Un juez robot que pueda celebrar pequeños juicios a través de Inteligencia Artificial (IA) y ofrezca respuestas "más rápidas, imparciales y fiables". En Estonia ya trabajan en esto y, de hecho, diferentes ministerios han introducido la IA y el aprendizaje automático para racionalizar los servicios a los ciudadanos. De momento, ya son más de una decena los puestos de trabajo en que un algoritmo ha sustituido los funcionarios.
Según el profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, David Martínez, "tener un sistema automatizado para resolver casos poco importantes y, sobre todo, sencillos o con una respuesta jurídica clara puede ayudar a descongestionar los órganos judiciales y ofrecer respuestas más rápidas, imparciales y fiables". De hecho, añade que "el uso de algoritmos siempre comporta mejoras de eficiencia, rapidez, previsibilitat y seguridad", así como que "se eliminan los aspectos subjetivos que pueden afectar la toma de decisiones e introducir distorsiones que en principio no tendrían que influir en estas decisiones".
Según Martínez, "en la medida que un algoritmo no tiene por si mismo ningún elemento de subjetividad, sino que se limita a ejecutar una serie de órdenes, se elimina la posibilidad de interferencia de prejuicios o creencias que puedan alterar la aplicación mecánica de las normas". Ahora bien, la aplicación de esta tecnología también tiene peligros éticos y limitaciones técnicas. "En cuanto a la tecnología, la toma de decisiones judiciales es bastante limitada, por ejemplo, porque no es adecuada en casos que involucran discrepancias relativas a la interpretación de preceptos legales o en discusiones alrededor de cuáles son los hechos probados", detalla el profesor de la UOC.
Este es uno de los retos pendientes más importantes dada la repercusión que puede tener en la vida de las personas. "Es importante tener la posibilidad de examinar y supervisar el código de estos algoritmos, puesto que se corre el riesgo de incorporar, intencionalment o no, sesgos, prejuicios u otros elementos en la misma programación que de alguna manera contaminen la respuesta", advierte Martínez.
Tecnología a los tribunales
Un ejemplo controvertido es el algoritmo COMPAS, que usan, entre otros, los tribunales penales del estado de Wisconsin, en los Estados Unidos, para estimar el grado de peligrosidad y el riesgo de reincidencia del acusado y así calcular la pena que se le tiene que imponer. Ha habido acusaciones, con un cierto grado de credibilidad, que el algoritmo discrimina determinados colectivos, como por ejemplo los afroamericanos, pero no se ha podido demostrar ni desmentir porque el código no es accesible, dado que es propiedad de una empresa privada.
Los 1,3 millones de ciudadanos de Estonia ya utilizan la tarjeta de identidad nacional para servicios en linea como por ejemplo la votación electrónica y la presentación de impuestos digitales. Por lo tanto, la idea de un juez robot tiene muchas posibilidades de funcionar. Esta figura, casi proveniente de la ciencia-ficción, ¿sería importable en España? "Desde el punto de vista técnico, no hay ninguna diferencia que los algoritmos de decisión artificial se apliquen en un estado o en otro; solamente los habría que ajustar a los contenidos del sistema jurídico de cada lugar", señala el profesor de la UOC.
Pero, en todo esto, hay un cambio de mentalidad. ¿La ciudadanía aceptaría ser juzgada por un robot? Martínez soste que "se tiene que tener presente la posible reticencia tanto de los profesionales del derecho como de los ciudadanos a aceptar que un algoritmo tome decisiones con cierta trascendencia". Ahora bien, la eficiencia y la rapidez de esta tecnología podrían ayudar los tribunales. "Teniendo en cuenta la carencia de recursos suficientes y la saturación de los órganos judiciales, se podría aligerar derivando una parte de los casos (los más mecánicos o de trámite) a sistemas de decisión automatizada, cosa que podría tener efectos positivos", concluye el experto.