Este martes, la pelea de Glovo con la justicia llegará a su punto álgido: el CEO de la compañía, Oscar Pierre, se sentará a declarar como investigado ante un juez. La empresa de delivery que fundó en 2014 está acusada de obligar a sus repartidores (riders) a trabajar como falsos autónomos, una práctica ilegal en el Estado y que siempre ha mantenido a Glovo bajo la sombra de la sospecha. No ha sido hasta este lunes que la firma ha renunciado a su modelo de negocio fundacional y ha anunciado que sus glovers (así denominan a sus repartidores) dejarán de ser autónomos y se incorporarán como trabajadores. Se trata de un golpe de efecto antes de la declaración de Pierre, pero a la vez un movimiento tardío: en este proceso judicial, las multas que afronta Glovo podrían dispararse hasta los 430 millones de euros.
El 25 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo reconoció en una sentencia que existía una relación laboral entre Glovo y sus repartidores, hecho que obligaba a la empresa a contratar a cualquier persona que desarrollara esta tarea. En 2021, la compañía dio un primer paso hacia el nuevo modelo. Contrataron a 2.000 repartidores, una cifra aparentemente muy alta, pero que en realidad solo suponía el 20% del total de riders de los que dispone Glovo.
En 2022, en el Estado entró en vigor la Ley Rider, la cual obligaba a todas las compañías del sector a contratar a sus repartidores y a abandonar el modelo de los autónomos promovido por Glovo. Desde entonces, la firma catalana ha recibido varios requerimientos por parte de los inspectores laborales estatales. Todas estas advertencias instaban a la compañía de delivery a renunciar a su estructura laboral anterior, puesto que suponía infringir la ley. Hasta ayer, Glovo había hecho caso omiso.
2024, mismo escenario: ¿qué ha cambiado?
La Comisión Europea también está investigando un posible pacto de no-agresión entre Glovo y Delivery Hero entre 2018 y 2022 que podría constituir competencia desleal
Esta misma semana, su filial española ha denunciado a Glovo por competencia desleal y le ha reclamado 295 millones de euros por daños y perjuicios. Según informes de Just Eat, la firma de Pierre se habría ahorrado alrededor de unos 645 millones de euros con su modelo de autónomos.
Además de esta reclamación, la Comisión Europea (CE) también investiga las prácticas de la firma catalana y de Delivery Hero -otra gigante del servicio de delivery en Europa- por supuestamente haber compartido información "sensible". De hecho, Bruselas va más allá y sospecha que existía un pacto de no-agresión entre julio de 2018 y julio de 2022 que acordaba "no robarse trabajadores" y repartirse mercados geográficos. Todo ello, a través de una participación minoritaria de Delivery Hero dentro de Glovo antes de la adquisición total de la compañía. En caso de confirmarse la acusación, esta podría constituir un nuevo incumplimiento de las normativas de competencia. De momento, sin embargo, este es un caso paralelo al del modelo laboral de la compañía y que están estudiando los organismos reguladores europeos.
Y ahora, ¿qué?
Hoy, la lucha de Glovo se encuentra en los juzgados estatales a raíz del caso de los autónomos. Esta semana, entidades relevantes como la Confederación General del Trabajo (CGT) se han personado como acusación en este procedimiento penal. En concreto, el sindicato acusa a Glovo de haber desproveído "de las garantías y los derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social", unos hechos que podrían constituir un delito castigado con penas que hasta 6 años de prisión y hasta 12 meses de multa.
A todas estas acusaciones y preguntas se enfrenta Pierre. Se trata de un verdadero punto de inflexión en los 10 años de historia de Glovo, en el que las multas podrían oscilar entre 260 y 430 millones de euros por incumplimiento de la normativa, además de otras reclamaciones que pueda hacer la competencia y de investigaciones paralelas como la que ha abierto Bruselas.
¿Podrá Glovo mantener su volumen de negocio con multas de centenares de millones de euros y contratando a todos los 'riders' que hasta ahora tenía como autónomos?
La pregunta es: ¿puede Glovo soportar todas estas sanciones sin resentirse económicamente? Especialmente, si tenemos en cuenta que, desde esta semana, su modelo laboral cambiará de arriba abajo y se enfrentará a un reto mayúsculo como es mantener el volumen de negocio que hasta ahora ha manejado. Ahora, sin embargo, con una estructura mucho menos rentable, puesto que tiene que hacerse cargo de los contratos de los trabajadores.
La declaración de Pierre este martes supondrá el fin de un camino hacia la normalización de los contratos laborales de los glovers, pero a la vez abrirá una etapa plagada de incertidumbres a Glovo. Un movimiento de jaque que amenaza con la viabilidad de la empresa de delivery más grande de todo el estado español.