En el libro autobiográfico Merèixer la victòria (Columna, 2024), David Madí Cendrós explica que el 3 de octubre de 2017 almorzó con el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola Romojaro, y que este le comentó que el banco no se planteaba en ningún caso el cambio de sede social, por más que los presionaran. El directivo añadió que “sabían muy bien lo que pensaban sus clientes y sus trabajadores”. La realidad es que solo un par de días más tarde, el consejo de administración del banco acordó trasladar la sede social a Alicante. Ante esta sorpresa, Guardiola llamó a Madí para asegurarle que en aquel almuerzo del día 3 no le había engañado, sino que todo había dado un giro de ciento ochenta grados en solo cuarenta y ocho horas: en ese breve lapso de tiempo, la fuga de depósitos del Sabadell había sido muy considerable, en lo que —continúa explicando Madí— había sido una pieza más de una operación contra Catalunya diseñada por los poderes del Estado. En esta tesitura, el consejo de administración del Banco Sabadell tuvo que reconsiderar su decisión de no moverse del país y, a regañadientes, se vieron obligados a utilizar las instalaciones de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) como nueva sede social.
En ese breve lapso de tiempo, la fuga de depósitos del Sabadell había sido muy considerable, en lo que había sido una pieza más de una operación contra Catalunya
Esta operación del Estado contra los intereses catalanes podría parecer circunscrita a una crisis puntual, como la del 1 de octubre de 2017, pero la realidad es que este tipo de prácticas son más frecuentes de lo que cabría esperar de un Estado supuestamente democrático. Muchos lectores recordarán el caso de Eurodisney, cuando el Estado maniobró para que la inversión de los estadounidenses se fuera al extranjero, si no podía establecerse en un lugar de la Península que no fuera Catalunya. Pero hay muchos más. Hoy recordaremos el caso del Banc de Catalunya, que quebró en 1931 por una operación del gobierno de la República Española, ese gobierno que hoy aquí se recuerda con cierta simpatía, pero que probablemente era tan catalanófobo como la mayoría de los estamentos de Castilla.
En 1920, una banca local de Reus que había sido fundada tres años antes por Evarist Fàbregas Pàmies y Eduard Recasens Mercadé ("Fàbregas y Mercader, banqueros") dio un salto y pasó a llamarse Banc de Catalunya (en los primeros tiempos con el añadido “sucesores de Fàbregas y Mercader”). De hecho, la sede de la nueva entidad era la misma que la de su predecesora, en la Rambla dels Estudis, 4, en Barcelona. En el accionariado entraron una serie de empresarios de renombre de la época, como Artur Suqué Sucona (iniciador de una importante saga del país, emparentada directamente con los Mateu), Pere Garcias Segú (naviera Fàbregas y Garcias), Joan Lligé Pagès (Vidriera Catalana), Carles Maristany Benito (alto ejecutivo de Caminos de Hierro del Norte de España), Tomàs Mallol Bosch (Astilleros de Tarragona), Manuel Porcar Riudor (empresario del aceite) o Joan Pich i Pon (Cooperativa de Fluido Eléctrico). El nuevo banco nació con varias entidades filiales, como el Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, el Banc Comercial de Tarragona, el Banc de Tortosa y la Caixa de Crèdit i Estalvi del Vendrell. En ese primer ejercicio (en realidad medio ejercicio, porque comenzó a operar a mediados de 1920), los dividendos repartidos alcanzaron las 400.000 pesetas, sobre un capital social de 25 millones.
Los dos principales promotores, Fàbregas y Recasens, eran empresarios de gran peso en su tiempo. Si nos fijamos en Eduard Recasens, vemos que tuvo una carrera destacada, a menudo vinculada a la de su hermano Francesc. Ya antes de la creación formal del Banc de Catalunya, Recasens había estado vinculado como accionista a Sanson (una cementera de Sant Just Desvern), a la Industrial Algodonera (una empresa histórica ubicada en Reus) y a la firma Construcciones y Ferrocarriles. Pero sin duda, las obras de mayor relevancia de los hermanos Recasens llegaron unos años después y estuvieron relacionadas con el petróleo; primero contribuyeron a crear la compañía mixta que gestionaba el petróleo peninsular, la conocidísima Campsa, y posteriormente, como spin-off de Campsa, fundaron Cepsa, con base en Canarias (la razón de ubicar la sociedad en el archipiélago canario radicaba en que este territorio no formaba parte del monopolio de Campsa, que estaba restringido a la Península). Y precisamente el petróleo tendría una relación directa con la quiebra del Banc de Catalunya.
La queja fue ignorada, pero los Recasens ya se habían convertido en el objetivo del ministro. Las consecuencias no tardarían en hacerse visibles
Estamos en 1931, punto de inflexión entre monarquía y república. El primer ministro de Hacienda es Indalecio Prieto, un asturiano criado en Bilbao que sentía una gran aversión hacia los catalanes. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno consistió en que Campsa firmara un contrato de suministro de petróleo con la Unión Soviética, sin que la oferta saliera a concurso público. En ese momento, uno de los consejeros de la petrolera era precisamente Eduard Recasens, que votó en contra de la decisión. Curiosamente, el primer ejecutivo de la principal compañía perjudicada, Cepsa, era su hermano Francesc Recasens, quien presentó una queja al ministro Prieto por haberse saltado el mecanismo legalmente previsto para la compra de crudo. La queja fue ignorada, pero los Recasens ya se habían convertido en el objetivo del ministro. Las consecuencias no tardaron en hacerse visibles.
Se daba la circunstancia de que el Banc de Catalunya, como banco accionista de Campsa, custodiaba en cuentas corrientes una parte de las disponibilidades líquidas de la petrolera, y esta fue precisamente la herramienta que utilizó el ministro Prieto en su cruzada contra los catalanes, los Recasens y los empresarios en general. Tan pronto como pudo, ordenó la retirada de fondos del Banc de Catalunya, una medida de por sí peligrosa para la estabilidad de cualquier entidad financiera, pero en este caso agravado porque lo anunció a los cuatro vientos; es decir, utilizó un medio afín, el diario El Sol de Madrid, para poner en duda la solvencia del banco catalán. Los gestores del Banc de Catalunya intentaron salvar la entidad mediante la venta de algunos activos y la pignoración de otros para obtener liquidez, pero en esta segunda vía se encontraron con la connivencia del Banc de Catalunya con el ministro, que les puso trabas a las pignoraciones. Mientras la entidad se desangraba, Prieto encontró la manera de asestarle el golpe definitivo: ordenó la inspección del banco en busca de irregularidades contables. Esta medida provocó la pérdida total de confianza en el banco y su muerte definitiva.
El Banc de Catalunya había cotizado en marzo de 1931 a 116 enteros (un antiguo método de cotización basado en múltiplos sobre nominal y no en precios en moneda como se utiliza ahora), pero con la llegada de Prieto al ministerio, su valor comenzó a desplomarse hasta tocar fondo en diciembre, con una valoración de solo 6 enteros. En medio de todo esto, el 8 de julio de 1931, el mismo diario El Sol anunciaba la suspensión de pagos del Banc de Catalunya y el comienzo del fin de todo. Un par de días antes, varios consejeros del banco se habían reunido en Madrid con el ministro Prieto y con el presidente del gobierno, Niceto Alcalá Zamora, para intentar llegar a un acuerdo que salvara al banco, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos.
Queda claro que la guerra que tuvo que sufrir el Banco Sabadell en 2017 no es, por tanto, un caso aislado en el marco de las relaciones entre Catalunya y los poderes del Estado.