Alguna vez se ha preguntado si hay alguna institución u organización que vele por regular las normas de la competencia entre empresas? En Cataluña, se llama Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y tiene como objetivo asegurar que los consumidores no tengan que sufrir las consecuencias de monopolios u otras malas actuaciones por parte de las compañías que afecten negativamente al consumidor. VIA Empresa habla con Marc Realp, director general de la ACCO, quien explica la visión de la Autoridad sobre temas tan sensibles como la polémica entre taxistas y empresas de VTC, el precio de los alquileres en Barcelona, el sharing de bicicletas o patinetes, o la compra –finalmente, frustrada– de Norwegian por parte de IAG.
¿Cuáles fueron las actuaciones ilícitas que llevaron a cabo las cinco empresas implicadas en el concurso del aerobús?
Esto es un expediente que todavía está en curso y, por lo tanto, aún no hay una sentencia o una resolución de la ACCO. Identificamos que había ciertas conductas que podían ser constitutivas de una infracción de la competencia e incubamos un expediente. Esto es un proceso de adjudicación de la línea de aerobús que tiene una adjudicación de unos 90 millones de euros y aquí, indiciariamente, lo que se ha visto es que entre las diferentes empresas que optan al concurso ha habido connivencia para coordinarse a la hora de presentar las ofertas, con el objetivo hacer que una ganara.
De acuerdo, pero su sentencia no anula los procesos. ¿Usted cree que, de alguna manera, los informes del ACCO tienen algo de estériles?
Aquí podemos hablar de dos cosas. Este expediente, cuando acabe, puede acabar con una resolución de la ACCO con una multa a estas empresas. De todos modos, el expediente que hicimos en este caso llevó a la AMB a suspender la adjudicación del concurso.
Entonces, ¿lo hizo por recomendación de la ACCO?
A su criterio, pero sabiendo que la ACCO había iniciado esta vía.
¿Cuáles son los diferentes papeles que puede representar el ACCO cuando se detecta una irregularidad?
Siempre dependiendo del ámbito de actuación, pero tiene dos: uno que es la promoción de la competencia y otro que es la defensa de la competencia. Este último, donde se ubica este caso, es la aplicación de los artículos uno, dos y tres de la ley de defensa de la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros abrimos un expediente, miramos si las empresas han incumplido alguno de los artículos de la ley de defensa de la competencia, instruimos y acabamos con una resolución, que puede ser una multa.
Es decir, la ACCO tiene la capacidad de imponer multas.
Sí, la tiene. De hecho, no sólo eso, incluso las competencias de la ACCO pueden incluir la prohibición de que estas empresas puedan ser contratadas por la administración pública. Además, tenemos otra función que es la de hacer informes no preceptivos ni vinculantes. En este caso, hacemos un informe público diciendo qué nos parece una u otra norma. Incluso las podemos impugnar, siempre que no sea una ley.
Si lo he entendido bien, ustedes pueden intervenir en cualquier normativa que esté por debajo del rango de ley.
Efectivamente. Cualquier reglamento, ya sea de la Generalitat de Cataluña o de cualquier Ayuntamiento, podemos llevarlo ante el contencioso administrativo e impugnarlo directamente. De todos modos, también entendemos que nuestros criterios siempre se tienen que valorar a la hora de aprobar o no aprobar una ley.
"La ACCO tiene dos papeles: el de la promoción de la competencia y el de defensa de la competencia. Incluso puede llegar a multar y a prohibir que la administración pública contrate a una determinada empresa"
Antes hablaba del decreto de regulación del precio de los alquileres. ¿Cuáles son los peligros, según el ACCO, que tendría esta regulación en Barcelona?
A pesar de que ya sabemos que no se ha aprobado, entendemos que hay un problema importante en la vivienda y entendemos que la administración tiene que poder intervenir en este mercado. Eso no lo cuestionamos. Lo que cuestionamos es si esta medida concreta sin ir acompañada de otras medidas podía llegar a ser beneficiosa. Básicamente, porque cuando tú limitas un alquiler, lo que haces, principalmente, es expulsar del mercado muchas viviendas que podrían ser de alquiler. Si el propietario ve que alquilarlo no es tan rentable como ponerlo a la venta, se reducirá la oferta de alquiler. Por lo tanto, si reduces la oferta para la misma demanda, esto tiene una repercusión que es un incremento de precios. Este era el peligro principal que nosotros veíamos y, por lo tanto, es un problema que se puede atacar regulando alquileres, pero que se tiene que intentar solucionar aumentando la oferta de vivienda pública.
¿Es la única vía?
Es la que es más a largo plazo, pero también la más importante. La que realmente tendrá efectos.
Hay un tema en el que ustedes también tienen una posición muy estricta. Es el tema del sharing en Barcelona. Le pregunto en dos direcciones: cuál sería el modelo ideal por el sharing y también si hay alguna ciudad que tengan como referencia en este sentido.
Lo que el Ayuntamiento tiene que poder hacer es regular la ocupación del dominio público, eso está claro. Entendemos que una buena regulación en el sentido del uso de este tipo de vehículos es: donde pueden aparcar, donde no pueden hacerlo, por donde pueden circular y por donde no. Este tiene que ser el elemento clave. Aquí, el Ayuntamiento tiene que tener la capacidad para regular si quiere que los patinetes se aparquen a cualquier lugar o tengan un lugar reservado para poder aparcar. Lo mismo con las bicicletas y lo mismo con las motocicletas. A partir de aquí, se puede poner un régimen sancionador: patinete mal aparcado, multa; bicicleta que no circula por donde tendría que circular, multa... Cualquier regulación que se estructure sobre de esto, entendemos que es limitativa de la competencia. Por lo tanto, medidas como limitar el número de operadores u otorgar un número determinado de licencias, a priori, no nos parecen positivas porque limitan la implantación de este tipo de operadores y la actividad económica de estas empresas.
"No nos parecen positivas medidas como limitar el número de operadores u otorgar una cantidad determinada de licencias porque limitan la actividad económica de las empresas que ofrecen servicios de 'sharing'"
De modo que apostarían por la convivencia del Bicing y otras empresas sin límite.
En principio es eso. Otra cosa es que el Ayuntamiento quiera abrir la actividad a este tipos de empresas de una manera más regulada y quizás más despacio. Nosotros no estamos a favor, pero entendemos que el Ayuntamiento podría tener este tipo de actitud.
Plantean, sin embargo, abrir de par en par la ciudad a estas empresas.
Sí, evidentemente... Y también que se replantee el Bicing. Aquí, lo que queda muy claro es que con la entrada del bike sharing hay una competencia real entre el Bicing, que es público, y las empresas privadas. Se tiene que considerar si, verdaderamente, aquella iniciativa que hace unos años tenía sentido que emprendiera el Ayuntamiento porque quería incentivar un tipo de vehículo todavía continúa teniéndolo. Lo que es evidente es que es no están compitiendo en igualdad de condiciones el Bicing y el sharing y esto el Ayuntamiento se lo tiene que plantear.
Hubo mucho debate en los medios de comunicación, y también a la sociedad, sobre el conflicto entre el taxi y el VTC. Aquí, dentro del ACCO, ¿también hubo debate y discrepancias?
El sector del taxi es un sector híper regulado que se comporta como un monopolio y que, por lo tanto, se tiene que abrir y se tiene que regular. Tanto taxis como VTC se tienen que regular del mismo modo y se tiene que abrir el sector a la competencia. Aquí no hay ningún tipo de duda: cualquier regulación que vaya en la línea de separar los taxis por un lado y los VTC por otro no está justificado desde la política de la competencia.
"Tanto los taxis como los VTC se tienen que regular del mismo modo y se tiene que abrir el sector a la competencia"
Recibieron quejas desde el colectivo de los taxistas?
Claro. Los taxistas, de la misma forma que cualquier sector ve amenazado su negocio, se posiciona en contra y reacciona. Ahora bien, entre todos tenemos que tener una mirada más larga y plantearnos si la regulación del sector del taxi tiene que ser la que es o si hemos de abrirla a la competencia, sobre todo pensando en el consumidor.
¿La ACCO se posiciona en el problema con la situación de los trabajadores de Glovo o Deliveroo?
Es un tema sobre el cual, desde la ACCO, muy poca cosa podemos decir. Nos preocupa y mucho, pero a nivel de competencia es difícil que nosotros como Autoridad podamos entrar. Es más un tema laboral. De todos modos, sí que es cierto que hay sentencias que dan la razón a los repartidores de Glovo en el sentido de que son falsos autónomos. Si esto se confirmara –puesto que también hay sentencias que dicen que no–, quizás sí que nos podríamos llegar a plantear una actuación si este tipos de empresas están haciendo una competencia desleal y obtienen una ventaja competitiva respecto a sus competidores.
Si esto fuera así, el ACCO tendría la capacidad de incidir hasta el punto de amonestar las empresas implicadas.
Hay que tener en cuenta la relación entre la ACCO y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y ver si el caso pertenece a un organismo o al otro. Pero sí, podríamos llegar a sancionar esee tipos de empresas.
¿Cuáles serían los peligros de la compra de Norwegian por la compañía IAG?
Este caso es muy evidente. Nosotros hicimos un análisis línea a línea en el Aeropuerto de Barcelona sobre cuáles eran de IAG y cuáles de Norwegian y qué competencia en cuanto a los trayectos había entre las dos empresas. Esta fusión comportaba que nos quedáramos con muchos trayectos operados con una única línea y, por lo tanto, aquí no hay competencia de precios ni de ningún tipo. Esto perjudica, evidentemente, el consumidor porque da la posibilidad a la empresa que opera la línea de subir precios. Al final, esto no se ha llevado a cabo no sabemos por qué criterios.
"Si se hubiera producido la compra de Norwegian por parte de IAG, muchos trayectos habrían quedado operadas sólo por una compañía"
Me podría hacer uan valoración de los 10 años de historia de la ACCO y cuáles son los hitos que cree que han conseguido.
Todos los países desarrollados del mundo tienen Autoridad de la competencia y, por lo tanto, es muy importante que el gobierno de la Generalitat de Catalunya en su momento decidiera crear una autoridad como la nuestra. En diez años hemos ido reforzando las actuaciones, hemos actuado en diferentes ámbitos y, hoy en día, estamos imponiendo una media de unos 500.000 euros de sanciones el año. Nuestro retorno a la sociedad está entre los tres y cuatro euros invertidos. Ahora bien, si nos comparamos por dimensiones y volumen de recursos con otros países de nuestro entorno, recibimos muchos menos. Si, por ejemplo, analizamos a Austria, que, por PIB y dimensiones de habitantes es equivalente a Cataluña, es verdad que la ACCO está infradotada. Tenemos la mitad de personal y presupuesto que tiene, por ejemplo, la autoridad austríaca.
¿Y comparados con otras autoridades del Estado español?
Si hacemos una ratio por habitante con otras autoridades autonómicas también estamos infradotados. Sin ir más lejos, comparados con la andaluza o la vasca.
Por lo tanto, al futuro le piden mejorar esas dotaciones, supongo.
Pues sí, pedimos al gobierno que apueste realmente por la ACCO. Ya lo ha hecho, pero que lo haga todavía más. Que nos permita dotarnos de más recursos para ser una autoridad con mucha más capacidad de actuación y mucho más eficiente o efectiva para los ciudadanos.
"Desde el ACCO nos gustaría que el gobierno nos dotara todavía de más recursos para equipararnos a autoridades como la austríaca"
¿Cuáles son sus líneas de trabajo como director general del ACCO?
Poder ser mucho más efectivos. Hoy en día resolvemos casos con sanciones importantes cinco o seis veces el año. Tendríamos que poder llegar al doble. También tendríamos que estar mejor dotados para hacer inspecciones domiciliarias, ya que tenemos la capacidad. En el ámbito de promoción con nuestros informes, tendríamos que tener la capacidad de incidir mucho más. Esto es un cambio de tendencia que hemos conseguido los últimos años y espero que vaya en aumento. Después, existe un objetivo que es el de poder, de alguna manera, internacionalizar el trabajo que hacemos desde el ACCO.
¿A que se refiere?
A tener presencia en las redes internacionales, donde, actualmente, no estamos.