Hace pocas semanas, el Santo Padre hizo unas declaraciones en las que advertía que era necesario aplicar medidas drásticas y urgentes para estabilizar el fondo de pensiones del Vaticano, porque, según parece, muestra unos desajustes preocupantes. En concreto, Francisco afirmó que “diversos estudios encargados concluyen que la gestión actual del sistema de pensiones, teniendo en cuenta los activos disponibles, genera un déficit relevante”. La consecuencia inmediata de esto, según el propio Francisco, es que “se necesitan medidas urgentes de carácter estructural que no podemos posponer más. Hay que lograr la sostenibilidad del fondo de pensiones teniendo en cuenta que los recursos disponibles son limitados. Estas reformas estructurales son necesarias para garantizar una cobertura de jubilación adecuada para nuestros trabajadores actuales y futuros. Por tanto, es necesario tomar decisiones difíciles que requerirán una gran sensibilidad, generosidad y la voluntad de hacer sacrificios en beneficio del colectivo”. Unas declaraciones que, a los profanos, les parecerán sorprendentes, y que hizo en el marco de una carta abierta destinada al Colegio Cardenalicio y a los prefectos y responsables de las instituciones de la Curia, y a las entidades de la Curia Romana e instituciones asociadas a la Santa Sede.
La misma opacidad de las finanzas vaticanas hace muy difícil realizar un análisis detallado desde fuera, pero cabe suponer que el actual sistema de pensiones de la Santa Sede debe basarse en un sistema de reparto (como el sistema público español) o de capitalización colectiva (como algunas mutualidades antiguas), dos modalidades que se ven afectadas de manera drástica por el perfil demográfico del colectivo y donde una caída de las altas de cotizantes genera tensiones en el pago de las jubilaciones muy difíciles de resolver.
Parece que el último ejercicio cerrado aportó un déficit a las cuentas de unos 83 millones de euros, con un desfase acumulado entre activos y pasivos que ya supera los 600 millones
De las pocas cifras que se pueden vislumbrar, parece que el último ejercicio cerrado aportó un déficit a las cuentas de unos 83 millones de euros, con un desfase acumulado entre activos y pasivos que ya supera los 600 millones. Si a las cifras restringidas a la Santa Sede se le agregan los dos bloques que conforman la Diócesis de Roma, es decir, el Vicariato de Roma y el Vicariato de la Ciudad del Vaticano, parece que el déficit podría dispararse hasta cerca de los 1.000 millones de euros.
La primera medida del Santo Padre ante esta situación tan alarmante ha sido nombrar al cardenal Kevin J. Farrell (1947) como administrador único del fondo de pensiones. El nuevo responsable máximo es un prelado irlandés con pasaporte de los Estados Unidos extraordinariamente bien conectado y que en la actualidad es el camarlengo del Vaticano. Desde 2016 es el Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Fue ordenado sacerdote en 1978, de la mano de los Legionarios de Cristo, la congregación fundada por el obispo mexicano Marcial Maciel en 1941 que durante los primeros años del siglo XXI fue portada de muchos medios por la investigación sobre los abusos sexuales de Maciel y otras dos decenas de miembros más sobre menores vinculados a la congregación. Cabe decir que Farrell abandonó los Legionarios de Cristo a comienzos de la década de los ochenta.
Desde un punto de vista técnico, el sistema de pensiones del Vaticano funciona como un sistema contributivo en el que se cotiza a partir del salario recibido. El porcentaje varía en función de cuál sea la institución ocupacional; en este sentido, quienes prestan servicios en la Curia Romana, en la Ciudad del Vaticano o en otras entidades gestionadas por la Santa Sede tienen una cotización del 33% del salario, aproximadamente un 24% a cargo de la entidad y alrededor del 9% a cargo del propio trabajador. En otras instituciones vinculadas, tanto los porcentajes totales como el reparto se modifican, tendiendo a una aportación menor en términos generales. El derecho a percibir pensión de jubilación se devenga a los 65 años para el personal laico y a los 70 para el personal religioso. El importe de esta prestación se calcula en función de los años de antigüedad y del salario final. Cabe decir que también están previstas las pensiones por incapacidad.
Fuera del ámbito puramente de las pensiones, pero afectadas por ellas, en los gastos generales del Vaticano ya hace tiempo que se aplican recortes, como los de 2021, en virtud de los cuales los cardenales sufrieron una reducción del 10% de su salario, además de la anulación de los descuentos en el alquiler de los inmuebles que pertenecen al patrimonio vaticano.
El derecho a percibir pensión de jubilación se devenga a los 65 años para el personal laico y a los 70 para el personal religioso
Las primeras reacciones conocidas han sido las de la asociación de trabajadores laicos, agrupados en la plataforma ADLV, que han puesto sobre la mesa la opacidad del sistema y sus dudas sobre la equidad que tendrán las medidas para recortar las pensiones. También se preguntan sobre la efectividad de la reforma financiera iniciada en el Vaticano hace ya cuatro años.
Habrá que estar atentos a la evolución de este conflicto, que amenaza con contaminar las estructuras de la Santa Sede más allá de las mismas pensiones y que está haciendo que aparezcan muchas dudas sobre el modo de funcionamiento de la constelación de entidades que rodean al Vaticano.