Catalunya declaró la emergencia climática en mayo del 2019 y al Ayuntamiento de Barcelona le faltó tiempo para declararla en enero del 2020. Se aceleran las olas de calor y las muertes atribuidas a estas, incendios y extinción de especies masivas. Las emisiones del transporte aumentan en el 2022 un 6% respecto al 2021 a pesar del aumento de los precios. Las emisiones totales de gases se han incrementado un 3% desde el 1990 y solo restan ocho años para reducirlas un 23% según el GEH, la estadística de los Gases de Efecto Invernadero. Solo en Catalunya, en un año, nuestras emisiones de CO₂ han crecido un 22,8%.
Se multiplican las declaraciones, planes y medidas teóricas para reconducir esta situación, pero la realidad desmiente que estos esfuerzos sean eficientes y reconduzcan la situación actual a la velocidad requerida. Como contrapunto tenemos dos datos significativos: la reducción de energía final necesaria por unidad de PIB y la caída de la demanda eléctrica. La tecnología desarrollada en el sector energético empieza a dar un ligero fruto, pero con este ritmo ni en cien años llegaremos a los objetivos.
Catalunya lleva un retraso importante en el despliegue de energías renovables solares y eólicas que ayude a corregir esta situación, debido a dos factores: un territorio complejo, montañoso, con pocos valles amplios -y los que tenemos están poblados- y una carencia de liderazgo público que quite trabas y dificultades sin sentido en las zonas donde se podrían instalar.
En el 2022 la demanda energética en Catalunya se ha cubierto un 14% con recursos propios y un 86% con recursos ajenos
Mirad el mix energético eléctrico que tenemos: El 53% de la energía que generamos es nuclear, la mayoría para ser consumida en el resto del estado y no sabría decir si es o no renovable. Un 26% la generan los ciclos combinados y la cogeneración, que estos claramente emiten CO₂ de forma considerable. La fuente hidráulica genera el 6%, la eólica el 5% y, en la cola, la fotovoltaica que sólo lo hace con un 1%. The game is over y queda muy claro que seremos importadores de energía renovable por los siglos de los siglos, cuando apaguen las centrales nucleares y nos vendan la energía solar generada a 1.000 km de distancia pagando nosotros los peajes del transporte y compitiendo deslealmente con nuestras plantas locales. Un negocio ruinoso como país.
En el 2022 la demanda energética en Catalunya se ha cubierto un 14% con recursos propios y un 86% con recursos ajenos, mientras que la proporción en el 2021 fue del 16% versus el 84%. Por lo tanto, crece la dependencia y somos menos autónomos, llevándonos a un escenario donde tenemos la energía más cara, más sucia y menos renovable que el año anterior.
En el conjunto de España hay que acelerar la penetración de las renovables en el uso de la energía final del país para lograr el 42% previsto para el 2030. También se espera llegar a un 81% de energía renovable en el consumo eléctrico por el mismo periodo. El problema es que actualmente, en el 2022 la cuota de renovables en el consumo de la energía no supera el 22%. ¿Alguien cree que en siete años lo podremos doblar? Imposible con los mecanismos actuales y será difícil reducir el impacto actual de las importaciones energéticas que hacemos, que suponen el 4% del PIB. Difícil lo tiene nuestra empresa exportadora industrial.
El Gobierno español, impulsado por la Comisión Europea, ha elaborado el nuevo Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) que pretende ser la hoja para cumplir los acuerdos de París, reduciendo las emisiones de gases (GEI), incorporando energías renovables y mejorando la eficiencia energética. El plan se basa en una buena metodología, pero está falto de hitos e indicadores en la mayor parte de sus propuestas que ponen en entredicho su rigor y viabilidad. Una lástima, pero vamos a verlo al detalle:
Del millón de coches que compramos al año, solo 50.000 son eléctricos
- Respecto a la descarbonización, hay que desarrollar el marco necesario para impulsar la gestión de la demanda y la flexibilidad del sistema. Hay que adaptar la red de transporte y distribución para el nuevo modelo energético distribuido, incorporar el biocombustible al transporte, con un aprovechamiento de la biomasa, y hacer una auténtica simplificación administrativa que empodere a la ciudadanía (como casi siempre, fuera del centro de acción).
- Respecto a la eficiencia energética, no hay una ley de movilidad sostenible, ni de financiación del transporte público. La renovación del parque automovilístico aspirante a 5 millones de vehículos eléctricos para el 2030 es imposible, puesto que del millón de coches que compramos al año, solo 50.000 son eléctricos. Tardaríamos 20 años al ritmo actual a llegar a los objetivos previstos. Uno de los temas más graves es que de los 241.000 millones previstos de inversión para mejorar la eficiencia, sólo el 3% se destina al sector industrial y el PNIEC prevé que el 80% de esta inversión la financie el sector privado. Necesitamos más ayudas para cambiar las cubiertas de fibrocemento de las naves industriales y bajar el tope de las inversiones mínimas en eficiencia en el sector industrial.
- Respecto al mercado interior, estamos muy lejos de llegar a los objetivos de interconexión con Francia y Portugal. No hemos avanzado casi nada en almacenamiento eléctrico para dar flexibilidad al sistema. Hay todavía un gran secreto bien guardado, escondido en los agentes implicados, respecto al estado de las conexiones de la red, secreto evidentemente reservado al monopolio para que pueda continuar haciendo los mejores negocios.
Una conclusión rápida sobre el PNIEC es que la pyme ha sido la gran ausente en su formulación: el 99% de las empresas del país que se espera que financien la fiesta no han sido invitadas en su redacción. No obstante, y para que no sea dicho, en el periodo de consultas podremos decir la nuestra, pero todos sabemos que quien redacta el documento base tiene la partida ganada. El día que la clase política responda por los incumplimientos de sus compromisos, empezaremos a ver documentos más consensuados y más serios.