Pimec ha solicitado incentivos para las pymes y que los contratos públicos también apliquen la reducción de jornada que propone el Ministerio de Trabajo en una reunión con la titular de la cartera, Yolanda Díaz. "Debemos ser muy rigurosos y serios", ha dicho el presidente de Pimec, Antoni Cañete, quien cree que es necesario evitar el desequilibrio entre el sector público y el privado que se ha producido con el aumento del salario mínimo que hizo que algunas compañías entraran en "pérdidas". Según el líder empresarial, el Ministerio es "sensible" a la petición patronal. A la salida de la reunión, la vicepresidenta segunda del gobierno español ha defendido que este derecho debe ser para todos los trabajadores y "no solo para el sector público o la banca".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social visitará de nuevo a empresarios de Pimec que detallarán cómo podría afectar la reducción de la jornada a los diferentes sectores de actividad. Uno de los gremios que, según la patronal, se encontraría con problemas sería el farmacéutico. "Estoy en Catalunya porque las pymes tienen un peso muy importante y también porque la economía catalana es muy relevante en el conjunto del país", ha dicho la ministra, quien ha prometido que dialogará "hasta el infinito" para hacer posible esta reducción de jornada.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social visitará de nuevo a empresarios de Pimec que detallarán cómo podría afectar la reducción de la jornada a los diferentes sectores de actividad
Díaz ha insistido en que los trabajadores "necesitan" reducir el tiempo de trabajo y ha dicho que espera añadir las propuestas de los agentes sociales y políticos con quienes se reunirá en unos días de "agenda intensa" en Catalunya. Entre otros, la vicepresidenta segunda se reunirá con el presidente del Gobierno, Salvador Illa.
Para la vicepresidenta segunda, es posible conciliar la reducción de la jornada con las necesidades de las pymes. Díaz ha insistido en que trabajar menos "no es un derecho solo de una parte de los trabajadores". "La jornada laboral reducida no puede ser solo para los trabajadores públicos o de la banca. Debe llegar también al sector de la comunicación, del comercio, de la manufactura", ha dicho.
La mesa de diálogo social que negocia la reducción de jornada se reunió por primera vez desde la pausa de verano el 9 de septiembre y no se volverá a reunir hasta el próximo martes, 24 de septiembre. Entre estas dos fechas, la vicepresidenta segunda ha iniciado varias rondas de contactos para convencer a las patronales, que no ven con buenos ojos una reducción de jornada igual para todos los sectores y empresas. Por este motivo, el ministerio de Trabajo anunció un plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. Díaz no ha dado ningún detalle sobre qué presupuesto tendrá este plan y se ha limitado a decir que servirá para ayudar "a las empresas que más lo necesiten".
La mesa de diálogo social que negocia la reducción de jornada se reunió por primera vez desde la pausa de verano el 9 de septiembre y no se volverá a reunir hasta el próximo martes, 24 de septiembre
Estas propuestas con incentivos y bonificaciones anunciadas la semana pasada son un avance, pero todavía "insuficientes" para Pimec, que continúa mostrándose "preocupada" por la medida. "Una empresa de tres trabajadores que reduzca la jornada laboral no contratará más", ha ejemplificado Cañete, después de reunirse con la ministra.
En este sentido, Pimec considera que la reducción de jornada que plantea el ministerio de Trabajo puede afectar la viabilidad, competitividad y el futuro de muchas pymes de diferentes sectores. La patronal ve "impensable" que el costo de una medida como esta deba ser asumido "solo por las empresas" y considera fundamental la puesta en marcha de incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social.
En lo que respecta a la contratación pública y las actividades con precios regulados, ha propuesto que cualquier norma que se adopte contemple el principio de corresponsabilidad de las administraciones, con la posibilidad de adaptación automática de precios para evitar el desequilibrio en la relación pública y privada por la aplicación de la medida y evitar problemas como los surgidos con el SMI.