Pedir una Consejería por la Simplificación Administrativa de entrada puede parecer un brindis al sol o una ocurrencia, pero proponer que el nuevo ejecutivo que surja de las elecciones al Parlamento de de Catalunya el próximo 12 de mayo priorice el hecho de reducir la telaraña normativa que sufrimos, que optimice procesos y simplifique trámites administrativos es dar respuesta a un clamor unitario de autónomos y empresas, pero también de particulares. Desde la patronal Cecot hemos sugerido a los partidos que concurren a las elecciones que esta demanda se materialice mediante una Consejería para la Simplificación Administrativa, y el compromiso parlamentario pertinente, para otorgarle la importancia estratégica que tiene la pérdida de competitividad-país derivada de las ineficiencias, las duplicidades y el tiempo que destinan la ciudadanía y las empresas a gestionar con la administración pública y que, en el caso de nuestro tejido empresarial, menguan su capacidad productiva, sobre todo en el caso de las pequeñas y medias.
Y es que mientras las empresas nos hemos adaptado a velocidad de vértigo a los cambios disruptius del entorno, ni los Gobiernos, ni las administraciones son capaces de ir al ritmo que necesitan las empresas del siglo XXI; se han vuelto garantistes, hiperreguladores y, consecuentemente, lentas. Muy lentas. No tiene ningún tipo de sentido que destinamos más tiempo a agasajar formularios que a producir o prestar servicio. El gasto público tiene un fuerte impacto sobre el PIB, y si la administración no es capaz de gestionar este importante volumen de recursos con eficiencia y productividad, continuará siendo un freno al incremento de la productividad del conjunto de la economía. Sin una gestión eficiente de los recursos, difícilmente se podrán abordar los retos que ya tenemos cómo el envejecimiento sobre la sanidad, las pensiones, la dependencia, el incremento de las desigualdades derivada de la transición digital y procesos migratorios o inversiones medioambientales. Recuerdo que el sector público tiene el nivel de deuda más elevada de la historia, actualmente, y no lo podemos resolver todo a golpe de impuesto.
"No tiene ningún tipo de sentido que destinamos más tiempo a agasajar formularios que a producir o prestar servicio"
Por eso, del documento de propuestas para las elecciones al Parlamento de donde Catalunya establecemos cinco prioridades que tendría que tener en cuenta el ejecutivo que surja de las votaciones para la nueva legislatura, a la simplificación le hemos otorgado prioridad uno porque es un eje estratégico de trabajo patronal con las administraciones por el gran impacto que tiene sobre la actividad empresarial, pero también en el desarrollo del país, tal como demuestran algunos indicadores cómo el European Quality of Government Índice 2021 del Eurostat que demuestra que Catalunya está a la cola de las regiones de España y de Europa en calidad de gobierno. O el Ranking de Competitividad 2023 de la escuela de negocios suiza IMD, según el cual en los últimos cinco años, España ha bajado 11 posiciones, de la 40 a la 51 de un total de 64 economías analizadas, en eficiencia del gobierno. Y un dato más, el Informe del economista del Banco de España, Juan Mora-Sanguinetti, que corrobora que entre el 1979 y el 2021 las administraciones han aprobado 411.804 normas nuevas. La mayoría de estas dentro del ámbito de las CCAA y en especial relacionadas con urbanismo, sostenibilidad y medio ambiente.
De verdad que no hablamos para hablar. Hace más de diez años que trabajamos desde el Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (HICIERA) en este sentido; también hemos colaborado durante una década por el desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial y por la Ley de Simplificación y, ahora, que mediante las movilizaciones del campesinado se ha hecho visible a ojos de todo el mundo, es momento de recoger este clamor unitario y transversal y trabajar de verdad en una reenginyeria de procesos que permita optimizar y racionalizar los procesos administrativos, previa a una necesaria digitalización. Desde la normativa y requisitos municipales, hasta las transposiciones de las normativas europeas.
"El European Quality of Government Índice 2021 demuestra que Catalunya está a la cola de las regiones de España y de Europa en calidad de gobierno"
Si para los próximos cuatro años nos marcáramos unos objetivos colectivos y unos compromisos compartidos para conseguir reducir la carga burocrática y administrativa actual aprovechando, por ejemplo, las nuevas tecnologías y la IA, podríamos beneficiarnos colectivamente.
Además de trabajar por la simplificación y la reforma de la administración pública, hemos propuesto a los partidos cuatro prioridades más que el nuevo Gobierno de la Generalitat tendría que tener en cuenta para mejorar el desarrollo de la actividad de las pymes y estimular la economía catalana como son el establecimiento de estímulos y medidas de mejora de la competitividad fiscal de las empresas; diversificar el modelo económico, potenciando la actividad industrial; medidas de acompañamiento para la transición energética y la sostenibilidad y, finalmente, medidas destinadas al trabajo y el talento de las personas, así como orientar las políticas migratorias a la inclusión y la corresponsabilidad. Todas ellas recogidas y desglosadas en el documento 5 prioridades Cecot para mejorar la competitividad de las pymes y estimular la economía catalana.
Aun así, y previo a las propuestas, desde la junta directiva también hemos solicitado a los partidos políticos catalanes que concurrirán, responsabilidad y compromiso por parte de todos ellos, sea cual sea el resultado decidido por la ciudadanía, para garantizar la estabilidad política y jurídica de Catalunya. Una estabilidad necesaria para preservar y promover la actividad económica del país, mantener la ocupación y generar riqueza que acabe redundando en el bienestar social de la ciudadanía.
Tenemos claro que las soluciones no vendrán nunca de un único actor, por más poder de gestión de competencias que este tenga. A nuestro parecer tienen que ser, y serán, el resultado del diálogo y de los consensos amplios. Hace falta una complicidad transversal entre agentes políticos, sociales y económicos que tenga suficiente fuerza para llevar a cabo los cambios necesarios y romper las inercias que se han demostrado caducas o ineficientes, y esta es la última demanda que hacemos para la próxima legislatura.