Cuenta atrás para Muface. A medida que se acerca el 2025, el hipotético escenario en el que desaparece la asistencia sanitaria ofrecida al colectivo de funcionarios bajo el paraguas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, se agranda. Si bien el gobierno español ha prometido una nueva licitación antes de que termine el año, después de que todas las aseguradoras -DKV, Asisa y Adeslas- dieran un paso atrás a la hora de presentar oferta para el bienio 2025-2026, solo quedan dos semanas para resolver una crisis que afecta al total de 1,53 millones de funcionarios inscritos en Muface, y que pone en jaque un sistema de sanidad pública que debería absorber la cifra de 1,072 millones de mutualistas que actualmente optan por la sanidad privada; un elevado grupo de personas que ya se está movilizando en todo el país.
Un concierto desierto
El origen del conflicto se remonta al pasado 8 de octubre. El Consejo de Ministros autorizó la celebración de un nuevo concierto que contemplaba un incremento de las primas -la cantidad que paga el gobierno a las mutuas por cada funcionario- del 17,12% para el próximo bienio 2025-2026: una propuesta que se traducía en un aumento total del nuevo concierto de 303 millones respecto al 2024. Casi un mes después, el 5 de noviembre, las tres aseguradoras ya mencionadas se negaron a participar en la licitación, alegando que este incremento es insuficiente para cubrir gastos. El principal dato que demuestra este déficit es el de los 429 millones de euros en pérdidas que las compañías aseguradoras habrían totalizado en el periodo comprendido entre 2022 y 2024, motivo por el cual reclaman una subida de las primas de hasta el 40%.
Las compañías aseguradoras han totalizado, entre 2022 y 2024, 429 millones de euros en pérdidas
Ante este desacuerdo, CCOO amenazó rápidamente con movilizaciones en todo el Estado "si no hay una respuesta clara y un compromiso" de Muface para garantizar el servicio a los mutualistas. Y así ha sido. Ante el prolongado bloqueo de la situación y las numerosas quejas que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) está recibiendo a raíz de un grupo de mutualistas cada vez más elevado, a los cuales se les estarían posponiendo citas médicas, asistencias y operaciones ya programadas, estos han salido a la calle para exigir financiación para Muface, un organismo que al borde de su 50 aniversario se encuentra ante su crisis más grande.
Movilizaciones en todo el país
Las comunidades más afectadas son Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, que concentran un 21%, un 15,3% y un 10,7% de los afectados, esta última seguida muy de cerca por Cataluña, con un 10,6%. El caso madrileño es el que más ruido ha hecho recientemente, con una movilización de entre 35.000 y 50.000 funcionarios que, auspiciados por el CSIF, se dirigieron el pasado sábado a la sede de Muface, situada en la Ciudad Universitaria de Madrid, para reclamar “financiación suficiente” para garantizar su sistema actual de cobertura sanitaria, de cara a los próximos dos años.
Las movilizaciones –más reducidas– se han extendido a la capital catalana durante la mañana del pasado lunes, con una sesentena de funcionarios y delegados sindicales que se han manifestado en el centro de Barcelona para exigir el anuncio de un segundo concurso que garantice la continuidad de Muface. "Espero que el gobierno sea lo suficientemente responsable para que la oferta que pondrá sobre la mesa esta semana sea suficiente. Si no, tendrá un problema muy grande porque no nos detendremos y tomaremos medidas contundentes", ha dicho Modesto Berciano, presidente de CSIF en Lleida. Las protestas en la capital catalana han transcurrido mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, pedía tranquilidad: “La sanidad pública puede asumir perfectamente a los mutualistas”.
Ernest Urtasun (Sumar): "La mejor manera de garantizar el derecho a la sanidad es con una sanidad pública y bien financiada"
"En caso de que las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública no lleguen a un acuerdo, porque a las aseguradoras no les resultan rentables los mutualistas, nosotros creemos que la sanidad pública es el mejor lugar donde se puede tratar a los pacientes", recordó García, justo antes de la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Unas declaraciones poco convincentes para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no tardó en acusar tanto a García como al ministro de Transformación Digital y de Sanidad, Óscar López, de “erosionar” el sistema con la crisis de Muface.
Mientras muchos de los mutualistas se acercan a estas movilizaciones y a la prórroga del actual concierto de las aseguradoras, que el gobierno español ha asegurado que es ampliable hasta seis meses -una posibilidad que el CSIF no ha tardado en poner en duda-, la posibilidad de que la cobertura médica de los funcionarios pase a manos de la sanidad pública gana fuerza: el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad asegura que la sanidad pública es la alternativa “sólida y razonable” a este modelo. “La mejor manera de garantizar el derecho a la sanidad es con una sanidad pública y bien financiada”, ha asegurado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien ha acusado “la avaricia de las aseguradoras privadas” como culpable de este incierto escenario.
"Se está jugando con la vida de 1,5 millones de personas"
Se trata de una propuesta, sin embargo, de dudosa viabilidad según el CSIF, que ha recriminado al gobierno español “estar jugando con la vida de 1,5 millones de personas”: “Este millón y medio de personas son nuestros maestros, nuestros policías, los funcionarios de los Ministerios y, por supuesto, no se merecen que, con el servicio que están prestando a los ciudadanos, se esté desatendiendo su asistencia sanitaria”, ha apuntado el presidente del organismo, Miguel Borra, quien considera “inviable” la propuesta de Sumar y asegura que abocaría en un “colapso del sistema público de salud”.
En este sentido, por el déficit de personal sanitario y el envejecimiento de la población española, que conllevan unas prolongadas listas de espera, la llegada de 1,5 millones de personas -el 3,1% de la población española- a los hospitales y centros de salud, no es precisamente una buena noticia. Además, el mismo CSIF, que ha elevado las quejas a Bruselas, recuerda que los jubilados de Muface pagan el 30% de los medicamentos que consumen, un coste que iría a cargo de las cuentas del Estado si la sanidad pública acabara siendo la solución de esta crisis.
¿Una posible huelga de las administraciones?
"Cuanto mayor es el caos, más cerca es la solución". Este proverbio de origen chino podría explicar por qué, a tan solo dos semanas de acabar el año, los mutualistas abogan por el caos: "No descartamos una huelga de las Administraciones Públicas", ha advertido el presidente del CSIF. Lo hizo el pasado sábado, a Madrid, rodeado de miles de mutualistas que ni creen ni quieren creer las previsiones y soluciones ofrecidas por la clase política, y que han emitido clamores como los siguientes: "Mi médico me atiende desde hace 20 años. ¿Tengo que explicarle todo a un de nuevo?". "Muerta de inanición, mutualismo solución". "Esto es un jubiladocidio. ¡Solo quieren que los jubilados nos muramos!".