El Gobierno ha aprobado el Plan de medidas para impulsar una estrategia de mejora de la evaluación médica, la inspección, la gestión y el control de procesos médicos y sanitarios relacionados con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social por incapacidades laborales. Este plan tiene como objetivo reforzar la agilidad y calidad de los servicios de evaluación médica e inspección sanitaria que lleva a cabo el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), así como reducir la acumulación de expedientes de incapacidad temporal en el ICAM y agilizar los reconocimientos médicos. Además, una de las medidas es la flexibilización de forma temporal y excepcional de los requisitos del conocimiento del catalán para facilitar la cobertura de vacantes de médicos.
Entre otros, también se reforzará la plantilla con nuevos perfiles profesionales, sanitarios y administrativos para agilizar la gestión de procesos de incapacidad; y ampliar hasta el 30 de junio de 2026 el refuerzo temporal aprobado por el Gobierno en 2024, destinado a agilizar los reconocimientos médicos de los procesos de baja laboral más largos, superiores a un año. El objetivo es reducir el tiempo de espera y el número de expedientes acumulados de incapacidad temporal de más de 18 meses. En Catalunya hay 20.000 ciudadanos en esta situación.
El objetivo es reducir el tiempo de espera y el número de expedientes acumulados de incapacidad temporal de más de 18 meses
Además, se flexibilizará temporalmente el requisito del conocimiento del catalán. Si no se encuentran candidatos con el nivel C1, se permitirá el nombramiento de profesionales con nivel B2 o, si tampoco los hay, con nivel B1. En caso de que no se encuentre ningún profesional con acreditación lingüística, se podrá nombrar con el compromiso de alcanzar progresivamente el nivel C1 en un plazo máximo de tres años, siempre que se disponga de competencias lingüísticas básicas.
El proceso gradual implica que, en el momento de incorporarse, el profesional deberá demostrar al menos un nivel B1 en comprensión oral y escrita. Al cabo de un año deberá acreditar el nivel B1, al cabo de dos años el B2, y al cabo de tres años el C1. El Departamento de Salud comunicará este requisito en el momento del nombramiento, ofreciendo un itinerario personalizado de formación. Este compromiso quedará reflejado en el contrato y, en caso de incumplimiento, el nombramiento será anulado.
Con esta medida, el Departamento de Salud garantizará que los profesionales puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada, sin renunciar a los derechos lingüísticos de los pacientes. La Administración facilitará la formación en catalán y hará un seguimiento semestral del progreso de cada profesional, informando también al Departamento de Política Lingüística. Esta excepción será válida solo para las ofertas laborales que se publiquen durante los dos años posteriores a la aprobación del acuerdo. Actualmente, el ICAM tiene un 30% de plazas de médicos evaluadores vacantes.
El Departamento de Salud garantizará que los profesionales puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada, sin renunciar a los derechos lingüísticos de los pacientes
Por otro lado, el Departamento de Salud impulsará un sistema de productividad singularizado que reconozca las buenas prácticas profesionales por parte del personal médico evaluador e inspector, de acuerdo con sus funciones especializadas. Esta medida, que quiere atraer candidatos, se utiliza en las organizaciones sanitarias de forma habitual.
Finalmente, se valorará la viabilidad jurídica de implantar un proceso de estatutarización para los médicos y médicas evaluadores, así como para los inspectores e inspectoras adscritos al ICAM. Esta medida tiene como objetivo garantizar la captación y retención de profesionales, que permitan una respuesta adecuada a las funciones del ICAM en los plazos establecidos. También se considerará revisar las condiciones del régimen jurídico actual para adecuarlas a las necesidades del sistema.