La justicia decide si la vinculación entre Glovo y los repartidores es correcta o tendrían que ser considerados asalariados, tal y cómo propone la Inspección de Trabajo. El juzgado del social número 5 de Zaragoza juzga desde este lunes 30 de septiembre la causa, después de que la Inspección levantara el verano del año pasado una acta de infracción contra la compañía y estableció que los riders tenían que pasar a ser trabajadores por cuenta ajena. Esto supondría dar de alta a los riders a la Seguridad Social y pagar cerca de 400.000 euros por las cotizaciones sociales atrasadas durante los ocho meses que ha durado la investigación y sumando un 20% de cargo por demora.
Lo que resuelva el tribunal afectará a 300 trabajadores que trabajan en Zaragoza para Glovo. Aun así, sin embargo, la compañía podría pedir que se aplace el juicio alegando que no ha recibido toda la documentación que pidió a Hacienda.
El consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, defiende que el modelo de la empresa barcelonesa no destruye puestos de trabajo porque su servicio consiste en una nueva línea de actividad: "Hemos dado servicio a una demanda global, tenía que pasar con o sin Glovo".
Pierre sostiene que en cuatro años la compañía ha creado 1.500 puestos de trabajo, mayoritariamente con personas altamente cualificadas, mientras que Ferrer ha sostenido que los 7.500 mensajeros que tiene Glovo en España no vienen de un sector concreto, como la logística, "lo cual indica que sectores como este tampoco han dejado de crecer y rechaza el mantra de la destrucción de ocupación".
Sobre los juicios, Pierre explica que cumplirán con "lo que haga falta" e insiste en que continuarán luchando por el modelo laboral que defienden cumpliendo la ley y, si hace falta, ha añadido, adaptarán su modelo. También señala que una regulación "muy agresiva" en España no les irá bien en un futuro y ha alertado que esto provocaría que invirtieran más en otros países.