El precio mediano del agua en Cataluña se ha disparado un 73% en plena crisis económica, según los últimos datos del INE, mientras que el coste del suministre lo ha hecho un 51,6% entre el 2008 y el 2014. El precio de la factura del agua ha encendido el debate sobre la conveniencia de la remunicipalització de este servicio básico. En Cataluña en los próximos cuatro años se acaban las concesiones de agua en más de una treintena de municipios.
En este contexto, muchos pueblos y ciudades como Barcelona o Terrassa se replantean el modelo de gestión del agua, un sector que a casa nuestra comprende 402 empresas que suman un volumen de negocio total de 10.161 millones de euros y que dan trabajo a 45.465 trabajadores, según datos de Acción del 2015.
Remunicipalització
El contrato por el cual la empresa Mina está gestionando el servicio de agua en Terrassa finalizó el diciembre del 2016. Este hecho despertó a la localidad vallesana el debate sobre si el modelo a seguir es mantener la gestión por parte de una empresa privada o, por el contrario y cómo está surgiendo a otros municipios, la mejor apuesta es municipalitzar el servicio o crear una empresa mixta.
Desde Mina, que tiene la concesión desde el 1941, afirman que el modelo en que se sienten "cómodas" es en el de gestión privada pero proponen ahora la creación de una sociedad mixta. Después de argucias legales con el consistorio, la empresa opta por esta opción intermedia que "evitaría que el Ayuntamiento tuviera que hacer frente a un importante gasto indemnitzatòria", que Mina cifra en 60 millones de euros, y que "garantizaría que no haya impacto negativo en la tarifa del servicio a los ciudadanos y ciudadanas".
En esta opción ninguno, pero, que Mina pierda la concesión, porque se tendría que hacer un concurso de libre concurrencia en que otras empresas podrían arrebatarle el negocio.
La empresa tiene el apoyo en las instituciones económicas y empresariales de la ciudad egarenca que valoran "que tiene todo el sentido contar con la colaboración de Mina como emprendida operadora que, después de 175 años de trayectoria, puede aportar las garantías que requiere el servicio". Mina argumenta que la gestión que ha desarrollado desde 1842 ha sido más que buena y que ahora da trabajo además de 100 personas.
La Mesa del agua, una organización que aglutina varios agentes políticos y sociales de la ciudad, defiende que la municipalització del servicio "es la mejor opción" porque se trata de un servicio básico y un derecho para la ciudadanía y que por eso no se tendría que poder comercializar. Según la entidad, se podrían ahorrar 3,65 millones de euros si la gestión fuera pública.
Los portavoces de la entidad reconocen que "no para ser público el servicio tiene que ser mejor" y afirman que ellos defienden un servicio público "eficiente, transparente y con un consejo de administración donde estén representantes partidos políticos, sindicados, comité de empresa, la empresa pública y los ciudadanos tengan voz".
Paralelamente, grandes ciudades del mundo como Accra, Berlín, Buenos Aires, Budapest, Kuala Lumpur, Paz, Maputo y París vuelven a gestionar de manera pública el agua. Y en casa nuestra pueblos como Collbató, Montornès del Vallès, Foixà, Alfés, Santa Maria de Palautordera, Vilalba Sasserra, La Granada o Figaró-Montmany ya han dado el paso que quiere hacer Terrassa.
Sin apriorismos
Sobre este debate, el ingeniero de Caminos y pionero en la ingeniería ambiental en España, Ramiro Aurín, explica a VÍA Emprendida que él no defiende que un modelo sea mejor que el otro, sino que "el que no defiendo es que haya apriorismos ideológicos, porque esta es una cuestión técnica muy compleja". Así mismo, para Aurín el peso de la experiencia de las empresas –públicas o privadas- de gestión de agua es crucial.
"Pensar que si la gestión del agua no la hacen funcionarios o empleados públicos comporta algún tipo de maldad no me parece bien", afirma; "más que nada porque la supervisión siempre es administrativa" y, actualmente, "no existe un debate técnico de fondo".
Aurín avisa que en Cataluña hay muy poca agua y por eso hacen falta unos recursos técnicos, conocimientos y know-how muy grandes que empresas como Aguas de Busot de Barcelona o de Mataró han podido y han tenido que desarrollar y aplicar en años de historia. Y recalca que es "normal que sea más cara el agua de Cataluña que la de Madrid, porque su calidad es horrorosa y se tiene que tratar mucho".
A pesar de que "no hay ninguna tarifa de aguas de ninguna ciudad española que el precio lo ponga la empresa, las aprueba el pleno municipal siempre", los ayuntamientos, según Aurín, se encuentran sin herramientas para enfrentarse a los planteamientos técnicos y contables de las compañías de aguas. Y este podría ser uno de los motivos de la oleada remunicipalitzadora actual.
Así, a diferencia otros países de nuestro entorno, al Estado español no existe un regulador estatal que apoye a los consistorios en este ámbito. Esta es una de las propuestas del ingeniero para superar el que él considera un "diálogo entre sordos".
Según el experto, los ayuntamientos tienen mucha capacidad de controlar las empresas concesionarias mediante los contratos: especificando ganancias, inversiones, modernización, servicio, etc. "Y si la empresa lo hace mal, se le revoca el contrato, es muy fácil de ejecutar", sentencia. Por eso, además, Aurín apuesta por un modelo de gestión público-privado en que la regulación pública sea interna y se controle externamente mediante auditorías. A falta de un regulador público estatal -al estilo de la CNMV o la CNMC- para sumar la sensibilidad social y la eficiencia técnica del sector privado.
Aurín defiende que la transparencia de la gestión privada es alta a través del registro mercantil, en cambio, en la pública el gestor en muchas ocasiones también es el supervisor "y los errores no salen a la luz tan rápidamente porque tienen consecuencias electorales". Una transparencia que también se produce en el tema de la pobreza hídrica, que las empresas del sector -como Agbar mediante el Fondo de Solidaridad- han hecho "que no exista".
Habitantes cooperativistas
Quizás una tercera vía nos llega desde Olesa de Montserrat. La Comunitat Minera Olesana es una cooperativa de consumidores y usuarios constituida en 1868 que da servicio de agua al pueblo de Olesa de Montserrat. El precio mediano de 1.004 euros por metro cúbico en Olesa contrasta con los 2.053 euros de media del resto de Cataluña. Esto quiere decir que el metro cúbico de agua en Olesa es un 54,7% inferior a la media del precio al resto de Cataluña.
Su presidente, Joan Arévalo, explica a VÍA Emprendida que los orígenes de esta cooperativa formada por los habitantes del pueblo provienen de la necesidad de alcanzar de agua los vecinos en uno una época en que las enfermedades y las plagas asediaban la villa ahora hace casi 150 años.
El año 1993 se constituyó en cooperativa y el 1997 obtuvieron la concesión del servicio por 49 años. Esta cooperativa es la única en el Estado que da servicio a todo un municipio con 11.000 puntos de servicio que alcanzan 23.700 habitantes. La cooperativa invierte más 350.000 euros al año en mejoras en la red -son pioneros en Cataluña a emplear el doble filtraje con carbón activo y arena-, además de destinar fondo a entidades cívicas y culturales del pueblo.
En estos años de historia la Comunitat ha visto como al suyo cercando crecían a grandes empresas que incluso los han querido comprar, pero se han resistido. El presidente de la Comunitat Minera Olesana explica que "por los olesans el agua nunca ha sido una mercancía" y avisa que "aquello que mueve las empresas privadas es el dividendo, en cambio nosotros entendemos que el agua es un servicio" y por lo tanto, "si con el cambio climático crece la carencia de agua, el peor que puede pasar es que su gestión esté en manso de alguien que busca beneficios".
El sector del agua está removido. Otros muchos municipios, en vista del final de las concesiones, se han interesado por este modelo de éxito a medio camino entre la gestión pública y la privada. Pueblos y ciudades como Ripoll, Cardedeu, Santo Hilari, Igualada, Celrà o Terrassa ya se han reunido con la Comunitat.
En este contexto, muchos pueblos y ciudades como Barcelona o Terrassa se replantean el modelo de gestión del agua, un sector que a casa nuestra comprende 402 empresas que suman un volumen de negocio total de 10.161 millones de euros y que dan trabajo a 45.465 trabajadores, según datos de Acción del 2015.
Remunicipalització
El contrato por el cual la empresa Mina está gestionando el servicio de agua en Terrassa finalizó el diciembre del 2016. Este hecho despertó a la localidad vallesana el debate sobre si el modelo a seguir es mantener la gestión por parte de una empresa privada o, por el contrario y cómo está surgiendo a otros municipios, la mejor apuesta es municipalitzar el servicio o crear una empresa mixta.
Desde Mina, que tiene la concesión desde el 1941, afirman que el modelo en que se sienten "cómodas" es en el de gestión privada pero proponen ahora la creación de una sociedad mixta. Después de argucias legales con el consistorio, la empresa opta por esta opción intermedia que "evitaría que el Ayuntamiento tuviera que hacer frente a un importante gasto indemnitzatòria", que Mina cifra en 60 millones de euros, y que "garantizaría que no haya impacto negativo en la tarifa del servicio a los ciudadanos y ciudadanas".
En esta opción ninguno, pero, que Mina pierda la concesión, porque se tendría que hacer un concurso de libre concurrencia en que otras empresas podrían arrebatarle el negocio.
La empresa tiene el apoyo en las instituciones económicas y empresariales de la ciudad egarenca que valoran "que tiene todo el sentido contar con la colaboración de Mina como emprendida operadora que, después de 175 años de trayectoria, puede aportar las garantías que requiere el servicio". Mina argumenta que la gestión que ha desarrollado desde 1842 ha sido más que buena y que ahora da trabajo además de 100 personas.
La Mesa del agua, una organización que aglutina varios agentes políticos y sociales de la ciudad, defiende que la municipalització del servicio "es la mejor opción" porque se trata de un servicio básico y un derecho para la ciudadanía y que por eso no se tendría que poder comercializar. Según la entidad, se podrían ahorrar 3,65 millones de euros si la gestión fuera pública.
Los portavoces de la entidad reconocen que "no para ser público el servicio tiene que ser mejor" y afirman que ellos defienden un servicio público "eficiente, transparente y con un consejo de administración donde estén representantes partidos políticos, sindicados, comité de empresa, la empresa pública y los ciudadanos tengan voz".
Paralelamente, grandes ciudades del mundo como Accra, Berlín, Buenos Aires, Budapest, Kuala Lumpur, Paz, Maputo y París vuelven a gestionar de manera pública el agua. Y en casa nuestra pueblos como Collbató, Montornès del Vallès, Foixà, Alfés, Santa Maria de Palautordera, Vilalba Sasserra, La Granada o Figaró-Montmany ya han dado el paso que quiere hacer Terrassa.
Sin apriorismos
Sobre este debate, el ingeniero de Caminos y pionero en la ingeniería ambiental en España, Ramiro Aurín, explica a VÍA Emprendida que él no defiende que un modelo sea mejor que el otro, sino que "el que no defiendo es que haya apriorismos ideológicos, porque esta es una cuestión técnica muy compleja". Así mismo, para Aurín el peso de la experiencia de las empresas –públicas o privadas- de gestión de agua es crucial.
"Pensar que si la gestión del agua no la hacen funcionarios o empleados públicos comporta algún tipo de maldad no me parece bien", afirma; "más que nada porque la supervisión siempre es administrativa" y, actualmente, "no existe un debate técnico de fondo".
Aurín avisa que en Cataluña hay muy poca agua y por eso hacen falta unos recursos técnicos, conocimientos y know-how muy grandes que empresas como Aguas de Busot de Barcelona o de Mataró han podido y han tenido que desarrollar y aplicar en años de historia. Y recalca que es "normal que sea más cara el agua de Cataluña que la de Madrid, porque su calidad es horrorosa y se tiene que tratar mucho".
A pesar de que "no hay ninguna tarifa de aguas de ninguna ciudad española que el precio lo ponga la empresa, las aprueba el pleno municipal siempre", los ayuntamientos, según Aurín, se encuentran sin herramientas para enfrentarse a los planteamientos técnicos y contables de las compañías de aguas. Y este podría ser uno de los motivos de la oleada remunicipalitzadora actual.
Así, a diferencia otros países de nuestro entorno, al Estado español no existe un regulador estatal que apoye a los consistorios en este ámbito. Esta es una de las propuestas del ingeniero para superar el que él considera un "diálogo entre sordos".
Según el experto, los ayuntamientos tienen mucha capacidad de controlar las empresas concesionarias mediante los contratos: especificando ganancias, inversiones, modernización, servicio, etc. "Y si la empresa lo hace mal, se le revoca el contrato, es muy fácil de ejecutar", sentencia. Por eso, además, Aurín apuesta por un modelo de gestión público-privado en que la regulación pública sea interna y se controle externamente mediante auditorías. A falta de un regulador público estatal -al estilo de la CNMV o la CNMC- para sumar la sensibilidad social y la eficiencia técnica del sector privado.
Aurín defiende que la transparencia de la gestión privada es alta a través del registro mercantil, en cambio, en la pública el gestor en muchas ocasiones también es el supervisor "y los errores no salen a la luz tan rápidamente porque tienen consecuencias electorales". Una transparencia que también se produce en el tema de la pobreza hídrica, que las empresas del sector -como Agbar mediante el Fondo de Solidaridad- han hecho "que no exista".
Habitantes cooperativistas
Quizás una tercera vía nos llega desde Olesa de Montserrat. La Comunitat Minera Olesana es una cooperativa de consumidores y usuarios constituida en 1868 que da servicio de agua al pueblo de Olesa de Montserrat. El precio mediano de 1.004 euros por metro cúbico en Olesa contrasta con los 2.053 euros de media del resto de Cataluña. Esto quiere decir que el metro cúbico de agua en Olesa es un 54,7% inferior a la media del precio al resto de Cataluña.
Su presidente, Joan Arévalo, explica a VÍA Emprendida que los orígenes de esta cooperativa formada por los habitantes del pueblo provienen de la necesidad de alcanzar de agua los vecinos en uno una época en que las enfermedades y las plagas asediaban la villa ahora hace casi 150 años.
El año 1993 se constituyó en cooperativa y el 1997 obtuvieron la concesión del servicio por 49 años. Esta cooperativa es la única en el Estado que da servicio a todo un municipio con 11.000 puntos de servicio que alcanzan 23.700 habitantes. La cooperativa invierte más 350.000 euros al año en mejoras en la red -son pioneros en Cataluña a emplear el doble filtraje con carbón activo y arena-, además de destinar fondo a entidades cívicas y culturales del pueblo.
En estos años de historia la Comunitat ha visto como al suyo cercando crecían a grandes empresas que incluso los han querido comprar, pero se han resistido. El presidente de la Comunitat Minera Olesana explica que "por los olesans el agua nunca ha sido una mercancía" y avisa que "aquello que mueve las empresas privadas es el dividendo, en cambio nosotros entendemos que el agua es un servicio" y por lo tanto, "si con el cambio climático crece la carencia de agua, el peor que puede pasar es que su gestión esté en manso de alguien que busca beneficios".
El sector del agua está removido. Otros muchos municipios, en vista del final de las concesiones, se han interesado por este modelo de éxito a medio camino entre la gestión pública y la privada. Pueblos y ciudades como Ripoll, Cardedeu, Santo Hilari, Igualada, Celrà o Terrassa ya se han reunido con la Comunitat.
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