Estos últimos días, la inmensa mayoría de ciudadanos ha descubierto un término nuevo en el universo de las noticias de actualidad. Se trata de Muface, una entidad con medio siglo de vida, pero desconocida para la mayoría de los contribuyentes. La noticia a través de la cual Muface —que ahora explicaremos qué es— ha saltado a los titulares de la prensa decía que las compañías de seguros dedicadas a la asistencia sanitaria, aquello que popularmente y de manera impropia se conoce como “mutuas de salud”, habían decidido desvincularse del acuerdo con el Estado para ofrecer cobertura a los mutualistas de Muface. Las aseguradoras en cuestión son DKV, Asisa y Adeslas, esta última con VidaCaixa (la aseguradora vinculada a CaixaBank) y Mutua Madrileña como accionistas principales.
Pero antes de analizar el conflicto, que promete muchas páginas en los diarios, expliquemos qué es eso de Muface. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es un organismo de carácter público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios estatales que están adscritos a él. Nació en el año 1975, en una época en la que la sanidad pública todavía no disponía de cobertura para todos los ciudadanos (se considera que en aquel momento el 90% del colectivo funcionarial disponía de una asistencia sanitaria deficiente, por debajo de la que disfrutaban el resto de los contribuyentes).
Por lo tanto, este colectivo de funcionarios —que no es el único, como veremos más adelante— tiene cubierta su asistencia sanitaria no a través del sistema público, sino mediante un conjunto de entidades privadas que cobran un precio político al Estado a cambio de atender a los mutualistas, que son aproximadamente un millón y medio de personas. De este volumen de mutualistas, 1,1 millones son personal activo y unos 400.000 son beneficiarios. Pero cabe decir que el problema que ahora se plantea no afecta a la totalidad, porque unos 460.000 ya eligieron en su momento ser atendidos por el sistema público. La distribución entre compañías es desigual, ya que Adeslas tiene un poco más del 47% de los mutualistas, mientras que Asisa asegura a un tercio y DKV al 19%.
La distribución entre compañías es desigual, ya que Adeslas tiene un poco más del 47% de los mutualistas, mientras que Asisa asegura a un tercio y DKV al 19%
El caso es que las aseguradoras antes mencionadas son las encargadas de ofrecer las coberturas de asistencia sanitaria a los mutualistas, pero no lo hacen a precio de mercado, sino que el Estado negocia con ellas un convenio con un precio tasado, que antes hemos llamado político. Según las entidades aseguradoras, este precio no cubre los gastos que les genera el servicio y, tras años de pérdidas, han decidido no renovar el acuerdo.
Hace pocos días expiraba el plazo para presentar ofertas para el concierto con Muface para el bienio 2025-2026, pero la licitación ha quedado desierta. Según las compañías, en el último período de tres años (2022-2024) las pérdidas acumuladas han totalizado 429 millones de euros, por lo que, sin un aumento drástico en la tarifa, cerrarán el grifo del aseguramiento de este colectivo. Si esto sucediera, más de un millón de personas entrarían de golpe en el sistema público de salud, una circunstancia que podría implicar cierto colapso en algunas zonas del Estado.
Según las compañías, en el último período de tres años (2022-2024) las pérdidas acumuladas han totalizado 429 millones de euros
El presupuesto anual de Muface asciende casi hasta los 2.000 millones de euros, la mayoría de los cuales (unos 1.600 millones) se destinan a la asistencia sanitaria, mientras que el resto se emplea en prestaciones sociales y económicas para los miembros. La cifra de trabajadores de la entidad supera ligeramente las setecientas personas, de las cuales la inmensa mayoría son funcionarios asignados a la entidad (el 95%) y el resto es personal en régimen laboral. Del total de los ingresos, un 77% (alrededor de 1.500 millones) proviene de aportaciones del Estado, mientras que la otra partida relevante son las cuotas que abonan los propios mutualistas, que totalizan el 19% del presupuesto.
La presidenta de Muface es la secretaria de Estado de la Función Pública, Lidia Sánchez Milán, mientras que la dirección general de la entidad recae en Myriam Pallaré Cortón (1975), abogada y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. El secretario general es Pablo Saavedra Inaraja, también abogado y también miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Los vocales del consejo general, el equivalente al consejo de administración de una sociedad mercantil, son los representantes de los sindicatos y de determinadas instituciones públicas, como la policía o la Seguridad Social.
Antes hemos comentado que el colectivo de Muface no es el único que tiene un sistema sanitario fuera del sistema universal, y es que a finales de los setenta también nacieron dos hermanas de Muface: el Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (la mutua general judicial, es decir, de la judicatura). Es de esperar que los problemas aparecidos en Muface acaben extendiéndose a estas otras dos entidades... de hecho, Mapfre y Sanitas ya han hecho público que han decidido abandonar el conjunto de proveedores de asistencia sanitaria de Mugeju.