Un informe de la AIReF, la autoridad fiscal independiente, carga duramente contra el modelo de Muface. En estos últimos meses de inquietud por parte de los mutualistas a consecuencia de la polémica en torno al proceso de adjudicación del concierto sanitario a Asisa y Adeslas, lo tilda de singularidad anómala en relación con otros países del entorno y considera que el mutualismo que aplica ha devenido ineficaz e ineficiente. Dilapida, dice, miles de millones de euros desde 1975. Sin impedir que los 1,53 millones de mutualistas de ahora opten por seguir en cualquiera de las dos mutuas privadas que participan o afiliarse a la seguridad social, plantea dos sugerencias: la primera que desaparezca Muface como institución mutual depositaria de todos los funcionarios; y la segunda que a partir de ahora los nuevos funcionarios se incorporen todos directamente al sistema nacional de salud.
Mucha tensión en los últimos meses entre los funcionarios sobre quién cuidará de su salud de ahora en adelante. Las tres mutuas que cumplían la tarea se negaron a seguir en las condiciones que les ofrecían, pero dos se han retractado una vez que aumentaron las primas. De esta manera, después de Semana Santa, Asisa y Adeslas firmarán el nuevo convenio por tres años, abriendo un período para que los funcionarios elijan entre estos servicios privados o la seguridad social generalista.
Modelo poco sostenible
Las cuestiones clave son si el modelo resulta rentable y, en segundo lugar, si mantiene hoy su razón de ser. En cuanto al primer tema de la rentabilidad, cabe decir que los cerca de cinco mil millones de euros que costará el nuevo convenio hasta 2027 cubrirá unas primas equivalentes a unos 1.400 euros por mutualista, cuatrocientos euros más que el anterior. Esta cantidad se aproxima a los 1.500-2.000 euros que paga el estado a la seguridad social, según datos del ministerio de Salud español y replica la OCDE. Ahora bien, hay que matizar.
La seguridad social cubre a una población globalmente más anciana, todos los casos más graves, las hospitalizaciones a largo plazo, e incluso algunos de los servicios adscritos a las compañías privadas; estas partidas encarecen sustancialmente el servicio público y no entran dentro del cómputo. Por otro lado, los hospitales privados cobran también a Muface los medicamentos hospitalarios -mucho más caros, por cierto- y las pruebas complejas. Dicho esto, por mucho que los hospitales privados digan que son más baratos que la seguridad social, los datos no lo confirman. A partir de ahí, se puede deducir fácilmente que si las cantidades que la institución deriva a los hospitales privados, incluidas las primas de seguro, las prestaciones farmacéuticas y las complementarias, fueran a llenar las arcas de la seguridad social, las economías de escala darían para cubrir la incorporación de nuevos miembros y para una mejora sustancial de los servicios.
Históricamente superado
La segunda cuestión -la vigencia de este modelo mutual- nos obliga a hacer una mirada atrás. El mutualismo nace de la beneficencia: hospitales, conventos, cofradías e instituciones caritativas medievales, sostenidas por la limosna de quienes más tenían. No era realmente mutualismo, sino una forma de caridad para redimir conciencias y ganar el cielo.
El mutualismo nace de la beneficencia: hospitales, conventos, cofradías e instituciones caritativas medievales, sostenidas por la limosna de quienes más tenían
Con la revolución industrial, el mutualismo toma su sentido definitivo. Ante la falta de protección social a lo largo de todo el siglo XIX, los trabajadores impulsan formas de ayuda mutua. Como explica Pere Solà (El mutualismo y su función social: sinopsis histórica, CIRIEC, 2003), el cooperativismo y el mutualismo permiten alcanzar colectivamente objetivos inalcanzables de forma individual. Este espíritu de autodefensa colectiva genera un sistema solidario que cubre los riesgos de los miembros a través de la contribución compartida.
En los últimos años de aquel siglo y sobre todo en la Segunda República se desarrolló la primera legislación española en la materia. La Ley de Mutualidades del franquismo de 1941 se basa, irónicamente, en las pioneras leyes catalanas impulsadas desde Catalunya en aquel período. Bajo su paraguas nacen los Montepios, las mutuas de previsión social, las mutuas de seguros y sobre todo los seguros de enfermedad. Cuando inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos toman la iniciativa, a cambio de impuestos, y se responsabilizan completamente de una serie de servicios, entre los cuales el de la salud de sus ciudadanos, el concepto mutual entra en declive: es el estado quien en nombre de todos los ciudadanos mutualiza la sociedad, es decir, los mismos ciudadanos organizados se otorgan estos servicios financiados entre todos.
La Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 abre el camino a que los funcionarios se acojan a regímenes especiales de protección alternativa al sistema universal como Muface. Es encomiable el esfuerzo de la dictadura hacia este colectivo, en clave de buscar la fidelidad ideológica. Durante décadas, este privilegio se mantiene discretamente mientras se consolida el estado del bienestar. Sin embargo, a estas alturas, con la universalización de la sanidad pública, este modelo mutualista se vuelve redundante: ¿por qué destinar recursos específicos a un colectivo que puede ser atendido con los mismos atributos por el sistema general? Es un caso paradigmático de gasto duplicado, innecesario y sin valor añadido. Un despropósito ineficaz e ineficaz, en palabras de la AIReF.
En un sistema donde abundan las duplicidades, las pruebas innecesarias y los servicios mal canalizados, la racionalización no es una opción: es una necesidad
No sorprende que los sindicatos defiendan el modelo con dientes y uñas. Rechazan cualquier propuesta de recorte y reclaman mantenerlo como referente. También las clínicas privadas se muestran favorables y coinciden en defenderlo por motivos más concretos; consideran que la incorporación de más de un millón y medio de mutualistas a la seguridad social generaría un impacto negativo para el sistema público de salud, que vive con elevadas listas de espera tanto para intervenciones quirúrgicas como de consultas especializadas. En este sentido, la patronal de la sanidad privada, en defensa de sus intereses, abriga la idea de que el modelo de colaboración pública privada es el más adecuado para una sociedad que progresa.
Tenemos motivos para enorgullecernos del sistema público de salud como uno de los pilares del estado del bienestar; esto no significa que el presupuesto se pueda estirar eternamente. Hay que preservar la calidad del servicio, sin recortar derechos ni frenar la innovación, pero también sin malgastar recursos. En un sistema donde abundan las duplicidades, las pruebas innecesarias y los servicios mal canalizados, la racionalización no es una opción: es una necesidad. El desmantelamiento gradual de un modelo anacrónico como el de Muface, evitando lesionar los derechos adquiridos por los usuarios, es un paso imprescindible para avanzar hacia una gestión eficiente y equitativa de los recursos sanitarios.