12
de Febrero
de
2015
Act.
12
de Febrero
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2015
O llegaba el acuerdo o quedaba la nada. Y el gran acuerdo contra la morosidad ha llegado este miércoles con el primero manifiesto Tolerancia Cero con la Morosidad. Partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados se han comprometido con los agentes empresariales, liderados por Pimec y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), por el cumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores: 30 días a las Administraciones Públicas, 60 días en el entorno empresarial, además de una serie de 10 puntos mínimos que se recogen en el documento firmado.
Es el que establece la legislación, y la cordura, pero ha hecho falta una escenificación pública, celebrada este miércoles en Madrid, para remarcar la importancia de dejar de deber de dinero al de fachada.
La III Cumbre Político-Empresarial de la Morosidad, detrás de la cual se encuentra la patronal catalana y la plataforma que preside Antoni Cañete, ha reunido más de 500 empresarios y una sexagésima de mediados de comunicación para otorgar visibilidad a un problema que asola la economía española y, por supuesto, la catalana. Contento y muy satisfecho por el éxito del encuentro, Cañete matiza a VIAempresa qué son los mínimos exigibles el día siguiente de la cumbre. "El más grave problema es que hoy en día se está pagando a las empresas que cobran de las Administraciones y este tipo de 'transfusión de sangre' está sirviendo sólo para una parte. Son las empresas subcontratadas, las más pequeñas, a las que no llegan el dinero", señala.
400.000 cerradas por impagos
La realidad es que las deudas molestan y mucho. Molestan y dificultan avanzar. Cuando son a pequeña escala, en el ámbito de la economía doméstica por ejemplo, el impago es un obstáculo para avanzar. Pero, para las pequeñas y medianas empresas -la gran mayoría de nuestro tejido empresarial- pueden ser su tumba. Según las cifras dadas por la patronal catalana Pimec, la morosidad ha causado el cierre de unas 400.000 empresas principalmente pymes, desde el inicio de la crisis, al Estado español. Una cifra a tener presente. "Una de cada tres empresas que ha cerrado ha estado por la morosidad", afirma, rotundo, Cañete.
Tal como explica, los impagos son causa preferente en la mengua de competitividad empresarial. "Una empresa catalana de 10 millones de euros y otra francesa exactamente igual, cobran a 150 días y a 42 días, respectivamente. La catalana para poder financiarse necesita cinco millones de euros y la francesa, sólo un millón de euros, además los intereses van directamente a su margen... Si esto lo escales a escala de país, qué de las dos será más competitiva? Evidentemente, supone un problema de competitividad y viabilidad", analiza Cañete.
Compromiso político, en año electoral?
Junto con Josep González, presidente de Pimec, ha sido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quienes ha animado a los empresarios que se sientan desprotegidos a denunciar la situación y los ha garantizado que encontrarán el apoyo de las Administraciones Públicas. En este sentido, Cañete ha asegurado que el empresariat quiere saber "quién pedirá transparencia" en este año electoral, puesto que todas las formaciones políticas presentes se han comprometido a incorporar las peticiones del manifiesto de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en sus programas políticos. Es decir, el empresario quiere asegurarse quién se compromete "de viste" a poner fin a una situación que es la tumba de las pequeñas y medianas empresas.
A la buena disposición de Montoro también se han sumado representantes de partidos políticos como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez;Rafael Hernando del PP; Alberto Garzón de Izquierda Unida; Josep Sánchez-Libro, del grupo parlamentario catalán; Pedro Azpiazu, del grupo vasco; y Álvaro Anchuelo, de la formación UPyD. Además,han participado la directora de Emprendeduría y Pymes de la Comisión Europea, Joanna Drake y el director de la Representación en España de la Comisión Europea, Francisco Fonseca.
A ellos, políticos y gestores públicos, demandan también un Observatorio de la Morosidad y un régimen sancionador, otros puntos del documento. "Es necesario. Aquí está realmente nuestra gran petición. Hasta que nohaya un régimen sancionador no pasará nada", apunta Cañete. Y es que, tal como explica, el funcionamiento actual del sistema judicial no es suficiente para resolver los conflictos por reclamaciones de cantidad. "Tardas años a poder recuperar el dinero... Así piensas que la gente puede denunciar algo? Tenemos que crear una situación porque no se pueda volver a repetir", apunta.
Atajar la morosidad al comercio y alimentación
La creación de la Agencia de Control de la morosidad es una de las demandas más urgentes que propone la PMcM, para acabar con la morosidad, que también afecta los comercios de manera alarmante. Según ha publicado este jueves el Instituto de Estadística español (INE), el importe de los impagos en las compras a plazos realizadas por empresas y familias ha caído en todos los territorios durante 2014, a pesar de que el volumen se sitúa en 3.403 millones de euros. En Cataluña, la mitad del importe (el 46,7%) de los efectos de comercio impagados se ha concentrado durante el diciembre pasado.
Teniendo como ejemplo el que ha pasado al sector agroalimentario, la exigencia de mayor contundencia coge fuerza. Según ha explicado en la cumbre el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, este sector tiene un régimen especial que impide retrasar más de 30 días los pagos de alimentos frescos y perecederos, un plazo de 60 días para el resto de compras. En este sentido, se vigila que se paguen los productos en los plazos marcados, y si no se cumplen, se sanciona, puesto que el incumplimiento de los pagos se considera infracción grave y puede comportar multas de hasta 100.000 euros.
"Gracias a esta ley, las ventas a resultas van a extinguirse, puesto que es obligatorio determinar un precio antes de que se entreguen las mercancías, un periodo que tendrá que estar fijado por escrito en el contrato alimentario", ha explicado Herrero. La normativa para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria incorpora nuevos derechos y obligaciones para los operadores. "Prohíbe las prácticas abusivas y establece un régimen de infracciones y sanciones ante su incumplimiento", ha defendido. Desde la entrada en vigor de esta ley (4 de enero de 2014), el AICA ha realizado más de 1.800 inspecciones de control.
Es el que establece la legislación, y la cordura, pero ha hecho falta una escenificación pública, celebrada este miércoles en Madrid, para remarcar la importancia de dejar de deber de dinero al de fachada.
La III Cumbre Político-Empresarial de la Morosidad, detrás de la cual se encuentra la patronal catalana y la plataforma que preside Antoni Cañete, ha reunido más de 500 empresarios y una sexagésima de mediados de comunicación para otorgar visibilidad a un problema que asola la economía española y, por supuesto, la catalana. Contento y muy satisfecho por el éxito del encuentro, Cañete matiza a VIAempresa qué son los mínimos exigibles el día siguiente de la cumbre. "El más grave problema es que hoy en día se está pagando a las empresas que cobran de las Administraciones y este tipo de 'transfusión de sangre' está sirviendo sólo para una parte. Son las empresas subcontratadas, las más pequeñas, a las que no llegan el dinero", señala.
400.000 cerradas por impagos
La realidad es que las deudas molestan y mucho. Molestan y dificultan avanzar. Cuando son a pequeña escala, en el ámbito de la economía doméstica por ejemplo, el impago es un obstáculo para avanzar. Pero, para las pequeñas y medianas empresas -la gran mayoría de nuestro tejido empresarial- pueden ser su tumba. Según las cifras dadas por la patronal catalana Pimec, la morosidad ha causado el cierre de unas 400.000 empresas principalmente pymes, desde el inicio de la crisis, al Estado español. Una cifra a tener presente. "Una de cada tres empresas que ha cerrado ha estado por la morosidad", afirma, rotundo, Cañete.
Tal como explica, los impagos son causa preferente en la mengua de competitividad empresarial. "Una empresa catalana de 10 millones de euros y otra francesa exactamente igual, cobran a 150 días y a 42 días, respectivamente. La catalana para poder financiarse necesita cinco millones de euros y la francesa, sólo un millón de euros, además los intereses van directamente a su margen... Si esto lo escales a escala de país, qué de las dos será más competitiva? Evidentemente, supone un problema de competitividad y viabilidad", analiza Cañete.
Compromiso político, en año electoral?
Junto con Josep González, presidente de Pimec, ha sido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quienes ha animado a los empresarios que se sientan desprotegidos a denunciar la situación y los ha garantizado que encontrarán el apoyo de las Administraciones Públicas. En este sentido, Cañete ha asegurado que el empresariat quiere saber "quién pedirá transparencia" en este año electoral, puesto que todas las formaciones políticas presentes se han comprometido a incorporar las peticiones del manifiesto de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en sus programas políticos. Es decir, el empresario quiere asegurarse quién se compromete "de viste" a poner fin a una situación que es la tumba de las pequeñas y medianas empresas.
A la buena disposición de Montoro también se han sumado representantes de partidos políticos como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez;Rafael Hernando del PP; Alberto Garzón de Izquierda Unida; Josep Sánchez-Libro, del grupo parlamentario catalán; Pedro Azpiazu, del grupo vasco; y Álvaro Anchuelo, de la formación UPyD. Además,han participado la directora de Emprendeduría y Pymes de la Comisión Europea, Joanna Drake y el director de la Representación en España de la Comisión Europea, Francisco Fonseca.
A ellos, políticos y gestores públicos, demandan también un Observatorio de la Morosidad y un régimen sancionador, otros puntos del documento. "Es necesario. Aquí está realmente nuestra gran petición. Hasta que nohaya un régimen sancionador no pasará nada", apunta Cañete. Y es que, tal como explica, el funcionamiento actual del sistema judicial no es suficiente para resolver los conflictos por reclamaciones de cantidad. "Tardas años a poder recuperar el dinero... Así piensas que la gente puede denunciar algo? Tenemos que crear una situación porque no se pueda volver a repetir", apunta.
Atajar la morosidad al comercio y alimentación
La creación de la Agencia de Control de la morosidad es una de las demandas más urgentes que propone la PMcM, para acabar con la morosidad, que también afecta los comercios de manera alarmante. Según ha publicado este jueves el Instituto de Estadística español (INE), el importe de los impagos en las compras a plazos realizadas por empresas y familias ha caído en todos los territorios durante 2014, a pesar de que el volumen se sitúa en 3.403 millones de euros. En Cataluña, la mitad del importe (el 46,7%) de los efectos de comercio impagados se ha concentrado durante el diciembre pasado.
Teniendo como ejemplo el que ha pasado al sector agroalimentario, la exigencia de mayor contundencia coge fuerza. Según ha explicado en la cumbre el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, este sector tiene un régimen especial que impide retrasar más de 30 días los pagos de alimentos frescos y perecederos, un plazo de 60 días para el resto de compras. En este sentido, se vigila que se paguen los productos en los plazos marcados, y si no se cumplen, se sanciona, puesto que el incumplimiento de los pagos se considera infracción grave y puede comportar multas de hasta 100.000 euros.
"Gracias a esta ley, las ventas a resultas van a extinguirse, puesto que es obligatorio determinar un precio antes de que se entreguen las mercancías, un periodo que tendrá que estar fijado por escrito en el contrato alimentario", ha explicado Herrero. La normativa para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria incorpora nuevos derechos y obligaciones para los operadores. "Prohíbe las prácticas abusivas y establece un régimen de infracciones y sanciones ante su incumplimiento", ha defendido. Desde la entrada en vigor de esta ley (4 de enero de 2014), el AICA ha realizado más de 1.800 inspecciones de control.