"Definir como funcionan las cámaras, su relación con los entes socioeconómicos y con la administración y desarrollar el equilibrio territorial". Este ha sido el pistoletazo de salida de la reunión entre la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, y los presidentes de las 13 Cámaras de Comercio de Catalunya para iniciar la elaboración del nuevo borrador de la Ley de Cámaras del territorio catalán. Una ley que hace años que se espera, concretamente desde que en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció que los empresarios no tendrían que pagar las cuotas camerales y después de que el anteproyecto que impulsó el exconseller Jordi Baiget en 2017 quedara parado. Ahora, la propuesta de ley está en marcha y, según ha anunciado Chacón, el borrador estará terminado a finales de año, a pesar de que no se espera que el Parlament lo apruebe hasta de aquí a un año. "No queremos una ley hecha con prisas, pero sí que nos tenemos que poner a trabajar ya", sostiene la consellera.
La voluntad está, pero la cosa no es tan fácil. Si bien las 13 cámaras tienen que consesuar las propuestas para la nueva ley, también es cierto que muchas de las competencias cuelgan directamente del Gobierno. El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, subraya que "no descartamos poner en marcha una cuota empresarial que nos gustaría que fuera obligatoria", pero insiste en que, esto, también depende del Ejecutivo estatal. De momento, pide instaurar una cuota voluntaria para poder financiarse.
Canadell: "La nueva ley de cámaras definirá cuáles son las cámaras de comercio de los próximos 10 o 20 años y debe venir regulada por un cambio normativo"
Sumar territorio y hacer una ley que abarque los intereses de todas las cámaras. Este es el objetivo y, de hecho, Canadell ha aplaudido esta primera toma de contacto para poner en marcha una ley que "definirá cuáles son las cámaras de los próximos 10 o 20 años" y que, además, "tiene que venir regulada por un cambio normativo". Con esto, el presidente de la Cambra de Barcelona tiene claro que "podemos ganar funciones que ahora no tenemos suficientemente desarrolladas y solventar el tema de la financiación". Porque, como siempre ha dicho, "las cámaras pueden ser una buena herramienta para fomentar la economía del país".
Una voluntad... que necesita la confirmación del Estado
Y fomentar la economía del país consiste al escuchar la voz de todo el mundo. En este sentido, la consellera de empresa ha querido dejar muy claro que "escucharemos todas las propuestas sin ningún tipo de restricción" porque el objetivo es, justamente, que esta "sea una ley de consenso". Una ley de consenso en que "establecemos un marco común en qué todas las cámaras se sientan identificadas" porque, recuerda Chacón, "la realidad territorial es muy diferente" y por eso "tiene que ser una tarea de coordinación con todos los agentes".
Chacón y Canadell atienen a la prensa
Aun así, sin embargo, y a pesar de la voluntad del Govern de escuchar todas las voces, "desgraciadamente no tenemos las competencias plenas" y, por lo tanto, "tenemos el límite que establezca la ley", continúa la consellera en relación al hecho que la ley estatal aprobada en 2014 dispone de los elementos básicos que configuran las cámaras de comercio. Una ley que, para Canadell, "tendría que ser una combinación de propuestas" porque, por un lado, "las funciones públicas tendrían que tener una compensación pública", pero, por el otro, "también hay la parte privada" que, a su parecer, se tendría que basar en el pago de estas cuotas obligatorias.
Chacón: "No queremos una ley hecha con prisas, pero sí hay que ponerse a trabajar ya"
En otras ocasiones, la consellera había asegurado que el Govern es partidario de reducir al mínimo posible el número de asientos reservados en los plenarios a las empresas que más pagan. El pleno de la Cambra de Barcelona cuenta con 60 miembros, cuarenta escogidos por sufragio directo en los comicios, 14 designados directamente por las empresas que más dinero aportan a la Cambra y otros seis a propuesta de las patronales catalanas, cuatro para Pimec y dos para Foment del Treball. La voluntad está y la conciencia de la importancia de llevarlo a cabo y que la ley salga adelante también. Quedará por ver qué pasa con el Govern de Catalunya y también con el Gobierno del Estado y cómo se configura todo ello en un ambiente político de inmediata incertidumbre.