Los comités de empresa de Renfe y Adif han acordado este lunes convocar siete días de huelga en el servicio ferroviario de todo el Estado para protestar contra las implicaciones del traspaso de Rodalies a Catalunya y la "privatización encubierta" que, a su parecer, se quiere hacer en el transporte de mercancías. Tal como han apuntado CCOO, UGT, la CGT, la Confederación Intersindical-SF y el SCF en un comunicado, las movilizaciones responden a su rechazo ante "el incumplimiento" por parte del ministerio de Transportes de unos acuerdos cerrados con ellos en 2023 para desconvocar otra convocatoria de paros. La huelga anunciada ahora tendrá lugar a las puertas de la Semana Santa, concretamente los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo y 1 y 3 de abril.
Tal como recuerdan los sindicatos, el 23 de noviembre de 2023 desconvocaron la huelga prevista entonces después de alcanzar un acuerdo que garantizaba que Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías, que se preservaría la integridad de las plantillas en las dos empresas públicas y que se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar "soluciones consensuadas" a los retos del sector.
"Los Comités Generales de Empresa consideran que estos compromisos han sido vulnerados después de la última reunión con el Ministerio, celebrada el 17 de febrero, en la que se anunció la exclusión de la línea R1 de la Red de Interés General. Además, se comunicó la creación de una empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif. Las organizaciones sindicales han sido simples receptoras de esta información, sin posibilidad de participación en la toma de decisiones. Estas medidas suponen una ruptura total de los acuerdos previos, dado que las soluciones adoptadas por el Ministerio en coordinación con la Generalitat son diametralmente opuestas a lo que se ha pactado", remarcan.
La "privatización encubierta" de Renfe Mercancías
En lo que respecta a Renfe Mercancías, apuntan que se está aplicando un "proceso de privatización encubierta" mediante la creación de una nueva sociedad controlada por la compañía logística MSC. "Para facilitar esta transición, se permite el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a contrataciones nuevas de carga de trabajo, obstaculizar la tarea de los comerciales en la captación de clientes y bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión", lamentan.
En lo que respecta a los acuerdos con la Generalitat en materia ferroviaria, los sindicatos denuncian que las intenciones de ambas administraciones no suponen una mejora del servicio, sino un "aumento del coste que recaerá sobre los ciudadanos". "Se quiere duplicar el entramado societario con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Esta duplicidad afectará también las economías de escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones", advierten.
De hecho, desde los comités de Renfe y Adif aseguran que la Generalitat ya tiene transferidas las competencias de Rodalies desde 2010, pero hasta ahora "no las ha ejercido plenamente". "El marco actual permite gestionar y mejorar el servicio manteniendo como operadores a Renfe y Adif, un modelo similar al de la sanidad catalana, donde diferentes centros sanitarios sin titularidad de la Generalitat prestan servicio público dentro del SISCAT", argumentan.