El titular del juzgado social número 27 de Barcelona, Santi Vidal, ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por los riggers porque se pararan las tareas de montaje del Sónar y ha garantizado así la celebración del festival. Los riggers se encuentran en huelga desde el 11 de julio pasado como medida para reclamar ser subrogados por la empresa que resulte adjudicataria de la licitación que ha hecho Fira de Barcelona para el montaje de las ferias de los próximos cuatro años. En la interlocutoria, el juez se remite a un "principio de proporcionalidad" y añade que "ejercer legítimamente el derecho de huelga de unos cuantos, no puede poner nunca en peligro la viabilidad del puesto de trabajo de otros muchos trabajadores, que también merecen la tutela de los tribunales de justicia".
Así mismo, considera que no se justifica parar la actividad de montaje porque produciría "perjuicios irreparables y muy elevados" a otras empresas y trabajadores de sectores como el transporte, la hostelería y la restauración y avala la contratación de otra empresa porque sustituya los trabajadores en huelga. El magistrado también señala que "hay que buscar soluciones legales que permitan celebrar el festival sin atacar el derecho de huelga de los empleados de la adjudicataria inicial" y rechaza entrar en "la cuestión de fondo" al tratarse de una resolución sobre medidas cautelares.
Por otro lado, Vidal expone que la misma defensa de los trabajadores reconoce que la petición para que se incluya en el pliegue de condiciones la subrogación de los riggers por parte de la empresa adjudicataria "excede el marco legal". Así, dice que el derecho a huelga es un derecho fundamental "frente a su empresa, la que le paga el sueldo y establece las condiciones laborales".
Plantearlo como una herramienta de presión exclusiva respecto de terceros, acontece una extralimitación que no merece amparo legal", argumenta, porque además, "hay una carencia de relación laboral directa" entre los huelguistas y Fira de Barcelona. Sobre esta última empresa, recuerda que es una empresa semi pública y tiene que "cumplir imperativamente con unos trámites legales a la hora de convocar y resolver un concurso público de adjudicación de todo contrato de servicios", el qué supone que su margen de maniobra y negociación sea "mucho más limitado".