Después de la segunda parte de la Guía del Madrid mágico con la visita a Repsol, a pesar de que ya llevamos muchas horas por la capital, se nos han pasado las ganas de comer, de forma que optamos para cruzar de nuevo Madrid de sur a norte para presentarnos al llamado Distrito Telefónica, un complejo con una extensión tan faraónica, que supera el Campus Repsol; si aquel presumía de estar sobre una parcela más extensa que el Monasterio del Escorial, este de Telefónica es el triple de grande que el de la petrolera. Para hablar en términos que nos resultan familiares, si a los barceloneses ya nos parece excesivo el edificio Fòrum de Besòs-Mar, en las instalaciones de Telefónica cabrían una quincena por lo menos. Por allí diambulan diariamente 14.000 personas, entre trabajadores y visitantes.
El teléfono, como ingenio revolucionario, llegó muy pronto a Barcelona, sólo medio año después de ser presentado por la empresa Bell, en 1877. La ciudad de Barcelona fue la pionera en la península en disponer de aparatos telefónicos y a hacer pruebas de comunicación. Una vez más, la modernidad entraba por este embudo al sur del Pirineu que es Catalunya. A comienzos del siglo XX, la Compañía Peninsular de Teléfonos, fundada en Barcelona el 1894 por emprendedores catalanes, ya tenía el 50% del mercado de la telefonía, superando a la otra gran compañía estatal, la también catalana Societat General de Telèfons. Desgraciadamente, con la llegada de la dictadura de Primo Rivera y el afán centralizador de los gobernantes españoles -una característica que se mantiene constando a lo largo de los siglos- se creó un monopolio estatal controlado por la Compañía Telefónica Nacional de España, una sociedad de nueva trinca que se fundó con el apoyo y los recursos de la norteamericana ITT.
"El proceso centralizador y monopolizador que ya hemos visto en el caso del petróleo con Repsol, se aplicó también con Telefónica. Del esfuerzo ingente que había realizado la Mancomunidad de Catalunya para hacer llegar las líneas a todos los rincones de país, se benefició el Estado español"
El proceso centralizador y monopolizador que ya hemos visto antes en el caso del petróleo, se aplicó también a la telefonía. Del esfuerzo ingente que había realizado la Mancomunidad de Catalunya para hacer llegar las líneas a todos los rincones de país, se benefició el Estado español, que durante la dictadura expropió toda la red catalana para adjudicarla al monopolio acabado de crear. Esta fue la primera piedra de la compañía conocida hoy en día como Telefónica y que es la segunda empresa española por facturación, después de Repsol. Obviamente, desde entonces la sede no se ha movido de Madrid. El 2018 Telefónica facturó unos 49.000 millones de euros, con un beneficio final de más de 3.300 millones, operando en más de una veintena de países con servicios de telefonía fija, móvil, fibra óptica y televisión por cable, entre otros. Los principales accionistas de compañía son el BBVA (con un 5,25%), CaixaBank (un 5%) y un grupo de fondo de inversión entre los cuales encontramos sospechosos habituales, como son BlackRock, Vanguard o Amundi.
Hasta aquí hemos visto unos pocos ejemplos explicativos de qué son realmente las empresas de Madrid, pero podríamos seguir hasta casi el infinito si tenemos en cuenta las empresas vinculadas al Estado, como Aena, un gestor aeroportuario centralizado, una verdadera anomalía en el mundo occidental, que continuamente drena recursos del Aeropuerto de Prat para alimentar el resto de su red. También podríamos hablar de Renfe y Adif, dos empresas germanas campeonas de la ineficiencia, el mal servicio y la corrupción, y con origen franquista. O de Loterías del Estado, que factura 9.000 millones de euros anuales y tiene 600 trabajadores en los servicios centrales. O de Radio Televisión Española, con 6.500 trabajadores, sólo 1.000 descentralizados. O quizás también de Correos, 2.000 millones de euros de facturación y 56.000 trabajadores, de los cuales unos 10.000 en Madrid. Y no nos podemos olvidar de Iberia, la línea aérea española surgida como monopolio durante la dictadura de Primo de Rivera y que está integrada en el mismo grupo que British Airways, bajo capital de Catar. La gran mayoría de estas empresas ubicadas en Madrid por decisión política no sólo aportan PIB y actividad económica a la capital, sino que además acostumbran a proporcionar ocupación de mucha calidad en cuanto al nivel salarial y la seguridad al puesto de trabajo. Un ejemplo de esto es RTVE, que tiene un gasto salarial que bordea los 400 millones de euros, o sea, unos 60.000 euros por empleado, o Repsol , que en el sector de trabajador de convenio (es decir, el peldaño más bajo), la media salarial se sitúa alrededor de los 45.000 euros. Además, como que la mayoría son empresas públicas o privadas oligopolísticas, el ciclo económico acostumbra a ser más respetuoso con la supervivencia de los puestos de trabajo. En los rankings sí encontramos algunas grandes empresas originarias de Madrid, como ACS (que, a pesar de esto, creció gracias al dinero de la familia balear March), Sacyr y OHL, del sector de la obra pública y por lo tanto con una gran dependencia de las concesiones estatales vía BOE; Mapfre y Mutua Madrileña (aseguradoras) o El Corte Inglés, pero en general son entidades de sectores maduros. Cuando la Comunitat de Madrid ha apostado por las nuevas tecnologías, ha surgido Gowex, pero los resultados no han sido los esperados.
"En Madrid no encontramos casos como los de Grifols, Agrolimen, Danone, Nutrexpa, Damm, Cobega , Celsa, Cirsa, Roca, Puig ni tantas otras marcas de prestigio que empezaron como empresas familiares y que a copia de años y de arriesgar patrimonio, han resultado verdaderos gigantes"
Por el contrario, en Madrid no encontramos casos como los de Grifols, Agrolimen, Danone, Nutrexpa (ahora Idilia y Adam), Damm, Cobega (ahora European Partners), Celsa, Cirsa, Roca, Puig ni tantas otras marcas de prestigio que empezaron como empresas familiares y que a copia de años y de arriesgar patrimonio, han resultado verdaderos gigantes de sus sectores. Aquí convendría añadir también las compañías catalanas con recientes fugas virtuales por razones políticas, como es el caso de Naturgy (antigua Gas Natural) o Planeta.
En consecuencia, el elevado nivel de vida de los madrileños se fundamenta por encima de todo en una combinación de apropiación de negocios ajenos -aprovechando coyunturas políticas singulares- más en la superestructura estatal, que genera una cantidad gigantesca de puestos de trabajo y de actividad económica inducida. Por eso, el próximo día que alguien les diga que la Comunidad de Madrid es la que sale más mal parada del sistema de financiación, les pueden enseñar estos artículos y recordar que allí, en la meseta, se alimentan de nuestro trabajo, de nuestros recursos naturales e, incluso, de nuestro consumo. Y esto sin hablar de la diferencia de inversión estatal entre Madrid y Catalunya, o los muchos agravios que los catalanes sufrimos cada día, como la financiación de las autopistas -unas gratuitas y otras de pago- o el desprecio que demuestran Renfe y Adif por su red de trenes en Catalunya. Cuando se llega a este punto de conocimiento de la realidad, la existencia de catalanes contrarios a la independencia sólo se puede concebir como una anomalía basada en la carencia de información.
Por cierto, no estaba previsto, pero al final sí que hemos acabado hablando del Monasterio del Escorial.