precio del kilogramo de uva. "La solución es que volviéramos a pasar a unos stocks y producción razonables por el que admite la superficie del Cava, nos han hecho caso omiso para limitar las producciones y nos hemos encontrado que tenemos demasiadas hectáreas y las ventas no aumentan", reivindica.
"Dar marcha atrás sería ideal, volver a las 32.500 o 33.000 hectáreas, no las actuales", remata. Según el portavoz del sindicato, además, "se tiene que apostar por calidad como DO, no puede ser un producto tirado de precio". Para Ramon, se tienen que cambiar ciertos conceptos de la DO y apostar por la zonificación -"poder decir dónde se ha producido aquella uva y con qué características"-, dado que ahora "toda la uva es lo mismo tanto si sale del Penedès o de Almendralejo".
Esta zonificación dispersa, a demanda de las grandes empresas, ha acabado yendo en contra los intereses de las mismas compañías -y de retruque de los productores-. Querían mucha más uva para poder embotellar y hoy en día "ha quedado obsoleto, les hace daño", concluye.